Por Elena Aurora González
La impunidad campea por su respeto en México. Apenas uno de cada 100 de los autores de delitos responde ante la ley, en medio incluso de un preocupante azote de la violencia.
El 99 por ciento de los delitos en esta nación quedan sin castigo, según un informe hecho público esta semana por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
Dicho de otro modo, apenas se investiga el uno por ciento de los delitos denunciados, que por añadidura resultan sólo el ocho por ciento de los ocurridos, según le consta a la CNDDHH. Mientras la prensa cada día recoge en sus páginas cifras de muertos, reportes de desaparecidos, descubrimientos de fosas comunes, capturas de capos, enfrentamientos armados, violaciones, asaltos y robos, la dimensión del fenómeno de inseguridad la proporciona el organismo humanitario.
En el último sexenio, en México crecieron también las violaciones de las garantías individuales, aumentaron en un 500 por ciento los casos de tortura y subieron de forma exponencial las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias, según un informe hecho al Senado en días pasados por el presidente de la CNDDHH, Raúl Plascencia.
Del 1 de enero de 2005 al 31 de julio de 2012, esa entidad recibió cinco mil 568 quejas imputables a las autoridades por incumplir algunas de las formalidades para la emisión de órdenes para la realización de cateos.
En igual lapso creció de manera sustancial, precisa el documento de Plascencia, las violaciones a las garantías personales por parte del crimen organizado, con un saldo de más de dos mil desaparecidos y 46 mil homicidios.
La CNDDHH investigó dos mil 126 casos de desapariciones forzadas y el reporte de 24 mil 91 personas extraviadas, categorías sobre las cuales en 2012 hizo 12 recomendaciones a los organismos responsables.
La propia Comisión dijo contar con un registro de 46 mil 15 ejecuciones, 15 mil 921 cuerpos no identificados y mil 421 inhumados en fosas clandestinas.
De 2005 a la fecha este organismo ha emitido 45 recomendaciones por tales situaciones.
La policía, para ser efectiva, debe ser la primera en respetar la ley, dijo Plascencia y destacó que la seguridad pública es un tema que requiere ser atendido con la mayor urgencia en México.
El organismo humanitario en su informe señala la existencia en México de 239 mil 760 presos en 418 centros penitenciarios federales y estatales, proceso de encarcelamiento al que dedica cuantiosos recursos, pero luego abandona a los reos a su suerte en las prisiones.
Este informe y análisis se difundió a pocos días de asumir la presidencia de la nación Enrique Peña Nieto (el 1 de diciembre), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien recientemente envió al Congreso una iniciativa para eliminar la Secretaría de Seguridad Pública y delegar sus funciones a la de Gobernación (así fue hasta el año 2000) como parte de su estrategia para eliminar la corrupción y el delito.
La llaga de la tortura
En esta misma semana el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura (CAT) calificó de «alarmante aumento» esa práctica en México y solicitó a Peña Nieto tomar medidas para eliminarlas, junto a otras acciones como las desapariciones forzadas, el arraigo y el fuero militar.
El CAT subrayó en su informe final presentado en Ginebra que la impunidad se ha vuelto la norma en el país, al tiempo que las medidas para prevenir, investigar y sancionar la tortura son «totalmente ineficaces».
El organismo internacional instó al gobierno a realizar investigaciones «prontas y eficaces» y exigió respuestas por el alza progresiva de las desapariciones forzadas «presuntamente cometidas por autoridades públicas o grupos criminales con el apoyo directo o indirecto de agentes del Estado, en entidades como Coahuila, Guerrero, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas».
Tales cargos fueron negados por las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación y señalaron que la tortura ni es ni será tolerada en México.
Empero aclaró que el país, según un comunicado de ambas instancias, está en un proceso sin precedentes de armonización de su marco jurídico conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
En el tiempo coincide también el reclamo de medio centenar de organizaciones mexicanas para que el mandatario electo oriente su política de seguridad a la reducción de los delitos de alto impacto, causante de más de 60 mil muertes de 2006 a la fecha.
Las agrupaciones civiles, integrantes del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), solicitaron a Peña Nieto una estrategia capaz de asegurar el respeto a los derechos humanos que incluya mecanismos de rendiciones de cuenta.
Los críticos a la ofensiva del presidente Felipe Calderón, cuyo mandato transcurrió del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012, le reconocen la captura y muerte de algunos capos, pero consideran que no logró disminuir la violencia.
En total indefensión
Uno de los problemas más graves de México es la inseguridad física que afectan por igual al ciudadano del campo y la ciudad, a pobres y ricos.
El 47 por ciento de las mexicanas ha vivido situaciones de violencia emocional, económica, física o sexual, denunció hace pocos días un análisis de violencia de género emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), acorde con el sitio digital del periódico El Universal.
La impunidad y la corrupción son para los ciudadanos casi prácticas cotidianas de las estructuras de poder y las tolera como un mal social.
Sin embargo, durante una gira internacional en octubre pasado, Peña Nieto dijo que «la inseguridad no es problema nacional en México no es una condición general, sino particular a algunas regiones del país, lo cual ha proyectado al mundo una percepción de un problema nacional, mayor y agudo, cuando realmente no lo es. Es más la percepción que el problema real».
Peña Nieto lamentó la imagen y la proyección que sobre México existe «quizás peor de la que realmente se vive en nuestro país, lo cual no deja de ser un tema importante», aunque reconoció que quizás sea el más sensible y prioritario para los mexicanos.
Fuente: Prensa Latina/ARGENPRESS.Info
