Una de las 80 estatuas del libertador Simon Bolívar. Foto cortesía
Por Roberto J. Bustamante
En las escuelas del Perú se sigue enseñando la historia de la batalla de Ayacucho, librada el 9 de diciembre de 1824 en los andes peruanos, episodio que puso fin a casi tres siglos de dominio español en Sudamérica.
Sin embargo, este célebre acontecimiento, tal como lo relata la historia oficial, está rodeado de omisiones, tergiversaciones y hechos ocultos que distorsionan la realidad. Así lo demuestra el libro VERDADES OCULTAS. Mitos y hechos tergiversados durante el proceso de la independencia del Perú (Qellga Editores. Lima, 2024), obra del periodista e investigador peruano José Luis Vargas Sifuentes.

En esta nota citaremos algunos pasajes de este importante trabajo de investigación, que habrá de sorprender a quienes no han revisado la historia, pese a que todo está escrito y ampliamente documentado, pero se lo oculta bajo la alfombra, quizás para preservar una imagen casi divina del Libertador Simón Bolívar.
Se afirma, por ejemplo que Simón Bolívar fue quien derrotó a las tropas del virrey José de La Serna. Lo cierto es que él había sido destituido del mando del Ejército Unido Libertador (EUL) por decisión del Congreso de la Gran Colombia el 28 de julio por haber aceptado convertirse en dictador de “un país extranjero” sin su autorización. La decisión congresal habría sido influenciada por Francisco de Paula Santander, su rival político y encargado de la presidencia grancolombiana.
Tras recibir la notificación, Bolívar tuvo que entregar el mando del EUL a su amigo el general Antonio José de Sucre, el 24 de octubre, pero no retornó a Bogotá como también se le ordenó, y se dirigió Lima. La historia oficial suele justificar ese desacato argumentando su mal estado de salud o para recibir una división de refuerzo de 4,000 hombres (que en realidad llegó después de la batalla).
Pese a esta realidad, y sin considerar la crítica situación económica del país, se hizo pagar un millón de pesos para él, otro para Sucre y otro millón para la tropa, comportándose como un verdadero ‘mercenario’ en el sentido estricto del término que recoge el Diccionario de la Real Academia Española: “militar que por estipendio sirve en la guerra a un poder extranjero”. (Nota: un peso equivalía a un dólar estadounidense de la época). A todo ello se sumaron haciendas, propiedades de campesinos peruanos, joyas eclesiásticas, recaudaciones tributarias, medallas de oro y otras recompensas.
El libro de Vargas Sifuentes que comentamos cuestiona sin medias tintas la figura endiosada del llamado Libertador y oculta la larga lista de obsequios y enriquecimientos personales recibidos después de Ayacucho: medallas de oro y plata, joyas, coronas cívicas, caballos finos, títulos y condecoraciones, y la entrega en 1825 de la célebre y lujosísima ‘Espada del Perú’, pieza única de oro de 18 quilates con 1,367 brillantes, rubíes, esmeraldas y una hoja de acero damasquinado, considerada una de las joyas más valiosas jamás ofrecidas a un personaje militar en América Latina.
“No se trata de derribar héroes, sino de entender por qué, en la historia peruana, ciertos silencios han sido más elocuentes que las palabras oficiales”, afirma el autor. En su libro‘VERDADES OCULTAS’ propone una revisión crítica del proceso emancipador, invitando al lector a repensar la independencia no solo como un acto militar, sino como un fenómeno social complejo donde intervinieron intereses, poderes y contradicciones que aún marcan la identidad peruana.
Una independencia negociada
En su libro, Vargas Sifuentes desentraña un episodio silenciado y publica por primera vez el texto íntegro de la llamada Capitulación de Ayacucho, un documento que más parece un “tratado entre iguales” que la rendición de un ejército derrotado, resultando una independencia negociada, no conquistada; una transición que mantuvo intactas las estructuras de poder colonial.
El acuerdo, redactado por el general realista José Canterac, consta de 18 artículos. Sucre aceptó 17 de ellos sin mayor resistencia, y uno lo aprobó luego el Congreso.
