WASHINGTON, D.C. – El Departamento de Justicia anunció hoy que alcanzó un acuerdo con Rose Acre Farms, Inc. («Rose Acre»), uno de los principales productores de huevos en Estados Unidos cuya sede se encuentra en Indiana.
El acuerdo resuelve un pleito entablado desde hace mucho tiempo por el Departamento de Justicia, en el cual este alega que Rose Acre vulneró la ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) al discriminar a trabajadores que no eran ciudadanos de EE. UU pero que sí disponían de permiso para trabajar a la hora de verificar su autorización para trabajar.
La denuncia enmendada del Departamento, que se presentó el 7 de noviembre del 2012, alegó que desde al menos junio del 2009 hasta el 22 de diciembre del 2011, Rose Acre, de forma rutinaria, requirió que trabajadores que no eran ciudadanos de los EE. UU. pero que sí disponían de permiso para trabajar presentaran una tarjeta de residencia permanente o documento de autorización para demostrar su autorización para trabajar, mientras que no requerían documentos específicos a ciudadanos estadounidenses.
Todos aquellos individuos con autorización, ya sean ciudadanos o no, tienen el derecho a elegir cuáles documentos válidos desean presentar para demostrar que están autorizados para trabajar.
La disposición antidiscriminatoria de la INA prohíbe que los empleadores sometan a sus empleados a requisitos documentales innecesarios con base en la ciudadanía o nacionalidad de origen de los mismos.
«La INA deja claro que cuando los empleadores verifican la identidad y autorización para trabajar de sus empleados, ellos no pueden tratar a los empleados de una forma diferente por motivos de su ciudadanía o nacionalidad de origen», declaró el Fiscal General Auxiliar en funciones, John Gore, de la División de Derechos Civiles. «Este caso demuestra el compromiso del Departamento a asegurar que los empleadores implementen el proceso de verificación de la elegibilidad para trabajar de una forma que no sea discriminatoria».
Conforme el acuerdo, Rose Acre pagará sanciones civiles que ascienden a $70,000, capacitará a sus empleados en cuanto a la disposición antidiscriminatoria de la INA y se someterá a la supervisión por parte del Departamento durante dos años.
La Sección de Derechos de Inmigrantes y Empleados (IER, por sus siglas en inglés), que anteriormente se conocía como la Oficina del Consejero Especial para Prácticas Injustas en el Empleo Relacionadas a Inmigración, que pertenece a la División, es responsable de aplicar la disposición antidiscriminatoria de la INA.
Entre otras cosas, esta ley prohíbe la discriminación por motivos de estatus de ciudadanía o nacionalidad de origen en los procesos de contratación, despido o reclutamiento o recomendación por comisión; prácticas documentales injustas; y represalias y la intimidación.
Para más información sobre protecciones contra la discriminación en el empleo en virtud de las leyes migratorias, llame a la línea directa de la IER para trabajadores al 1 800 255-7688 (1 800-237-2515, TTY para personas con discapacidades auditivas); llame a la línea directa de la IER para empleadores al 1-800-255-8155 (1-800-237-2515, TTY para personas con discapacidades auditivas); inscríbase a un seminario en línea gratuito; mande un correo electrónico a IER@usdoj.gov o visite la página web de la IER en inglés o español.
Aquellos postulantes o empleados que creen haber sido sometidos a otros requisitos documentales por motivos de su nacionalidad de origen o su estatus migratorio o de ciudadanía en los procesos de contratación, despido o reclutamiento o recomendación por comisión deben llamar a la línea directa de la IER para trabajadores para pedir ayuda.
