El Salvador: Suspendidas exhumaciones en El Mozote

 

Por José Mejía
  
El juez de Paz de Meanguera, Mario Soto, suspendió las exhumaciones en el cantón La Joya (cercano a El Mozote) en el municipio de Meanguera, departamento de Morazán el pasado 13 de abril, por considerar que la Fiscalía General de la República de El Salvador no está cumpliendo con los parámetros y criterios de la sentencia de la CIDH y por irrespetar el dolor de los parientes de las víctimas de la masacre.
 
La medida fue considerada por el jurista después que el día 13 de abril de 2015,  representantes de Tutela Legal “María Julia Hernández”, presentaran un escrito ante el Juez Mario Soto, titular del Juzgado de Paz de Meanguera, Morazán, quien había autorizado a la Fiscalía General de la República (FGR) practicar las exhumaciones pendientes en el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la masacre de El Mozote y sitios aledaños.
La petición de suspender se realizó por no estarse cumpliendo los parámetros y criterios de la sentencia entre ellos: Falta de un acompañamiento psicosocial permanente; falta de un consentimiento informado; falta de acreditación por parte de los peritos propuestos por la FGR; falta de acreditación de expertos internacionales que colaboran en el proceso; la no aplicación de estándares internacionales requeridos por la CIDH; y, la falta de una exhaustiva investigación de la FGR.
Kriscia Moya, representante legal de la Asociación de Víctimas de El Mozote, señaló que la gente no es que se oponga a las exhumaciones como tal, sino a que se dé un mejor proceso de atención. “La decisión de suspender temporalmente las exhumaciones fue por el dolor que había causado en las familias el procedimiento”, señaló.
“La Fiscalía no dio una información adecuada a la gente, de repente nos dimos cuenta que iban a empezar las exhumaciones y ya no quedó tiempo para nada. No se explicó a la gente cómo iban a encontrar los restos de sus familiares, hay gente que esperaba encontrar huesos o el cuerpo completo y no fue así, ya que han sacado solo unos huesitos, entonces la gente salió afectada por esto”, confirmó Moya.
Agregó que tampoco se les explicó que se les iba a sacar sangre para confrontar el ADN de las víctimas con el de los familiares, que se iban a llevar los huesos a Medicina Legal para su análisis y luego se les iba a devolver, que había que avisar a la familia “porque se dio el caso que uno dio permiso, pero no le aviso a los demás y estos no estaban de acuerdo porque sacaran los restos de sus familiares”.
Wilfredo Medrano, abogado de Tutela Legal “María Julia Hernández” sostiene que no sabe con qué objetivo se ha realizado con prisa este procedimiento, pero “lo que ha quedado en evidencia es que carecen de sensibilidad para tratar estos casos de violaciones a los derechos humanos. Ellos creen que es igual que otros casos”.
El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, expresó que está enterado de la falta de tacto en el procedimiento de la FGR y a raíz de ello tuvo una reunión con los familiares que se encontraban en situación de sufrimiento y de incertidumbre por el modo indebido en que el Ministerio Público condujo estas exhumaciones, por lo que ha ordenado verificar todo el proceso de las nuevas exhumaciones en El Mozote, para constatar que las mismas se han realizado sin cumplir los requerimientos de la sentencia de la CIDH.
Según el titular de la PDDHH, “las exhumaciones en este tipo de casos y por orden de la sentencia no son solo diligencias de investigación sino también un proceso de reparación, de alivio para las víctimas y estas deben participar en todas las etapas de la investigación y de la planificación, de lo contrario se les atropella de nuevo y eso es lo que ha hecho el Fiscal General de la República y los auxiliares que han llevado a cabo este proceso”.
“Las autoridades de la Fiscalía General de la República han llegado con uso de su poder a realizar las exhumaciones sin ningún proceso previo de atención psicosocial como lo ordena la sentencia. Marginaron a los representantes de las víctimas y además no han cumplido la debida acreditación de todos los profesionales que participaron, de manera que como Procurador tengo serias dudas de la idoneidad de algunos de los profesionales que dirigieron estas excavaciones”, señaló Morales.
Para el Procurador se ha producido una revictimización de los familiares de la masacre que se han visto afectados por las exhumaciones y lamenta que el Juez de Paz de Meanguera, que debía ejercer el control del cumplimiento de los estándares que exige la sentencia, “no realizó esa labor de control”.
Krisia Moya,  confirmó esto: “Los de la CSJ enseñaron los documentos de los canadienses. A Ticas (criminalista forense) y los demás los acreditó la FGR, pero se solicitó al juez que verificara si alguna universidad los acreditaba para poder realizar esto, porque sus carreras eran muy distintas a lo que estaban ejerciendo”. De parte de la CSJ los peritos explicaron que habían recibido técnicas adecuadas por parte de los antropólogos argentinos.
Los abogados de las víctimas aseguran que las únicas instituciones para acreditar especialistas son las universidades o el Ministerio de Educación a través de la Ley de Educación Superior.
“Hay dudas sobre su experiencia porque estos son casos de lesa humanidad y no es cualquiera el que dice que va a venir a hacer un hoyo y ya estuvo, no es una exhumación cualquiera. Al final a ellos no les interesa tanto el cuerpo, sino la prueba. Fue una actitud fea de los fiscales que estaban en la escena porque la gente les preguntaba porque habían hecho alguna cosa y no otra. Los primeros días los recibían bien, pero ya después como les pedían explicaciones ya no les dirigían la palabra, a la gente nueva que se acercaba y decían que eran familiares solo les decían firme acá y no les explicaban nada del proceso”, aseguró Moya.