La bondad de algunos historiadores llama a ese documento ‘capitulación’, que significa ‘rendición’, pero en él se establece textualmente que es un ‘tratado’ y se habla de ‘los contratantes’ y de ‘convenios’. Las concesiones son tan amplias que invierten el sentido mismo de la victoria. Entre las cláusulas más cuestionables destacan:
“La deuda contraída hasta hoy por la hacienda del gobierno español en el territorio peruano” sería asumida por el Perú (art. 8); los soldados realistas podían regresar a España con pasajes pagados por Perú, o integrarse directamente al ejército republicano (art. 3); los empleados del virreinato conservarían sus cargos (art. 9), garantizando que la burocracia colonial continuara administrando la naciente república.

Además, quienes decidieran quedarse tendrían sus derechos “sagradamente respetados” (art. 10); nadie sería “incomodado” por haber servido al rey (art. 4); y los generales, jefes y oficiales españoles “conservarán sus uniformes y espadas” (art. 16).
El artículo 13 concedía a los barcos españoles el derecho a aprovisionarse en puertos peruanos por seis meses, una cláusula impensable para un enemigo derrotado.
Y la cláusula más insólita: toda duda en la interpretación del documento debía resolverse “a favor de los individuos del ejército español” (art. 18).
Para agravar la irregularidad, aunque el acuerdo se firmó en Huamanga el 11 de diciembre de 1824, se fechó retroactivamente como si hubiese sido firmado el mismo día de la batalla, otorgándole una apariencia de legitimidad inmediata.
Los peruanos marginados o ignorados
Otro aspecto relegado es la participación de los peruanos. Se atribuye la victoria al ejército colombiano, pero nada se dice del rol mayoritario de soldados indígenas quechuas y aimaras, ni de la presencia de los legendarios morochucos, quienes intervinieron antes y durante la batalla sin formar parte formal del ejército independentista.
También se oculta la resistencia de los indígenas enrolados en el ejército realista, muchos de los cuales se negaban a disparar contra sus hermanos del otro bando y rompían sus fusiles antes de usarlos; y tras la batalla, se tocó “a degüello”, se persiguió a los que huían y se desató una matanza innecesaria que convirtió a Ayacucho en uno de los combates más sangrientos de nuestra historia continental. Las cifras de muertos y heridos, y otros detalles recordados en el libro, hablan por sí solos.
En el parte de guerra del general Sucre no se hace mención a estos hechos, que los historiadores documentan detalladamente.
Los costos de la independencia
Poco se menciona también el altísimo precio que el Perú pagó por la independencia americana: las deudas contraídas con Inglaterra por San Martín y Bolívar —como Protector y Dictador, respectivamente— fueron asumidas por el gobierno peruano que también hizo suya la deuda contraída por Chile por 1 millón 500 mil pesos, y con intereses llegaba a 3 millones.
A ello se añadieron la pérdida de territorios y los pagos exigidos por Ecuador, Chile, Colombia, y Venezuela, que ‘colaboraron’ con la campaña independentista y que al final fueron también beneficiados con la expulsión de los españoles. Las cifras, reveladas por el autor del libro ‘VERDADES OCULTAS’, son estremecedoras.
Desde la llegada de la Expedición Libertadora, con San Martín a la cabeza, hasta el retiro de su par Bolívar, el gobierno peruano debió hacer frente a los ingentes gastos que demandaron las campañas, el mantenimiento de los ejércitos (uniformes, armas, alimentación, etc.), pese a su precaria economía.
El principal acreedor fue Inglaterra, que financió la guerra por la independencia de toda la América hispana. Los ingleses se limitaron a dar ‘préstamos’ a los mercenarios que querían embarcarse en ‘causas libertadoras’. San Martín y Bolívar, fundadores en Londres de la Gran Logia Masónica Americana, fueron los encargados de sobre endeudar al Perú.
Para darnos una idea de los costos, recordemos que en ese entonces una libra esterlina equivalía a 5 pesos peruanos; y un peso era igual a un dólar norteamericano.

La deuda peruana con Inglaterra provenía de dos préstamos. El primero se firmó el 11 de octubre de 1822, por 1 millón 200 mil libras esterlinas; y el segundo, el 21 de enero de 1825, por un monto de £ 616,000. Sin embargo, el Perú nunca recibió las cantidades pactadas, pues se hizo tal manejo de los bonos y se especuló tanto con ellos, que al final se recabó menos de la tercera parte de su valor nominal. Las usurarias condiciones la gestionaron comisionados de San Martín y Bolívar, con intereses leoninos.
