Bitcoin: protesta social y fracaso gubernamental

Solamente un grupo muy reducido de personas de las áreas suburbanas y rurales e incluso en las ciudades conocen el proceso a seguir en el manejo de los bitcoins. Foto: Bitcoin Magazine

Esta semana entró en vigencia la Ley Bitcoin, la normativa aprobada hace tres meses por el oficialismo para dar curso legal a esta criptomoneda. A pesar de las advertencias sobre sus posibles consecuencias negativas y del abrumador rechazo popular, el gobierno de Nayib Bukele no desistió de su implementación.

Por Leonel Herrera *

El inicio de la “bitcoinización”, sin embargo, estuvo marcado por dos situaciones relevantes. En primer lugar, las diversas movilizaciones de organizaciones, movimientos y sectores sociales que se manifestaron en forma contundente contra la adopción de ese activo digital como moneda.

Dichas movilizaciones constituyen hasta hoy las protestas más numerosas en el tiempo que lleva la administración Bukele y son resultado del enorme descontento social expresado en las encuestas, según las cuales entre el 65 y 70 por ciento de la población se opone al bitcoin y exige la derogación inmediata de la ley.

Y en segundo lugar, las dificultades técnicas en la implementación de la medida, sobre todo con el uso de “Chivo Wallet” que no ha estado disponible en los primeros días de aplicación de la ley y la caída del bitcoin en un 17% justo al iniciar como moneda legal en el país.

Foto: TNS

Lo primero muestra improvisación y desconocimiento gubernamental sobre estas aplicaciones; y lo segundo confirma la alta volatilidad y la fluctuación del precio de la criptomoneda. Esto último ya causó al país una pérdida de casi 2.5 millones de dólares en la compra de 550 bitcoins, según la revista Disruptiva de la Universidad Francisco Gavidia.

Este panorama se vuelve todavía más sombrío con la opacidad y falta de transparencia en la implementación del proyecto, así como también graves vulneraciones a la privacidad y al derecho de protección de datos de las personas que utilicen la aplicación “Chivo”.

Sobre lo primero, El Faro publicó ayer que “Chivo” es operada por una empresa privada financiada con fondos públicos; y en lo segundo, expertos advierten sobre posible robo de datos personales, espionaje político y fraudes financieros debido a que la aplicación exige acceso a micrófono, cámara, listas de contactos y demás información almacenada en los dispositivos telefónicos.

Por tanto, ojalá que la población se abstenga de utilizar la aplicación “Chivo” y ejerza resistencia pacífica contra el uso de la criptomoneda, pues ésta podría traer más costos que beneficios, tanto para las finanzas de la población como para la economía del país.

*Leonel Herrera es periodista y director ejecutivo de ARPAS

 

 

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