Por Alberto Ampuero
La Suprema Corte de Estados Unidos anuló una de las secciones más importantes de la Ley de Derecho a Voto diseñada para proteger el derecho a votar de las minorías, al considerar que ciertas disposiciones de esa norma ya no corresponden con la realidad.
Según la sentencia, «las cosas han cambiado radicalmente» en los últimos 50 años.
La ley de Derecho a Voto de 1965 establece que aquellos Estados y condados que participaron en la segregación racial o donde se hayan producido casos de discriminación contra votantes en unas elecciones, deben someter cualquier cambio a sus normativas electorales a la aprobación del Gobierno federal.
La histórica ley prohibió prácticas en el sur del país que impedían a los afroestadunidenses acudir a las urnas.
Aunque originalmente fue diseñada pensando en la minoría de ciudadanos negros, después benefició a otros grupos, como los latinos, sobre todo por los requisitos de identificación.
La ley de Derecho a Voto, obra del Gobierno de Lyndon Johnson, fue renovada por última vez en 2006 y durante 25 años más por el Congreso.
Pero un condado de Alabama acudió a los tribunales para protestar por el requerimiento en la normativa de que ciertos estados con historial de segregación racial deben obtener la aprobación del gobierno federal antes de realizar cualquier cambio a sus normas electorales.
El condado de Shelby asegura tener derecho a organizar sus elecciones sin supervisión especial y, en particular, se quejaba de que la vigilancia llegue hasta al menos 2031.
La Corte ha dado la razón a Alabama con cinco votos a favor y cuatro en contra, por lo que el apartado esencial (la Sección 4 de la legislatura), la que determina qué Estados deben solicitar permiso al Departamento de Justicia para modificar sus leyes electorales, no podrá ser aplicada hasta que el Congreso acuerde los nuevos criterios de la ley.
La corte, de hecho, sugiere al Congreso que encuentre otra «fórmula basada en las condiciones actuales» para decidir qué zonas necesitan más supervisión en lugar de utilizar datos de los años 60.
Obama comentó la sentencia del Supremo. «Estoy profundamente decepcionado», dijo.
«La ley ha permitido garantizar el derecho a voto de millones de estadounidenses durante las últimas cinco décadas, pero la decisión de la Corte que hoy invalida uno de sus principales artículos, acaba con décadas de prácticas consolidadas para impedir que el voto sea justo, sobre todo allí donde ha prevalecido la discriminación a lo largo de la historia”.
Los estados incluidos desde 1965 son Arizona, Texas, Louisiana, Alabama, Mississippi, Georgia, Carolina del Sur y Virginia, así como algunos condados de Carolina del Norte.
Para la Corte Suprema la historia es otra.
Los jueces subrayaron que los artículos sobre la vigilancia de los colegios electorales y las autoridades locales eran medidas temporales «que tenían que haber caducado después de cinco años».
La Corte destacó, además, que la fórmula que determina qué Estados tienen que buscar ese permiso se basa en las condiciones y situación de esas zonas en los años 60 y 70, que no han sido actualizadas para reflejar los avances en derechos civiles en las últimas décadas.
El Comité Nacional del Partido Demócrata rechazó que los casos de discriminación hayan desaparecido. “Durante los últimos años los republicanos han aumentado sus esfuerzos para limitar el acceso a las urnas. Han aprobado leyes de restricción de voto y han limitado los horarios de los colegios electorales. La lista continúa. Estas amenazas son reales”.
La prueba está en que la ley de Derecho a Voto cobró especial relevancia en los últimos dos años, cuando la Administración Obama bloqueó varias leyes electorales impulsadas por gobernadores republicanos al estimar que discriminaban contra las minorías.
Estas normas, conocidas como ‘leyes de supresión de voto’, fueron protagonistas de las últimas elecciones presidenciales en 2012, pues a medida que se intensificaba la campaña electoral, un creciente número de estados intentaba limitar la cantidad de personas que podían votar. El Gobierno bloqueó modificaciones en Texas, Florida y Carolina del Sur gracias a la ley de Derecho a Voto.
El fiscal general, Eric Holder, aseguró que la sentencia del Supremo es «un golpe a la piedra angular de los derechos civiles» de Estados Unidos. «No dudaremos en aplicar todas las leyes y todos nuestros recursos legales contra aquellas jurisdicciones que quieran aprovechar esta sentencia para poner en peligro el derecho a voto de los ciudadanos», advirtió.
Por su parte, la Organización Nacional para las Mujeres (NOW) consideró que la decisión judicial socava la legitimidad de la Suprema Corte como un «árbitro neutral».
“Es increíble, es inconcebible que a esta altura de nuestra historia, cuarenta y ocho años después de que se aprobara la Ley de Derecho al Voto, estemos tratando de retroceder”.
Alberto Ampuero es periodista de Riverside, California.
Fuente: ARGENPRESS.Info
