El gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén se mantiene firme en defender la propuesta de incremento al salario mínimo ($250 para el sector rural y $300 para el urbano) que garantice una mejor calidad de vida para las familias salvadoreñas.
El Consejo Nacional del Salario Mínimo (CNSM) aprobó el pasado mes de junio aumentar el salario en un 15% para todos los sectores laborales, con excepción del rubro de comercio y servicios, donde el aumento será de 13. 5 %.
Esta decisión fue rechazada por el Ejecutivo, ya que consideró que este ajuste, aprobado por ANEP y por la representación laboral en el CNSM, no cumple con los requisitos constitucionales, sobre todo en lo relativo a que el salario mínimo debe cubrir el costo de la vida.
En este sentido, la ministra de trabajo, Sandra Guevara, informó que el gobierno continúa trabajando en las observaciones de los cinco decretos que le fueron presentados, para lo cual ha abierto el debate con diferentes sectores de la sociedad.
“Continuamos trabajando ordinariamente con las sesiones del consejo, estamos recibiendo audiencias, peticiones de distintos sectores”, informó la titular del Ministerio de Trabajo en la entrevista Gobierno Informa.
Aseguró que el monto aprobado por el Consejo no cubre el costo de la canasta básica, ya que la misma requiere una inversión aún mayor que la propuesta presentada por el Ejecutivo.
“Los costos de la canasta básica, por ejemplo, en la zona rural es de $145.92 centavos y en la urbana es de $203 la básica; pero la ampliada es de 407 dólares, ningún salario (mínimo) es de 407 en este país, en las tablas que tenemos actualmente, que son las vigentes es de casi 300 dólares”, dijo.
Criticó que a pesar que el país registró el pasado año una baja en los precios de la energía eléctrica y en los costos de combustibles, esto no se vio reflejado en una disminución en el costo de la canasta básica por el empresariado.
“Tuvimos una cantidad de 74 millones de dólares que las empresas de la industria se ahorraron, en el tema de comercio y servicio 19 millones, en alumbrado público 6 millones. Esto solo es de energía, y estos son datos de la SIGET, y si vemos los costos del combustible, veamos cuánto más habrá sido. Eso nunca se ha traducido a disminuir los costos de vida”, precisó
La ministra calificó de inmoral la negativa de la empresa privada de aprobar los $250 y $300 al salario mínimo que propone el Ejecutivo, ya que esto no representa ninguna amenaza para sus rentabilidades.
“Nos estamos acercando a la propuesta del costo de vida, que es educación, salud, es vivienda, son los servicios, la alimentación, si vemos el comportamiento de los gastos de la canasta básica, tanto también la ampliada, ni siquiera para los alimentos se cubre los costos del salario mínimo actualmente vigentes”, expresó.
Fuente: Transparencia Activa
