Bolsonaro, un apellido fuera de la fila

La hospitalidad de Miami y las fronteras del privilegio
Memorias del exilio frente a la fabricación de un perseguido

Por Emilio Cafassi (Profesor Titular e Investigador de la Universidad de Buenos Aires). cafassi@uba.ar

Desde cubierta se veían las luces de Miami. La tierra prometida estaba a la vista. Los pasajeros del St. Louis habían zarpado de Hamburgo en mayo de 1939. Casi todos eran judíos. En La Habana descubrieron cuánto valían los permisos de desembarco que habían comprado. Frente a Florida, algunos telegrafiaron a Roosevelt. El presidente no contestó. El Departamento de Estado sí explicó a un pasajero que debía aguardar su turno para obtener la visa. El barco volvió a Europa. De quienes regresaron, 254 fueron asesinados en el Holocausto. Les habían pedido algo que ninguno podía comprar: tiempo.

Flávio Bolsonaro empleó menos de cuarenta y dos horas en alcanzar esas mismas luces desde que anunció en Brasil que entregaría el pasaporte. Caducó la promesa de entregar el documento; conservó plena vigencia su apellido. Cruzó a la Argentina con documentación italiana y el 28 de octubre aterrizó con su familia en Miami. Según el registro divulgado por Folha de S.Paulo, los Estados Unidos autorizaron su permanencia hasta octubre de 2027 bajo la categoría humanitaria DT. A los pasajeros del St. Louis les habían explicado el procedimiento. A Flávio ya le habían resuelto el año. Lo precedían dos viajes de familia.

Me detengo en el adjetivo humanitario. Celebro que unas hijas bajen de un avión junto a sus padres sin pagar el precio del apellido. Quisiera esa vulgar normalidad para tantas otras. La objeción empieza al deducir, de la hospitalidad de Florida, una persecución en Brasil. El permiso acredita la voluntad del gobierno que lo expidió. Acerca del gobierno del que se dice haber huido, guarda escrupuloso silencio. Ninguna ventanilla de inmigración debería funcionar como una lavandería de biografías.

Los nombres que conocía la empresa

Para reconocer una persecución política se puede visitar una fábrica. En la planta de Ford argentina de General Pacheco había un quincho destinado al recreo del personal. Durante la dictadura argentina, trabajadores de esa planta fueron sacados de sus puestos, interrogados y torturados allí. La causa abarcó a veinticuatro, entre ellos delegados gremiales. En 2018 fueron condenados el gerente de Manufactura, el jefe de Seguridad y un militar. Para pasar de la relación salarial al centro de tortura ni siquiera hubo que franquear el portón.

La empresa conocía a los delegados porque debía negociar con ellos. La dictadura prestó sus armas a quienes preferían ahorrarse la negociación. Se castigaba en un cuerpo la facultad que muchos habían ejercido al elegirlo. Y el castigo seguía trabajando después de que se llevaran al delegado. ¿Quién levantaría la mano en la próxima asamblea? La persecución tiene esa pedagogía: hace del ausente una advertencia para quienes todavía están.

En “El exilio es el nuestro”, Carlos Brocato cuestionó la contabilidad moral que asignaba a los de afuera la denuncia y a los de adentro el consentimiento. Invertir los signos permitía condecorar al que se quedó a expensas del que pudo irse. Entre ambos podía mediar un llamado a tiempo o el precio de los pasajes. Aquel plural devuelve a la sociedad una historia que habría sido cómodo despachar al extranjero. El exilio también pertenece al país que vacía las casas.

La primera fuga que conocí de cerca exigió una pastilla de jabón. En 1969, con la policía casi en la puerta, mi hermano Carlos, sindicalista, se desnudó y se enjabonó para pasar por un ventanuco que daba, por el patio, a la casa vecina. Su pareja lo ayudó a pasar. Allí vivía Humberto Correa, médico. Carlos salió por su puerta con túnica y estetoscopio. Años después cayó preso, primero en el Cilindro de Montevideo y luego en el penal de Punta Carretas. Siendo adolescente viajaba cada dos meses con mi madre para verlo. Después venía la requisa. Visitar a mi hermano exigía consentir que los guardias dispusieran también, por un rato, de nuestros cuerpos. La cárcel empezaba antes de la celda.

Mi hermano Federico había logrado salir de Uruguay y refugiarse en la Argentina. El golpe del 24 de marzo de 1976 le dio a la coordinación represiva del Plan Cóndor una ventaja que un exiliado difícilmente habría previsto al cruzar el río: podían alcanzarlo sin que volviera a moverse. En mayo asesinaron en Buenos Aires a Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. A Federico le tocó reconocer sus cadáveres. Después partió a México. La expresión “segundo exilio” deja demasiado prolijo aquel desgarro. Mi hermano había hecho lo que debía ponerlo a salvo. Lo que cambió de sitio después fue la persecución.

