Andry Hernández Romero, un maquillador gay de 33 años, entre los liberados. Foto cortesía.
En un sorpresivo intercambio de prisioneros, 252 inmigrantes venezolanos fueron liberados de la megacárcel CECOT de El Salvador a cambio de diez ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes en Estados Unidos que estaban bajo custodia del Gobierno venezolano.
El acuerdo entre los tres países se produce más de tres meses después de que el Gobierno de Trump detuviera a los inmigrantes venezolanos y los enviara a El Salvador sin el debido proceso, a pesar de que muchos de ellos tenían en trámite solicitud de asilo pendientes en Estados Unidos.
Entre los inmigrantes venezolanos que fueron liberados en el intercambio se encuentra Andry Hernández Romero, un maquillador gay de 33 años a quien el Gobierno de Trump acusó erróneamente de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua (TdA) debido a los tatuajes que el joven tenía en sus brazos: una corona con la palabra “mamá” y otra con la palabra “papá”.
Otro de los venezolanos liberados que llamó la atención fue uno que salió del autobús que los condujo al aeropuerto salvadoreña y luego abordó la aeronave —sin problemas— con destino a Caracas. Pero al descender la nave en suelo venezolano el joven de camiseta azul tuvo que ser conducido en silla de ruedas.
Un tercero fue el joven de camisa rosada que hizo unas señales con las manos atadas, que solo son usadas por grupos delincuenciales. Aunque el ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, asegura que algunos jóvenes liberados recibieron disparos con perdigones; hechos que van a denunciar antes las cortes penales y foros internacionales, según ese alto funcionario.
Por su parte, entre los estadounidenses liberados se encuentra Lucas Hunter, un hombre de 37 años que había estado detenido en Venezuela desde fines de 2024.
Esto se produce al tiempo que organizaciones activistas de El Salvador continúan exigiendo la liberación de decenas de miles de salvadoreños que permanecen detenidos en el CECOT y en otras prisiones sin acceso al debido proceso, en el marco del denominado “estado de excepción” impuesto por el presidente Nayib Bukele. Muchos de ellos han sido sometidos a actos de tortura mientras estaban bajo custodia policial.
