Teresa Gurza.
Hubo en estos días noticias de las que fueron protagonistas dos de los más sanguinarios y despreciables dictadores latinoamericanos.
A uno, el guatemalteco Efraín Ríos Montt la justicia le dictó sentencia de 80 años de prisión por sus crímenes contra indígenas del pueblo Ixil y fue llevado a la cárcel; pero a los pocos días, la Corte de Constitucionalidad (CC) anuló la sentencia en un golpe devastador para los derechos humanos.
Para el otro, el argentino Jorge Rafael Videla finalmente no hubo impunidad, y murió a los 87 años de edad y “repudiado por todo el pueblo» en una celda de Buenos Aires; donde desde marzo de este año, purgaba condena perpetua.
Videla, presidente de Argentina entre 1976 y1983 formó parte de la “Operación Cóndor», organización clandestina internacional concebida y manejada por Videla y los dictadores Augusto Pinochet de Chile y Alfredo Stroessner de Paraguay, que practicaba terrorismo de Estado.
Los tres reprimían y suprimían disidentes a su arbitrio, pero siempre intentando que no se supiera que lo habían hecho sus gobiernos para evitar protestas nacionales e internacionales.
Así, entre otras aberraciones aventaban al mar desde aviones personas y cuerpos; y robaban los bebés de las presas embarazadas para entregarlos a militares, que los hacían pasar como propios;
Las madres y luego las abuelas de esas muchachas, formaron la organización Madres de la Plaza de Mayo; que poco a poco reunió antecedentes y fue encontrado a algunos niños.
Y fue en mucho por su perseverancia y las evidencias que lograron reunir, que en marzo de este 2013 finalmente la justicia argentina condenó a Videla por delitos de lesa humanidad.
Pero Pinochet y Stroessner murieron el año 2006 en Santiago de Chile y Brasilea respectivamente, sin ser llevados a la justicia.
A pesar de su “amistad” con Pinochet y para distraer a la opinión pública de su país, Videla fraguó un conflicto limítrofe con Chile por la soberanía de las tres islas del Canal de Beagle y no aceptó el Laudo Arbitral de1977 afavor de Chile.
La guerra pudo ser evitada sólo por las intervenciones en diciembre de 1978, del cardenal Antonio Samoré y del Papa Juan Pablo II.
Seis años después, en 1984, Chile y Argentina firmaron un tratado de paz y amistad que resolvió la soberanía chilena sobre las islas; y hoy en recuerdo de la ayuda del Vaticano, uno de los principales pasos cordilleranos entre los dos países se llama Cardenal Samoré.
Por lo que toca a Ríos Montt el dictador guatemalteco, en menos de un año de su presidencia de facto, 1982-1983, emprendió una despiadada guerra contra indígenas indefensos, descalzos y hambrientos, del Departamento del Quiché; delitos que parecía quedaban impunes.
Pero el tesón y la fuerza de los testimonios del pueblo Ixil sobre los asesinatos que cometió y los secuestros de familias enteras para ponerlos a trabajar como esclavos en fincas cafetaleras, permitió que la justicia lo condenara hace unas semanas a 80 años de prisión.
Sin embargo, pocos días después los magistrados anularon la sentencia aduciendo “vicios de procedimiento” y ordenaron reponer parte del juicio.
Lo que fue calificado por la ONU, como un hecho lamentable que incumple las obligaciones de los Estados miembros a condenar a los responsables de genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad.
Con todo, persiste la confianza en que pese a los tecnicismos legales, Ríos Montt sea condenado de nuevo; porque la Corte que anuló la sentencia, no lo absolvió de sus delitos; simplemente ordenó repetir el proceso desde el punto en que quedó el 19 de abril.
Detrás de Ríos Montt hay mucho dinero e intereses políticos, representados por la Asociación de Veteranos de Guatemala que amenaza con movilizar hasta 50 mil paramilitares; y por la patronal, aglutinada en el Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras.
Pero, pese a que el sistema de justicia guatemalteco ha probado ser extremadamente débil y sujeto a presiones, el mundo y los analistas confían en que los hechos se volverán a acreditar y la sentencia será la misma de 80 años de cárcel; que dada su edad, equivalen a prisión perpetua.