A mí, precisamente por el golpe de Estado, me habían expulsado del colegio secundario. Luego de gestionar el mismo pasaporte que Bolsonaro, busqué refugio primero en Estados Unidos y luego en Europa, donde había países políticamente más seguros. No hacía falta esperar a que una fuerza de tareas me acorralara, amenazara o secuestrara. Tras seis años de cárcel, ACNUR consiguió que Carlos pudiera salir hacia Países Bajos. Cuando decidió mudarse a México, viví un tiempo en el departamento que dejó en Capelle aan den IJssel, al este de Róterdam. Para mí, esas cinco letras de las Naciones Unidas tienen también una dirección. Allí había vuelto a vivir mi hermano después de Punta Carretas. Eso entendemos algunos de mi familia por exilio: una salida cuando la alternativa probabilísima es la cárcel, la tortura, la desaparición o la muerte. Sé, por Carlos, que hay fugas a las que un perseguido debe la vida.

Años después, ya de vuelta bajo la presidencia de Alfonsín, dos hombres de civil mostraron credenciales de la Policía Federal al portero de mi edificio. Preguntaron qué hacía yo, a qué horas y quién venían a verme. Podrían haber llamado a mi puerta. Yo también tenía preguntas. Durante casi seis meses advertí la presencia de los servicios cerca de la facultad donde dictaba clases y de las casas que visitaba. Betina Stein, abogada de derechos humanos, entendió que esperar a que me llevaran era concederles la facultad de elegir el día en que yo podría acudir a un juez. Con su patrocinio presentamos un hábeas corpus preventivo. El juez presumió legítima una investigación cuya existencia ni siquiera había verificado. La Cámara lo confirmó. Estaba perdido y un nuevo exilio asomaba en el horizonte. Sin embargo, el 22 de marzo de 1988 la Corte Suprema revocó esos rechazos y ordenó un nuevo pronunciamiento. Antes de clausurar el expediente había que averiguar quién preguntaba por mí y con qué autoridad. Ese mismo día dejé de ver a esos verdugos. Los manuales de derechos humanos citan el caso: enseña a reconocer la amenaza contra alguien que todavía puede ir caminando al juzgado. La libertad no necesita esperar a tener barrotes para reclamar defensa. Por eso me resisto a que una fuga baste para hacer de cualquiera un perseguido. A quien invoca esa palabra para eludir preguntas sobre enriquecimiento, negociados o influencias le queda por responder la primera: ¿qué le habría ocurrido, y por qué, si se quedaba a dar explicaciones?

La ventanilla del perseguidor

La Convención de 1951 describe con sobriedad aquella intemperie. Se refiere a quien, fuera de su país y con fundado temor de persecución por su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, no puede acogerse a la protección de ese país o, por ese temor, no quiere hacerlo. Conviene detenerse en querer. El Estado puede empuñar el arma, prestarla o consentir que otro la use. ¿A quién recurrir cuando la mano que recibe las denuncias pertenece al cuerpo que amenaza?

ACNUR extrae una consecuencia que incomoda a los devotos del sello: el reconocimiento es declarativo. Se reúnen las condiciones de refugiado antes de que una autoridad lo certifique. La demora puede decidir si se vivirá para enterarse. La Declaración Universal de 1948 reconoció el derecho a buscar asilo y disfrutar de él, con una reserva para acciones judiciales “realmente originadas por delitos comunes”. En ese realmente cabe buena parte de nuestros terrorismos de Estado. Bastaba llamar subversiva a una huelga para que la persecución llevara firma de juez. Por eso hay que examinar la conducta castigada, la pena y las garantías. Hasta quien cometió un delito puede sufrir persecución. Incluso cuando un grave delito común anterior al ingreso lo excluya del estatuto, subsiste la prohibición de entregarlo a un Estado donde haya razones fundadas para creer que será torturado.

En Gaza, esa discusión ocurre detrás de una frontera a la que muchos ni siquiera llegan. A comienzos de octubre, la OMS describía el movimiento limitado que permitía Rafah, incluidos enfermos necesitados de tratamiento en el extranjero. Al cuerpo se le exige enfermar de algo que ya no pueda tratarse allí y conservar, a la vez, fuerzas para viajar. Entre ambos requisitos corre un plazo que fija la enfermedad y administra una autoridad ajena. La evacuación consigue un hospital. ¿Quién garantiza el regreso a casa? Hay una obscenidad particular en ofrecer el exilio como solución a un pueblo que también pelea por el derecho a quedarse.

