Ahora es cuando

Por Teresa Gurza

Acabo de leer en nota de J. Jesús Esquivel, corresponsal en Washington de la revista Proceso, que el congreso gringo está tan enojado con el gobierno de Peña Nieto, por la tortura policíaca contra miles de mexicanos, la crisis de derechos humanos y el no resultado de la investigación sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, que amenaza con retenerle los fondos que da para la lucha contra el narcotráfico.

Si eso ocurre, me dará inmenso gusto; porque así podremos salirnos de esa estúpida guerra y legalizar las drogas para que en lugar de problemas, nos den divisas.

Es urgente que de una vez por todas, dejemos la lucha contra el narco en manos de Estados Unidos, patria de los que más las consumen.

Está ya probado y lo reconoció el presidente Peña Nieto en la ONU, que “la guerra contra las drogas no ha logrado inhibir su producción, tráfico o consumo…”

Ni lo logrará, porque esta guerra ideada por el presidente Calderón en uno de sus momentos de locura narcisista, estuvo desde siempre  perdida; y nos ha llevado a vivir en medio de balaceras, que cobran decenas de miles de vidas irrecuperables, tristeza familiar y muchísimos millones de pesos.

Y por cierto, cada día conocemos más horrores, irregularidades y abusos, habidos en el sexenio calderonista; y que han quedado impunes por el pacto que hicieron Peña y Calderón, poco antes de la toma de posesión del primero.

Esta semana por ejemplo, el diario Reforma informó que cuando los panistas Cecilia Romero y Salvador Beltrán del Río encabezaban el Instituto Nacional de Migración (INM) agentes bajo sus órdenes tenían nexos con grupos criminales; a los que incluso, entregaron a centroamericanos que estaban bajo su custodia.

Un documento que dice tener Reforma precisa, que el 4 de abril de 2011 agentes migratorios interceptaron en Altamira, Tamaulipas un autobús con migrantes; del que bajaron a tres salvadoreños, para pasarlos a narcotraficantes que los llevaron a Tampico y los mantuvieron secuestrados mientras negociaban el rescate.

Tres días más tarde, el hondureño José Israel Barahona vivió la misma historia: fue retenido por agentes migratorios y confinado por los criminales, hasta ser rescatados el 11 de abril de ese mismo año, 2011 por la Secretaría de la Defensa Nacional; que detuvo en flagrancia a los plagiarios Juan Carlos Segura Rivera y Marcos Alvarado Domínguez, quienes declararon pertenecer al Cártel del Golfo y dedicarse al secuestro de indocumentados.

Y pese a que los agentes de migración, José Luis Jiménez Avendaño, Ramón Iván Gloria, Roberto Hernández González, José Manuel Sánchez, Moisés Pérez y Vicente Alberto Rosas, actuaron como criminales y fueron reconocidos tanto por las víctimas sobrevivientes como por los detenidos y arrestados, el gobierno ocultó el asunto; lo que convierte a Calderón y a la hoy senadora Romero, que sigue hablando del bien común como si nada, en cómplices de los narcos.

Triste que a diario se descubran nuevas complicidades que explican la razón para que con fosas en prácticamente toda la República, miles de desaparecidos y cientos de torturados para lograr confesiones, queden impunes tantos crímenes.

Y todavía Peña Nieto se pregunta la razón para el mal humor… el pobre no se ha dado cuenta de que hay enojo por la corrupción de los políticos, el gasto sin sentido, y la indiferencia frente a las desapariciones; y que es la falta de apoyo oficial lo que conduce a los familiares a buscar ellos mismos a su gente.

«Sin tecnología, sin capacitaciones, sin estudios, sin dinero; sin nada, estamos encontrando a nuestros hijos. Le hemos demostrado al gobierno que lo que le hace falta, es voluntad», dijo Mario Vergara, del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala.

Y tiene razón porque todos sabemos y más que nadie los padres de las víctimas, que esta guerra solo ha beneficiado a los narco-políticos; mientras la mayoría de la población cada día tiene menos y sufre más; como la mitad de los mexicanos que viven en la pobreza, mientras Peña Nieto desperdicia tiempo y recursos en una lucha sin fin.

Tenemos que unirnos para exigirle que deje esa guerra sin destino y pase a combatir lo que realmente importa: pobreza y desigualdad, que afligen principalmente a los niños en los que México gasta la mitad de lo que invierten Honduras y Guatemala; y a los indígenas, a los que en el último recorte les quitaron cinco mil millones de pesos destinados a infraestructura y desarrollo agrario.

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