Nica Sutch. Foto cortesía NBC Washington
Redacción ML Noticias
Cuando Nica Sutch compró su casa en el condado de Washington, Maryland, hace casi 30 años, esta era perfecta para su joven familia. Le encantaba vivir en una zona tranquila y arbolada, y comentó que pensó que permanecería en su hogar para siempre.
Sin embargo, los planes para construir un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) —visible desde su propia casa— lo han cambiado todo, según relató al equipo de investigación *News4 I-Team*.
«Definitivamente tengo pensado mudarme. No me quedaré aquí en el futuro».
– Nica Sutch, residente de Williamsport
Hace unos años, la granja situada al otro lado de la calle fue reemplazada por un almacén de 825.000 pies cuadrados, construido sobre un terreno de 54 acres. Los vecinos afirman que el edificio ha permanecido vacío desde entonces.
«No he escuchado a nadie que realmente esté a favor de esto», señaló Sutch.
El *I-Team* está revelando más detalles sobre el uso que se le dará al edificio y lo que esto podría significar para la comunidad circundante.
Hasta hace poco, existían escasos detalles públicos sobre el proyecto, lo que derivó en una demanda por parte del estado y en protestas casi semanales por parte de algunos residentes que sienten haber sido excluidos del proceso de aprobación.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) adquirió la propiedad en enero con el fin de remodelarla y convertirla en un centro de detención de ICE: el único de este tipo en Maryland. Las instalaciones tendrán capacidad para albergar hasta 1.500 detenidos; no obstante, los funcionarios del condado aseguran que el DHS les comunicó que, la mayoría de los días, solo se utilizarían 500 camas.
El rechazo de la comunidad fue inmediato. A principios de febrero, la Junta de Comisionados del condado de Washington aprobó una resolución en la que manifestaba su total respaldo al DHS y al ICE. Dicha medida suscitó una enérgica oposición por parte de algunos residentes, quienes abuchearon y hicieron sonar silbatos durante una reunión que quedó registrada en video.
En lo que respecta al centro de detención, un portavoz del condado declaró al *I-Team* que la administración local «no desempeña ningún papel en este proyecto».
«Lo más antiamericano que existe»
Patrick Dattilio, residente de la zona, fundó el grupo *Hagerstown Rapid Response* para oponerse a la construcción de las instalaciones.
«Es lo más antiamericano que existe», afirmó. Dattilio afirmó que la comunidad ha quedado excluida del proceso de planificación. Su grupo ha documentado los trabajos realizados en las instalaciones.
«Tenemos fotografías de remolques sanitarios que están siendo traídos, de agua potable que está siendo suministrada», dijo.
El DHS adjudicó al contratista de defensa KVG, con sede en Pensilvania, un contrato de tres años por valor de 641 millones de dólares para renovar y gestionar las instalaciones.
Los funcionarios del condado afirman que el DHS les ha comunicado que será KVG quien decida qué cambios son necesarios para que el edificio pueda albergar a los detenidos —incluyendo mejoras adicionales en el suministro de agua, el tratamiento de aguas residuales o la infraestructura— y que cualquier renovación sería costeada por el gobierno federal.
El «I-Team» consultó a KVG sobre el cronograma previsto para la apertura de las instalaciones, pero no ha recibido respuesta.
El almacén cuenta, hasta la fecha, con cuatro inodoros, según informa el fiscal general de Maryland.
Hagerstown suministra agua a las jurisdicciones vecinas, incluida Williamsport, donde se encuentran las instalaciones. El director de comunicaciones, Wes Decker, señaló que al almacén —actualmente vacío— se le ha asignado una cuota de 800 galones de agua diarios y que nadie vinculado al proyecto ha solicitado modificar dicha asignación.
«En última instancia, somos nosotros quienes tomamos las decisiones sobre quién recibe el suministro de agua», afirmó.
La aprobación para aumentar el suministro de agua puede demorar seis meses o más; por ello, resulta inusual que nadie se haya puesto en contacto con ellos, comentó Decker.
«Al igual que ustedes están hoy aquí planteando estas preguntas, nosotros también nos estamos haciendo, en cierto modo, las mismas interrogantes: ¿Cuándo sucederá esto? ¿Cuándo tendrá lugar esta conversación?», se preguntó.