En Siria, expertos de la ONU reclamaron explicaciones por desapariciones de mujeres y niñas alauitas. Algunas denuncias tenían número de expediente en el Ministerio del Interior: la familia podía saber bajo qué número figuraba su hija e ignorar dónde estaba. Al evaluar el asilo de otra mujer de esa comunidad importa la caída de Bashar al Assad; también aquel expediente. El cambio de gobierno se ve en la bandera de la capital. Para saber si ella puede volver hay que averiguar quién manda en su calle. Su viaje debe llegar hasta la puerta de casa.

Al escribir sobre la fosa común del Mediterráneo conté un incidente en el aeropuerto de Málaga. Mi valija había ido a la cinta de otro vuelo. Para recuperarla atravesé un recinto con doble puerta, guardias y perros, donde pasajeros que supuse magrebíes eran olfateados e interrogados. Fui y volví sin mostrar un papel. Me incomoda recordar la naturalidad con que seguí las indicaciones del guardia. Hasta pude preocuparme por el equipaje. Los otros también debían de tener valijas. La frontera disponía de agentes y escáneres; pero para dejarme pasar le bastaron mi cara y mi acento. Yo llevaba un salvoconducto que no había necesitado sacar del bolsillo.

III. El país que anota las llegadas

En San Francisco, un solicitante de asilo acudió a una audiencia de inmigración y fue detenido al salir. En junio obtuvo una sentencia contra las directivas que ampliaron los arrestos en esas sedes. Si se hubiera ocultado, habrían tenido que buscarlo. Bastó consultar la hora a la que el Estado lo había citado. Al siguiente, su abogado le explicará por qué debe presentarse; el pasillo ya le enseñó cuánto puede costarle obedecer.

Bajo el hoy alicaído Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, “ICE”, amplió las detenciones mediante cooperación policial y cruces de datos. Reuters informó, con cifras oficiales preliminares, de unos 51.000 arrestos en agosto de 2026. En octubre, según dos fuentes de CNN, la dirección reiteró verbalmente una meta de tres mil detenciones diarias. Un agente podría examinar las situaciones y contar al final de la jornada. Su superior ya hizo la cuenta antes de que empiece. Sólo le faltan los nombres. Ese octubre, en Miami, un nombre obtuvo una diligente excepción humanitaria de un año.

El permiso de Flávio corresponde a la autoridad fronteriza, CBP, y tampoco equivale a una concesión de asilo. El parole autoriza una permanencia temporal por razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo; no resuelve la condición de refugiado. Una eventual extradición exigiría otro procedimiento. Tan cándido sería confundir las oficinas como suponer que pertenecen a gobiernos distintos. El Ejecutivo que detiene al extranjero que comparece ante un juez hizo habitable Miami para otro que eludió una orden judicial. La obediencia judicial cotiza de manera muy desigual en esa aduana.

Qué tendría que probar Bolsonaro

¿Y si Flávio tuviera razón? Defender el asilo obliga a preguntarlo aunque disguste el solicitante. Un régimen capitalista puede organizar elecciones y perseguir adversarios. Lula tiene experiencia al respecto. Una dictadura puede perseguir a un banquero tanto como a un obrero. No le pediría a Flávio que viajara en balsa para creerle. Le preguntaría qué opinión se le impidió expresar, qué actividad lícita se criminalizó, qué prueba se fabricó o qué amenaza anulaba su protección. Son cuestiones que deben investigarse, también de oficio: sería grotesco exigir al perseguido un recibo firmado por su perseguidor. Aquí, sin embargo, hay más piezas que la declaración del interesado.

Para filmar Dark Horse, la epopeya de su padre, Flávio gestionó ante Daniel Vorcaro, entonces banquero del Banco Master, unos 134 millones de reales. La investigación del Supremo, a cargo de André Mendonça, estaba abierta en julio. Flávio dice que buscaba recursos privados y niega haber ofrecido ventajas indebidas. Un hijo puede creer que su padre merece una película y un banquero compartir tan onerosa opinión estética. El juez debe averiguar si se compraba algo que sólo podía vender un senador. El dinero solicitado no equivale al recibido. Probar el delito exige el trabajo que la huida dificulta.

La investigación que motivó la prohibición de salir, dictada por Alexandre de Moraes, sigue el dinero de las apuestas en línea y sus posibles nexos con una estructura de lavado atribuida al abogado Willer Tomaz. La Policía Federal halló un correo que, a su juicio, indicaría que Flávio accedía a una cuenta de la empresa de Tomaz. Pero la respuesta del Santander al Supremo, reseñada por CNN Brasil y recogida por Marcelo Aith, dice que Tomaz era el único usuario principal y que Flávio ni siquiera figuraba entre los secundarios. Esa contradicción merece tanta publicidad como la sospecha. Los bienes cuyo bloqueo se ordenó por hasta seis mil millones de reales eran de Tomaz. A Flávio se le exigieron los pasaportes y se le prohibió salir; al partir no tenía orden de captura, según la propia policía. En la causa de las “rachadinhas”, su defensa había logrado anular informes financieros obtenidos irregularmente y la acusación fue rechazada. Nada de esto santifica a los tribunales. Permite distinguir a quien consiguió invalidar pruebas de aquellos para quienes la primera gestión judicial consistía en averiguar si el Estado admitía tenerlos vivos.

