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En el estado de Nueva Jersey, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) confirmó la muerte de un tercer inmigrante en la ciudad de Newark, un caso que el congresista demócrata Rob Menéndez había dado a conocer la semana pasada.
Según el Departamento de Seguridad Nacional, José Efraín Chajón Raxón, originario de Guatemala, sufrió lo que parecía ser una convulsión y posteriormente murió en el hospital. Chajón Raxón estuvo recluido en el centro de detención para inmigrantes de gestión privada conocido como Delaney Hall tras ser arrestado el 18 de julio. El Servicio de Inmigración afirmó que el inmigrante guatemalteco fue puesto en libertad cuatro días después, pero no proporcionó más detalles.
Las autoridades migratorias de Estados Unidos no habían informado previamente de la muerte de Chajón Raxón debido a una nueva política que ya no obliga a ICE a reportar las muertes que ocurren dentro de los 30 días posteriores a la liberación de un inmigrante.
Esta es la tercera muerte reportada relacionada con Delaney Hall desde diciembre pasado, al tiempo que personas detenidas y activistas han condenado ampliamente la persistente falta de atención médica adecuada dentro de esa cárcel. Más de 50 inmigrantes han muerto bajo custodia del Servicio de Inmigración en todo Estados Unidos desde que Trump asumió su segundo mandato.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, por medio del Consulado General de Guatemala en Nueva York, informó que da seguimiento al caso y realiza gestiones ante las autoridades estadounidenses para obtener información oficial que permita esclarecer lo ocurrido.
Los restos de Chajón Raxón fueron repatriados por sus familiares y el sepelio se realizó el pasado 2 y 3 de agosto, en la Comunidad El Pilar 2, San Juan Sacatepéquez.
Seguridad Nacional de EE.UU. llevó a cabo un amplio programa de vigilancia contra grupos de izquierda en Minesota
El periódico The New York Times informa que el Gobierno de Trump llevó a cabo un amplio programa de vigilancia dirigido contra grupos de izquierda en el estado de Minesota, que incluyó la infiltración en chats grupales, el espionaje de reuniones en bibliotecas e iglesias y la obtención secreta de registros financieros de organizaciones que nunca fueron acusadas de ningún delito.
Los blancos incluyeron activistas ambientales de la organización Sunrise Movement, así como diversos sindicatos, entre ellos la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO), Sindicato de Trabajadores de las Comunicaciones de Estados Unidos (CWA) y el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU).
La operación de espionaje a gran escala se inició a comienzos de este año cuando cientos de miles de residentes de Minesota salieron a las calles para exigir el fin de una violenta campaña de deportaciones masivas emprendida por el Servicio de Inmigración y otras agencias federales.
Documentos gubernamentales revelan que el Departamento de Seguridad Nacional calificó a los manifestantes de “oportunistas y agitadores violentos”, alegando que estaban involucrados en una conspiración generalizada. La operación surgió a partir de una directiva de la Casa Blanca conocida como Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 7, que identifica como potencial terrorista doméstico a quien exprese puntos de vista “anticristianos”, “anticapitalistas” o “antiestadounidenses”.
La organización en defensa de las libertades civiles Defending Rights and Dissent calificó el programa de vigilancia como “un ataque inquietante, invasivo y absolutamente injustificable contra la libertad de expresión y la disidencia política”. Por su parte, el senador demócrata Chris Van Hollen afirmó: “Estas son las acciones de un Estado autoritario”.