Por el momento, todas las obras en las instalaciones se encuentran paralizadas debido a una orden de restricción temporal —recientemente prorrogada hasta mediados de abril— dictada a raíz de una demanda presentada contra el DHS por el fiscal general de Maryland, Anthony Brown.
El estado alega que las obras de construcción podrían saturar las líneas de alcantarillado existentes y causar daños a los cursos de agua protegidos situados en las proximidades. «¿Cómo se equipa un almacén de 105.000 pies cuadrados que hoy en día solo cuenta con cuatro inodoros y dos bebederos, pero en el que, dentro de algún tiempo, el Departamento de Seguridad Nacional pretende albergar a 1.500 detenidos?
«Piensen en las repercusiones para el suministro de agua y el alcantarillado».
– Anthony Brown, fiscal general de Maryland
Brown afirmó que el estado no puede impedir que el DHS construya un centro de detención. Sin embargo, señaló en la demanda que el DHS debe realizar los estudios de impacto ambiental pertinentes, haciendo hincapié en que ya ha procedido de este modo en otros estados al construir instalaciones.
«Si el tribunal finalmente les permite seguir adelante, exigiremos que se cumpla hasta el último requisito en materia de seguridad contra incendios, códigos normativos, suministro de agua y alcantarillado, así como en lo referente a otras cuestiones de salud pública y medioambientales; que cumplan con los estándares necesarios para garantizar que la instalación funcione de manera segura», declaró.
El ICE promete 1.125 empleos y 120 millones de dólares en contribuciones.
Un portavoz del ICE declaró al «I-Team»: «Se tratará de centros de detención muy bien estructurados que cumplirán con nuestros estándares habituales de detención. Los emplazamientos han sido objeto de estudios de impacto comunitario y de un riguroso proceso de diligencia debida para asegurar que su adquisición no suponga una sobrecarga para los servicios públicos locales ni para la infraestructura».
El portavoz declaró que las instalaciones de Williamsport generarán 1.125 empleos en la zona y aportarán 120 millones de dólares.
News4 solicitó al ICE una copia de cualquier estudio de impacto, pero no ha recibido respuesta. También contactamos a todos los comisionados del condado de Washington para solicitar sus comentarios. Ellos han afirmado reiteradamente que no tienen ninguna participación en la construcción de dichas instalaciones.
La semana pasada, los comisionados emitieron un comunicado tras reunirse por primera vez con el DHS, en el que señalaban que el edificio funcionaría como un centro de registro y procesamiento, y no como un centro de detención; asimismo, indicaron que los detenidos permanecerían allí entre tres y siete días, en promedio, antes de ser trasladados a centros de detención ubicados fuera del estado. Esto contradice la declaración que el ICE hizo a News4, en la cual calificaba el lugar como un centro de detención.
La sección local de la NAACP envió una carta a la empresa contratada para cubrir las vacantes laborales en las instalaciones, solicitándole que detuviera la difusión de ofertas de empleo, dado que existe una demanda judicial pendiente al respecto.
«Estamos empleando estratégicamente todos los recursos a nuestro alcance para impedir que esto suceda», afirmó Taj Smith, integrante del grupo.
Smith señaló que los funcionarios del gobierno local no han mostrado disposición a informar a la comunidad sobre el proyecto.
El condado de Washington constituye un bastión republicano dentro de un estado de mayoría demócrata. Los votantes de Williamsport brindaron un firme respaldo al presidente Donald Trump y a sus políticas migratorias.
«A mucha gente no le molesta lo que ocurre en materia de inmigración; lo que no quieren es tenerlo en su propio patio trasero», comentó Smith.
Para Sutch, sin embargo, la situación se está desarrollando justo en su propio patio delantero, y ella desea cambiar ese panorama.
«Lo más decepcionante de todo es que se hayan tomado decisiones sin consultar al vecindario ni a las personas que, en definitiva, tendrán que vivir esta realidad», expresó.
Escrito por Tracee Wilkins, reportera de investigación de News4; Rick Yarborough, productor de investigación de News4; y Carlos Olazagasti y Jeff Piper, fotoperiodistas de News4.
Editado por Ramón Jiménez
