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Foto: Deutsche Welle.com

Por Leonel Herrera*

Un tribunal de Inglaterra ha negado hoy la extradición del periodista australiano Julian Assange hacia Estados Unidos, país que lo acusa injustamente de espionaje, piratería informática y otros dieciséis delitos de conspiración por los que podría condenarlo a 175 años de cárcel.

Assange es el fundador de la plataforma de filtraciones WikiLeaks que en los años 2010 y 2011 publicó unos 250 mil documentos militares sobre las guerras en Afganistán e Irak; así como también cables diplomáticos que revelaban una serie de crímenes, chantaje y corrupción del gobierno estadounidense alrededor del mundo. Uno de los delitos más atroces es el asesinado de civiles iraquíes y dos periodistas de la agencia Reuters en el año 2007.

En represalia por los líos diplomáticos y el desprestigio internacional que le generó la publicación de WikiLeaks, Estados Unidos solicitó la extradición de Assange a Inglaterra, tras ser detenido a su salida de la embajada de Ecuador en Londres, donde se había asilado durante siete años.

La negación de la extradición ha sido celebrada como un triunfo de la libertad de expresión, aun cuando la jueza Vanessa Baraitse avaló los argumentos de la solicitud estadounidense y la razón para rechazarla fue el riesgo de que Assange pudiera suicidarse, dado su estado “deprimido y a veces desesperado”. Según la resolución judicial, debido a esa situación de salud mental la extradición sería “opresiva”.

Las filtraciones de WikiLeaks también han mostrado crímenes cometidos por empresas transnacionales, bancos que usan paraísos fiscales y gobiernos de diversos países. Por eso la persecución contra Assange es también contra el derecho de información de la ciudadanía global.

Tras conocer la decisión de la justicia británica, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió la liberación del informador australiano y le ofreció asilo. El gesto del mandatario mexicano contrasta con la actitud canalla de su par ecuatoriano Lenín Moreno, quien —en el marco de acercamientos con Estados Unidos y negociaciones con el Fondo Monetario Internacional—, entregó a Assange.

Cuestionable también es el silencio de los grandes medios de comunicación, incluidos los que se beneficiaron con las filtraciones de WikiLeaks y luego no dijeron una palabra en defensa de Assange, a pesar de que está en juego el periodismo, el derecho a la información y la transparencia global. En este espacio editorial celebramos la no extradición del fundador de WikiLeaks a Estados Unidos y nos sumamos a la exigencia de su pronta liberación y absolución definitiva.

Ojalá que este caso generara en El Salvador una discusión seria sobre la necesidad de proteger la libertad de expresión e información gravemente vulnerados por el gobierno del presidente Nayib Bukele, lo cual ha sido denunciado no sólo en el país, sino también internacionalmente.

*Leonel Herrera es director ejecutivo de ARPAS.

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