Por Alpher Rojas Carvajal
Las cargas de profundidad que el ex presidente Uribe Vélez ha lanzado contra el proceso de paz, no van dirigidas sólo a frustrar el empeño de la convivencia nacional sino, también, a impedir el cumplimiento del tímido programa de gobierno del presidente Santos, es decir, a desestabilizar el país para mantenerlo bajo la dependencia y la subordinación. De paso, busca atravesársele a la posibilidad de que –cuando la paz se convierta en feliz realidad- el espectro político se desplace hacia la izquierda progresista, puesto que así las cosas, aquella hegemónica dominación ultraderechista ejercida en sus ocho años de gobierno neoliberal, se convertiría en una pesadilla que nadie, ni siquiera sus mismos ejecutores, quisieran repetir.
Es evidente que la gran burguesía financiera, industrial y terrateniente ha determinado ligar la agenda pública, el desarrollo político y económico a las dinámicas del proceso de paz. De suerte que si en un tiempo relativamente corto no se advierten avances en el encuentro de los plenipotenciarios de La Habana, el país se precipitaría, primero, en un fuerte desencanto y, luego, entraría en una crisis política de incalculables dimensiones. Pero lo evidente es que bajo tales circunstancias, las recriminaciones y el cálculo retrospectivo de las posibilidades (“yo se lo dije”), favorecerían las expectativas guerreristas y de acumulación de los sectores que Uribe representa, aunque “sin ningún costo” para el establishment (como lo ha repetido el presidente Santos), pero sí para los sectores democráticos que quedarían expuestos a vivir otros cien años de desigualdad.
Más si los plenipotenciarios de la tercera fase –y su equipo asesor de seis grupos técnicos con la participación y apoyo de los países garantes, Cuba y Noruega, más los dos acompañantes, Venezuela y Chile-, debaten desde el conocimiento y con sentimiento de patria los 5 puntos bajo los mecanismos objetivos de verificación ya pactados, el país habrá encontrado el clima político propicio para ponerle fin a su más largo y sangriento conflicto. Naturalmente esta circunstancia permitiría la ampliación de los espacios democráticos y, en tal escenario, la maduración política de la sociedad contribuiría al desarrollo de instituciones partidistas modernas, inspiradas por la ética pública. La institucionalidad así reinventada y adaptada a los nuevos hechos permitiría estructurar un modelo de desarrollo acorde con los postulados democráticos de justicia distributiva y crecimiento con desarrollo humano. Habrá sido un nítido triunfo de la democracia.
Es necesario entender, sin embargo, que el proceso político de un país en post-conflicto depende crucialmente de cómo se llegue al fin del conflicto. Si la prolongada confrontación se liquida por la vía militar, habrá vencedores y vencidos y, por tanto, rencores y odios inextinguibles. Un aniquilamiento militar de las FARC –que aún es remoto-, sería terrible en costos humanos y políticos. Basta con recordar los sitios en donde esto ha ocurrido en pequeña escala, como el Magdalena Medio. Allí la expulsión de las FARC fue el producto de una campaña depredadora de monstruosa eficacia dirigida contra todas las organizaciones políticas y sociales que los paramilitares consideraban posibles cómplices o simpatizantes de las FARC. Un poco más atrás el absurdo y demencial exterminio de la Unión Patriótica, nos sitúa en el escenario adecuado para prever consecuencias adversas a la paz.
Sin embargo, el proceso actual disfruta de un enorme respaldo colectivo, según las encuestas divulgadas por los principales medios de comunicación, como CM& y El Tiempo que registran cifras cercanas al 72% (Gallup 30-10-12) a favor de los diálogos. Como si fuera poco el ex presidente Uribeenla reciente asamblea del partido de la “U”, espacio de deliberaciones de la derecha al que concurrieron muchos de sus socios y en que el presidente Santos recibió calurosa solidaridad por su proyecto de paz. Hoy se ha sabido que 78 congresistas de ese partido lo apoyan y sólo dos son adversos a los diálogos por la convivencia.
En ese sentido, la movilización de los sectores democráticos y progresistas, así como los movimientos sociales, resulta indispensable en apoyo al proceso. Si los países de América congregados en Unasur, la ONU, la OEA y hasta el presidente Obama, han expresado su acuerdo y su aplauso a este proceso, ¿qué esperan los partidos progresistas y los movimientos sociales para contribuir al blindaje del proceso?
La paz no es inevitable y no depende sólo de las FARC. Sin la acción concertada de los sectores progresistas y democráticos, se puede perder esta oportunidad. No hay mucho tiempo. Si de ser honestos se trata, es probable que el tiempo ya se haya acabado. Pero si aún no se ha acabado, en los próximos días, literalmente días, es necesario lanzar una apuesta política vigorosa y audaz. La izquierda democrática del país debe prepararse: de lo que haga ahora depende su futuro por varios años si no décadas.
Alpher Rojas Carvajal es analista político e Investigador en Ciencias Sociales. Director de la Corporación de Estudios Sociopolíticos y Culturales de Colombia.
Fuente: ARGENPRESS.Info