Las deudas, pactadas a un interés de 6 % anual aumentaba cada año en £ 106,650, y para la cancelación total el 10 de marzo de 1848 el Congreso autorizó la emisión de bonos por £ 3’736,400, de los cuales 1,920,400 (más del 50 %) correspondía a los intereses. Es decir, la deuda sumó más de 15 millones de pesos (o dólares de la época).
Con Chile se firmó una convención el 12 de septiembre de 1848, en la que se acordó como toda y única deuda 4 millones de pesos; a Colombia el Perú le reconoció una deuda de 5 millones, aparte de los dos millones a favor de Bolívar y su ejército; a Ecuador 2,860,000 pesos; a Venezuela 855,000 pesos, y 300 mil pesos a Estados Unidos, según el convenio suscrito el 27 de marzo de 1849, por concepto de “secuestros y perjuicios” (‘daños colaterales’, le dicen ahora) ocasionados durante la guerra por la independencia.
Argentina fue el único país que no pidió reconocer deuda alguna.
La situación pudo ser enfrentada a mediados del siglo XIX, gracias a los recursos por la exportación del guano, en primer lugar; y la exportación de algodón y azúcar, después.

Las deudas internas
De otro lado, existía una deuda interna con particulares que habían aportado –la mayoría a la fuerza–, en especie o en dinero, a favor de las campañas independentistas; por falta de pago a los servidores públicos, reconocimiento de premios y pensiones, empréstitos voluntarios o forzosos y deudas contraídas por el gobierno colonial, entre otros, todo acompañado de actos de corrupción y malos manejos.
Se sumaron los reconocimientos del Estado por las expropiaciones (bienes muebles, inmuebles, joyas, etc.) dispuestos, primero por San Martín y Monteagudo; y luego por Bolívar y Sánchez Carrión, so pretexto de los ‘gastos de la independencia’, aunque las propiedades fueron a parar a manos de los oficiales como recompensa por sus ‘hazañas patrióticas’.
En 1853 una investigación determinó que los créditos reconocidos llegaban a más de 19 millones de pesos, de los cuales 12 millones eran falsos. Existen documentos que revelan la profunda crisis moral de la administración pública y el ingenio de los beneficiados para alterar los montos, falsificando documentos y firmas, incluso las de San Martín y Bolívar, para cobrar supuestos préstamos entre 1821 y 1826. Esas revelaciones desataron el que sería el primer escándalo de corrupción en el Perú, al comprobarse que en el proceso de cancelación de la deuda se habían beneficiado los allegados y amigos del presidente Echenique.
Los ingentes ingresos que recibió Perú no fueron invertidos en el desarrollo del país. Fueron derrochados y dilapidados por las élites dominantes, que aumentaron sus riquezas a costa del Estado, y le dejaron como herencia a sus herederos de hoy que siguen dominando la economía peruana, precisa el autor de esta investigación.
Lo que demuestra que nada ha cambiado y que los poderosos y la corrupción actuales que soporta el pueblo del Perú, tienen sendas historias de larga data.
A decir de José Luis Vargas Sifuentes, “la revisión de este mito —y de otros que el libro analiza— no busca reescribir la historia, sino comprenderla sin idealizaciones. Solo así podremos enfrentar las contradicciones que aún moldean nuestro país”.
Como demuestra su interesante libro ‘VERDADES OCULTAS’, conocer lo que realmente ocurrió es indispensable para construir una nación más consciente de su pasado y más dueña de su futuro.
Vargas Sifuentes es egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú en 1968, con vasta experiencia en el campo del periodismo reporteril y de investigación. Ha trabajado en los más importantes diarios y revistas de Lima, y en el Congreso de la República durante 18 años; y colaborado en la página editorial del diario oficial El Peruano.
Es también autor del libro ‘La sexualidad en el Imperio de los Incas” (Lima, 20199; ha escrito y coeditado libros sobre los más disímiles temas con las empresas editoriales que dirigía el escritor Enrique Congrains. En su larga trayectoria ha recibido numerosas distinciones de instituciones públicas y privadas del Perú y del extranjero.