Morales ha abierto una verificación en contra de las actuaciones del Juez de Paz y prepara una resolución sobre esta situación para ser remitida a la CIDH, quien verifica el cumplimiento de esta sentencia.
Además lamenta que la FGR no ha tenido las coordinaciones adecuadas con las instituciones involucradas en este caso. “No notificó a la PDDHH la diligencia de las exhumaciones, marginó de las diligencias a la Asociación de Víctimas de El Mozote y a la misma oficina de Tutela Legal ‘María Julia Hernández’, quienes son los representantes legales de las víctimas”, afirmó.
Otro aspecto discordante es que se ha tratado de evitar la participación del equipo argentino de antropología forense que dirigió todas las exhumaciones en el caso de El Mozote en los años anteriores, a pesar de que es un equipo con reconocimiento mundial, que se ofreció a participar sin costo económico alguno para el Estado de El Salvador y sin embargo, la FGR no permitió su involucramiento ni el Instituto de Medicina Legal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pese a que reiteradamente la mayoría de familiares de víctimas que fueron entrevistadas pidieran la participación del mismo. Para el Procurador, desoír dicha petición es un agravio para las víctimas.
Para Morales vale la pena destacar que el proceso de El Mozote se ventiló (desde la primera denuncia) en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, donde se encuentra toda la prueba forense, no solo la que produjo el equipo argentino sino que también la que elaboraron varios forenses de fama mundial, entre ellos el antropólogo forense Clyde Snow, fallecido el año anterior, así como toda la prueba testimonial en contra de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES).
Sin embargo, “la FGR pretende desconocer ese proceso histórico y se ha negado a mostrarse parte del mismo, se ha negado a pedir la nulidad de la Ley de Amnistía en el caso de El Mozote y ha abierto un proceso paralelo en el Juzgado de Meanguera desde el cual ha impulsado estas exhumaciones que no cumplen con los estándares de la sentencia internacional, revictimizando a las familias”, comentó Morales.
Según el Procurador y los abogados representantes de las víctimas “los peritos de la Fiscalía no cuentan con acreditaciones, ni títulos académicos o atestados que demuestren sus capacidades y competencias para realizar ese trabajo. Simplemente la Fiscalía los ha acreditado otorgándoles una plaza, pero en realidad son arqueólogos, criminalistas, etcétera”.
El caso de la masacre de El Mozote y sitios aledaños se encuentra sin persecución penal porque se aplicó la Ley de Amnistía en 1993, pero la CIDH ha ordenado que la normativa no puede ser un obstáculo para investigar el caso, porque sería una violación a la Convención Americana de Derechos Humanos,” por lo tanto es obligación del Fiscal pedir la inaplicabilidad de la Amnistía en el caso concreto y reabrir las investigaciones tomando en cuenta toda la prueba forense y testimonial anterior. Pero se ha evadido esta responsabilidad por la FGR y se ha abierto un proceso paralelo de tal manera que invisibiliza, desconoce la prueba anterior y lo que favorece es la impunidad…pretendiendo generar nueva prueba”, sentenció Morales.
Para la Procuraduría, la decisión de desconocer la mayor parte de prueba científica y testimonial en este caso debilitaría cualquier investigación futura sobre los responsables directos de este crimen, “por lo tanto parecería una estrategia fiscal que favorece la impunidad de los represores que perpetraron la masacre, dejando en duda la verdadera voluntad de esclarecer la verdad de este crimen”.
“Ya que hubo diligencias en Meanguera, lo correcto es que esas diligencias sean remitidas al Juzgado de San Francisco Gotera y el Fiscal solicite la nulidad de la Amnistía en el caso de El Mozote y a partir de la prueba que ya existe, empuje la investigación contra los perpetradores de la masacre”, concluye Morales.
La audiencia especial para suspender las exhumaciones se desarrolló con la participación de la FGR, Tutela Legal, Medicina Legal de la CSJ, PDDH, las víctimas y sus familiares.
El juez ha dado un lapso de tiempo hasta noviembre de 2015 para que se superen las deficiencias arriba descritas y evitar una mayor revictimización por parte de la FGR y para que tenga en cuenta las peticiones y las explicaciones que piden los familiares de las víctimas sobre el proceso.
No obstante la FGR, ha trabajado ocho escenas en las cuales se han recuperado alrededor de 30 osamentas y esas serán las ultimas en trabajar por orden del Juez.
Al final, Medicina Legal también apoyó que se suspendieran las exhumaciones para darle el acompañamiento adecuado a las víctimas y cumplir los parámetros de la sentencia de la CIDH, sin embargo, la FGR, no satisfecha con el fallo del juez consideró la posibilidad de recurrir en apelación, aun cuando las victimas rechazan su presencia en la zona.
Los representantes legales están gestionando atención psicosocial para las víctimas, y que estén mejor preparadas para cuando se reinicie el proceso de exhumaciones.
Desde el viernes pasado se intentó contactar con Mario Jacobo, Asesor en casos de violaciones a Derechos Humanos de la FGR, con quien se habló al inicio del proceso de exhumaciones, para tener su versión de los hechos, pero el teléfono sonaba apagado.