Por Rafael Prieto Zartha
Bitácora
La sonrisa del ex sheriff del Condado de Mecklenburg y ex funcionario del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), Jim Pendergraph, tenía un rictus socarrón, como el de quien se quiere sacar la espina por haber pasado momentos de fastidio.
Entonces soltó la frase: “si no les gusta el 287(g), esperen Comunidades Seguras”.
Estaba rojo de la incomodidad y esa fue su palmaria declaración de desquite dirigida a los periodistas de los medios de comunicación en español durante una conferencia de prensa en marzo de este año en la cual intentó defender las bondades del programa que permite a agentes locales proceder como oficiales de inmigración.
El encuentro fue convocado por la congresista republicana Sue Myrick y el alguacil Daniel “Chipp” Bailey, en el centro de Charlotte, Carolina del Norte, para responder a un informe de la Oficina de Auditoría del Congreso (GAO) que despedazó al 287(g) y mostró sus enormes falencias.
El reporte confirmaba las denuncias que los informadores hispanos charlotenses habían hecho contra la implementación del 287(g) en la cárcel condal, que había puesto para esa época a 6,087 indocumentados en proceso de deportación, de los cuales 4,886 habían sido detenidos por delitos menores, incluyendo a 1,693 por infracciones de tráfico.
El cacareado programa sólo había detectado a 67 “ilegales” criminales reales, pero desde su establecimiento en 2006, había tomado las fotografías y las huellas dactilares de 3,920 personas que resultaron ser documentadas.
Los periodistas hispanos le hicimos la vida un yogur esa mañana a los tres defensores del 287(g), pero Pendergraph se fue con su premio de consolación al advertir sobre la pesadilla que se acercaba de Comunidades Seguras.
En el otoño de 2008, ICE había ensayado en cuatro estados a Comunidades Seguras, un programa de identificación de indocumentados que provee un sistema de detección biométrico a centros de reclusión.
Un año después, la secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Janet Napolitano, y John Morton, cabeza de ICE, anunciaron el triunfo de Comunidades Seguras señalando que identificó a 113,000 indocumentados “criminales” en 95 establecimientos de 11 estados.
El comunicado de prensa del DHS resaltó que desde su inicio en octubre de 2008, Comunidades Seguras “identificó a más de 11,000 extranjeros acusados o condenados con crímenes de nivel 1, tales como asesinato, violación, secuestro” -de los cuales 1,900 ya fueron deportados- y más de 100,000 extranjeros condenados por crímenes de niveles 2 y 3, lo que incluye robos y delitos serios contra la propiedad”.
Me da la impresión que los autores del comunicado combinaron convenientemente el guarismo de los niveles 2 y 3 para enfatizar la magnitud de los delitos y difuminar el hecho de que en el tercer nivel están clasificados los delitos menores. Tampoco aclararon que entre los cien mil también estaban incluidos los acusados, dando la impresión que la cifra final correspondía a individuos ya juzgados y sentenciados.
Entre los “criminales” del tercer nivel están los que fueron detenidos por cometer infracciones de tráfico.
Napolitano ratificó que para 2013 Comunidades Seguras estará funcionando en cada una de las 3,100 cárceles estatales y locales del país. Con este programa, ICE proyecta deportar a 450,000 indocumentados anualmente.
El anuncio es terrible, pero era previsible, pues el gobierno ya había presupuestado los 200 millones de dólares anuales que cuesta la ampliación de Comunidades Seguras.
La reacción al anuncio triunfal de ICE no se hizo esperar por parte de las organizaciones que defienden a los inmigrantes y el Centro de Política de Inmigración (IPC) dio a conocer un reporte especial que cuestiona a Comunidades Seguras.
El informe de la especialista Michele Waslin puntualiza las fallas de que Comunidades Seguras carezca de la supervisión y las previsiones que incluso están contempladas para el 287(g).
No existen memorandos de entendimiento entre ICE y las cárceles locales; no hay forma de que la comunidad verifique la aplicación del programa; puede dar pie a que impulse el perfil racial contra los inmigrantes y haya arrestos preconcebidos; y tampoco prevé un método de quejas sobre posibles abusos.
Los programas 287(g) y Comunidades Seguras se han convertido en una bestia diabólica bicéfala que termina afectando a los más inermes, quienes no son precisamente criminales.
Perjudican a gente como Carlos Ramírez, un humilde indocumentado mexicano de 40 años, que se encuentra en proceso de deportación, por vender mazorcas en terrenos de un templo católico de Charlotte.
Ramírez fue detenido cuando ofrecía desde una bicicleta sus elotes a los feligreses de la misa dominical en español de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, cuyo párroco solicitó a las autoridades el arresto.
Los agentes lo llevaron a la cárcel del Condado de Mecklenburg, donde funciona el 287(g) y próximamente, según el alguacil, Comunidades Seguras.
Rafael Prieto Zartha es un periodista y columnista de origen colombiano radicado en Carolina del Norte
