El abogado Miguel Ángel Gálvez (de traje claro al centro), tras ser galardonado por su defensa de los derechos humanos. Foto cortesía Prensa Comunitaria
Por Miguel Ángel Gálvez*
Durante la gestión de María Consuelo Porras como titular de la Fiscalía General, diversos sectores sociales y organizaciones internacionales denunciaron el aparato judicial guatemalteco. En muchos casos, este dejó de ser un instrumento para la protección de los derechos humanos y se convirtió en un mecanismo selectivo de intimidación contra operadores de justicia independientes, pueblos indígenas, defensores de derechos humanos, periodistas y abogados.
En su mensaje del 13 de mayo de este año, la Conferencia Episcopal de Guatemala afirmó, entre otras cosas, que deben realizarse esfuerzos genuinos para construir un sistema de justicia más sólido, con salvaguardias contra la manipulación y el uso inaceptable de los procesos judiciales para tomar represalias contra adversarios. Esta instrumentalización ha derivado en un uso criminal del poder del Estado para exiliar o encarcelar a cualquiera que sea percibido como una amenaza para los poderes establecidos en Guatemala.
El mensaje de la iglesia es importante porque reconoce el deterioro institucional que atraviesa Guatemala. Hasta ahora, el país se ha regido por las leyes de la naturaleza —la supervivencia del más fuerte— en lugar de las de la razón, siendo el problema más grave la normalización de la persecución desde dentro de las estructuras de justicia.
A este deterioro se suma la persecución de los pueblos indígenas. Específicamente, el organismo investigador se niega a cerrar los casos contra las autoridades indígenas que participaron en las manifestaciones de 2023, un movimiento destinado a salvaguardar el derecho electoral. Impulsadas por la insatisfacción con la Fiscalía y el Poder Judicial, estas protestas ejercieron el derecho de petición para exigir la renuncia del Fiscal General, el Jefe de la FECI y varios jueces. Los exlíderes de los 48 cantones de Totonicapán, Héctor Samuel Chaclán Batz y Luis Haroldo Pacheco Gutiérrez, permanecen detenidos. Retenidos por más de un año en el Centro de Detención para Hombres Mariscal Zavala, su detención arbitraria tiene como objetivo castigar su liderazgo en las protestas pacíficas, funcionando esencialmente como una sentencia de prisión anticipada.
Esta situación se agrava por un contexto de racismo histórico y estructural profundamente arraigado en Guatemala, que niega a los pueblos indígenas su cultura, identidad y trabajo. El racismo opera como un mecanismo de dominación que busca justificar todo un sistema de explotación y opresión, culminando finalmente en un sistema de control total.
En este contexto, el mensaje de la Conferencia Episcopal de Guatemala reviste suma importancia; rompió el silencio y se sumó al clamor de la comunidad internacional, la sociedad civil y la población en general. Esta crisis está bien documentada en el informe “Desafíos en la Defensa de los Derechos Humanos 2020–2025” de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Guatemala, que identificó la criminalización como la forma de ataque más generalizada durante ese quinquenio.
Al evaluar este período, que abarca el segundo mandato de la Fiscal General María Consuelo Porras, el informe registra 745 casos de criminalización, 332 de los cuales afectaron a personas vinculadas a la defensa de los derechos humanos. Este patrón pone de manifiesto una característica fundamental del abuso del poder punitivo del Estado: la instrumentalización del derecho penal para perseguir a defensores que abogan por el acceso a la justicia, la libertad de expresión y la defensa de la tierra, el territorio y los recursos naturales.
Ante estas circunstancias, el nombramiento del Fiscal General reviste una importancia crucial en un momento en que la seguridad jurídica, la paz y las relaciones de buena fe deben prevalecer. Sin un marco jurídico que promueva relaciones cordiales y solidaridad, la armonía social se vuelve insostenible. Por consiguiente, el papel de vigilancia de la sociedad civil es esencial para observar, proteger y fiscalizar a los funcionarios del sector de la justicia en sus actividades procesales y jurisdiccionales, garantizando que se reconozca la buena conducta y se persiga la mala conducta.
El discurso inaugural del recién nombrado Fiscal, Gabriel Estuardo García Luna, generó gran esperanza. Se mostró como una persona serena y transparente, sobre todo comprometida con su trabajo, como lo evidencian sus instrucciones al personal de la Fiscalía para que actuara con profesionalismo, ética absoluta y sin sesgos políticos. Su nombramiento se produce tras el desmantelamiento de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), dirigida por Rafael Curruchiche, quien posteriormente fue destituido de su cargo.
Para restablecer la integridad institucional del Ministerio Público, deben adoptarse medidas urgentes para detener la manipulación institucional destinada a silenciar las voces críticas, una práctica que erosiona sistemáticamente la democracia.
En primer lugar, debe realizarse una auditoría interna en el Ministerio Público, centrándose específicamente en todos los procesos injustos en los que se hayan utilizado normas legales como arma contra las voces críticas. Se trata de las voces de quienes promueven, protegen y defienden los derechos fundamentales, como el acceso a la justicia, la libertad de expresión y la defensa de la tierra, el territorio y los recursos naturales.
En segundo lugar, es necesario realizar un análisis exhaustivo de todos los procesos judiciales en curso en las distintas fiscalías contra defensores de derechos humanos, categoría que, según las Naciones Unidas, incluye a funcionarios de justicia, autoridades indígenas, líderes comunitarios, periodistas y activistas sociales. El objetivo debe ser encontrar una solución procesal inmediata, como el sobreseimiento, el archivo del caso o la presentación de las mociones pertinentes ante los órganos jurisdiccionales.
Asimismo, debe realizarse una revisión exhaustiva de los procedimientos señalados como criminalización con motivaciones políticas, especialmente aquellos que implican detención prolongada. Esto incluye los casos de Luis Haroldo Pacheco Gutiérrez y Héctor Samuel Chaclán Batz, exmiembros de la junta directiva de los 48 cantones criminalizados por las manifestaciones de 2023, así como el caso de Stuardo Campos. Estos deben clasificarse como procedimientos espurios y arbitrarios, carentes de fundamento jurídico y que presentan medidas cautelares desproporcionadas.
Se insta al Fiscal General a ejercer sus funciones con la profesionalidad, la ética y la transparencia que prometió durante su primera rueda de prensa tras asumir el cargo, utilizando el poder que le confiere la Constitución para impartir justicia de forma rápida y eficaz.
Finalmente, el presidente Arévalo debe brindar su pleno apoyo al fiscal Gabriel Estuardo García Luna e invitarlo al Consejo de Ministros. Esto permitirá coordinar las acciones entre el Poder Ejecutivo y la Fiscalía General de la República, fomentando una cooperación estrecha y eficiente en beneficio de Guatemala. Tales medidas son necesarias para consolidar el Estado de Derecho, pues, como señala el jurista Claus Roxin, un verdadero Estado de Derecho debe proteger al individuo no solo mediante el derecho penal, sino también de la propia ley penal.
*Miguel Ángel Gálvez, fue candidato al cargo de fiscal general de Guatemala.
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