Yanis Varoufakis, que celebró el triunfo de Lula, formuló la mejor objeción: ¿le habrían pedido los pasaportes si hubiera ganado? Sospecho que a más de un juez le habría temblado el pulso. Pero si los poderosos eluden investigaciones cuando ganan, garantizarles que también podrán hacerlo cuando pierdan sería una doctrina de admirable hospitalidad para el privilegio. La oportunidad y proporcionalidad de la cautelar deben examinarse. Brasil también conoce el hábeas corpus preventivo. Yo necesitaba averiguar de dónde venía la amenaza; Flávio tenía una orden firmada por un juez del Supremo y recursos para impugnarla. Sus abogados pidieron que Moraes la reconsiderara o la sometiera a la Primera Sala. Pero su cliente ya estaba en Miami. El viaje nada prueba sobre el origen del dinero. Sobre el riesgo de que saliera del país, ofrece una respuesta difícil de mejorar.

Los votantes de Flávio son ciudadanos, aunque el clan parezca contarlos entre sus bienes gananciales. En el debate, quiso burlarse del dedo que le falta a Lula permitiéndole contar qué había hecho una máquina con la mano que pedía el voto. Estudiantes de Niterói salieron por iniciativa propia; otros recuperaron la camiseta amarilla que la derecha creía escriturada. El país se disputó voto a voto. A Flávio se le contaron todos. Sus electores tienen tanto derecho como sus adversarios a preguntarle de dónde salía el dinero. Esa pregunta no constituye un delito de opinión.

Una dirección de familia

El padre inauguró la ruta el 30 de diciembre de 2022. Le quedaban dos días de presidencia: suficientes para disponer de un avión oficial a Orlando y demasiados para entregar la banda a Lula. Volvió tres meses después. Para ahorrarse el movimiento del brazo, había contado con la Fuerza Aérea de la república que eligió a su sucesor.

Eduardo le encontró mayor utilidad a la distancia. En marzo de 2025, todavía diputado y sin orden de detención, se instaló en Estados Unidos. Desde allí promovió aranceles contra las exportaciones brasileñas para torcer el juicio por la trama golpista de su padre, según tuvo por probado el Supremo. Para aliviar a un brasileño ante un tribunal, estaba dispuesto a encarecer en la aduana norteamericana el trabajo de sus compatriotas. El 8 de octubre de 2026 se ordenó ejecutar su condena firme de cuatro años y dos meses por coacción en el curso del proceso. Cuando llegó Flávio, Eduardo llevaba veinte días con orden de captura. Uno tenía una pena pendiente; el otro había quebrantado la prohibición de salir, sin orden de prisión y aún con fueros parlamentarios.

Flávio agregó una escala argentina. Según declaró a Folha el empresario del jet, un intermediario pagó desde una cuenta estadounidense. Hasta ahí llega el rastro. En Puerto Iguazú, las cámaras registraron una camioneta blanca acercándose al avión antes del despegue. Parecía llevar a los Bolsonaro. Según la reconstrucción de Nicolás Wiñazki en Clarín, basada en testimonios reservados, la familia llevaba más de cuarenta minutos en sus butacas. La Argentina alegó un pasaporte italiano en regla. Carlos Pagni recoge en La Nación esa respuesta y el diálogo de Damián Nabot con Santiago Caputo. El asesor de Milei negó haber estado en Misiones; ante la documentación de su presencia, respondió “misterio”. El pasaporte explica qué documento exhibió el viajero. Pedirle que explique también el viaje del asesor sería exigirle demasiado. Esta internacional de las derechas dispone de una peculiar franquicia: a un sirio se le exige que su biografía resista el examen de una oficina; a un Bolsonaro le basta que una oficina amiga abra la puerta para invitarnos a reescribir su biografía.

Si Brasil llegara a perseguirlo por sus ideas, reclamaría para Flávio Bolsonaro el amparo negado a tantos de los nuestros. Hoy conocemos una investigación por conductas determinadas, una orden de permanecer a derecho, un pasaporte italiano y una hospitalidad extraordinariamente dispuesta. Ninguna pieza acredita una persecución. Me queda la respuesta al pasajero del St. Louis: debía esperar su turno. Quisiera saber qué turno le tocó a Flávio, cuándo se puso en la fila y quiénes estaban delante. Quizás haya que preguntar en Rafah. Allí todavía hay gente esperando.