Periodista Aldair Mejía, fue herido en Juliaca. Foto: Luis Javier Maguiña.
Alarmante situación de impunidad en un año de gestión de Dina Boluarte.
Por Roberto J.Bustamante (*)
Nueva York.- La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) hizo una enérgica denuncia y un llamamiento a permanecer en alerta, al denunciar 230 ataques a los periodistas que cubren sus labores en la cobertura de los protestas sociales en este país sudamericano durante el primer año de gestión de la presidenta Dina Boluarte.
“Exigimos respeto a la libertad de prensa y justicia para los afectados. El periodismo no debe ser silenciado”, demandó la ANP dirigiéndose a la opinión pública internacional, a través de su presidenta Zuliana Lainez Otero,quien a su vez ejerce la vicepresidencia de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC).
“Tras las movilizaciones iniciadas el 7 de diciembre del 2022 la ANP ha denunciado ataques a periodistas por parte de las fuerzas del orden (son múltiples los casos de reporteros y fotoperiodistas impactados por perdigones), detenciones arbitrarias, estigmatización, trabas de acceso a información referida a las movilizaciones e iniciativas de orden legal orientadas a parametrar las coberturas”, según el comunicado de la ANP enviada a nuestra redacción.
Lima, la capital peruana, encabeza las agresiones verbales, físicas y robos de equipos en agravio de cientos de periodistas, sin ninguna investigación ni castigo para los responsables.
“A la fecha, las agresiones registradas en contra de los periodistas se mantienen en absoluta impunidad. No hay resultado de ninguna investigación», aseguró la ANP.
Sin condena a los asesinos de un periodista.
Hace unos días, la ANP calificó de “infame” la sentencia absolutoria del Poder Judicial emitida el 30 de noviembre de 2023, a favor de los supuestos autores del asesinato del periodista peruano Pedro Flores Silva, registrado en la ciudad de Casma al sur de Perú en 2011. “Este es uno de los más de 60 crímenes contra periodistas en el país que permanecen en impunidad”, cuestionó.
“Tenemos en la Asociación de Periodistas un registro que va desde 1980 al 2000 que habla de 63 periodistas asesinados en ese periodo y en ningún caso el Estado ha garantizado acceso a la justicia”, declaró la presidenta Lainez al ser entrevistada por Infobae.
“Por el asesinato de Melissa Alfaro, hasta hoy, no se ha iniciado juicio oral, tampoco por la desaparición de Jaime Ayala, que era corresponsal del diario La República en Huanta y que sigue desaparecido. Con Pedro Yauri, lo mismo. Ni siquiera se pueden ubicar los restos del colega”, añadió Lainez al mismo medio.
Del mismo modo, la ANP demandó sanciones contra los que resulten responsables de cometer abusos contra el fotoperiodista Juan Zapata de @WaykaPeru, quien fue agredido por un suboficial de tercera mientras cubría un plantón frente al Palacio de Justicia contra la liberación del expresidente Alberto Fujimori. “La policía golpeó el rostro del periodista con vara y amenazó con quitarle la cámara. El mismo agente también golpeó en el abdomen a Juan Mandamiento, fotoperiodista independiente y amenazó con quitarle la cámara”, hizo de conocimiento esta asociación nacional.
Periodistas extranjeros agredidos.
“Los datos recogidos por la Oficina de Derechos Humanos del Periodista (OFIP) de la ANP evidencian que enero (2023) fue el mes con la cifra más alta de ataques, 100 agresiones. En Juliaca, el 7 de enero, el fotoperiodista de la agencia de noticias EFE (España) sufrió el impacto de perdigón en la pierna derecha, precedido de amenazas de muerte, lo que lo mantuvo sin poder retomar su actividad por dos meses. Ese mismo mes de enero, en Lima, el 21 de enero, detuvieron arbitrariamente a cuatro periodistas de la región Puno, en circunstancias en las que hacían cobertura informativa a la irrupción policial a la Universidad Mayor de San Marcos”.
La ANP, señala el comunicado, ha registrado casos frecuentes de ataques a sedes de medios de comunicación tanto en Lima como en las regiones y ataques verbales y físicos recurrentes a trabajadores de medios de alcance nacional y sus corresponsales en regiones. Se han producido robos de instrumentos de trabajo, micrófonos, drones, entre otros, además de ataques con palos, piedras y botellas.
“propuestas legales en parametrar coberturas”.
El gremio nacional alzó su voz de protesta frente a las propuestas gubernamentales en contra de la libertad de prensa. “Desde lo normativo, el primero de marzo, revelamos con preocupación el intento de imponer un “protocolo de actuación interinstitucional para la coordinación y atención a periodistas y comunicadores sociales en el contexto de alteración al orden público”, que no era otra cosa que una propuesta “exprés” para parametrar las coberturas y contravenía las libertades informativas. En ese mismo sentido, en su mensaje de 28 de julio la presidenta de la República anunció un pedido de facultades legislativas al Congreso de la República que contemplaba la criminalización del periodismo tipificando un nuevo tipo penal de instigación a la alteración del orden público. Dicho propósito pudo frenar dada la reacción inmediata de las instituciones de prensa en el país”.
“Un patrón que detectamos, en este año de movilizaciones, son las reiteradas negativas de la Policía Nacional del Perú, Ministerio de Defensa y Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a brindar información sobre sus intervenciones solicitadas vía pedidos de acceso a la información pública. Las instituciones se han negado a cumplir con las sentencias del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y han acudido a la vía judicial para eludir los fallos”, precisó esta asociación nacional.
Disposiciones que criminalizan el derecho a la protesta
Las movilizaciones sociales en suelo peruano se intensificaron en las últimas semanas en Lima y el interior del país, mientras las recientes disposiciones de la presidenta Boluarte criminalizan el derecho a la protesta, que ha sido rechazada por amplios sectores populares del país. Estas disposiciones comprenden, por ejemplo, el decreto legislativo N°1589, el cual dispone una pena de hasta 15 años de cárcel efectiva para todos aquellos ciudadanos que incurran en el delito de bloqueo de carreteras. Como se sabe, esta ha sido una práctica constante de la población a lo largo y ancho del país durante las protestas contra Boluarte. En ese mismo decreto se dispone también incrementar las penas por disturbios hasta los 10 años de cárcel, según informó Infobae.
“Corresponde seguir con cercanía los próximos pasos del Estado peruano al amparo de esta arma blanca legislativa, albergando la esperanza de que un criterio de dignidad y justicia sea el que oriente sus acciones en esta materia”, afirmó Valeria Reyes, de Agenda Estado de Derecho.
Con más de 12 mil afiliados y 115 filiales distribuidas en todas las provincias del Perú, la ANP ha demostrado un sólido compromiso con la Libertad de Prensa desde su fundación en 1928.
(*) Roberto J. Bustamante Flores, periodista y científico social
