Fuerza excesiva de la seguridad colombiana

Un total de 650 organizaciones de la sociedad civil llamamos a una exhaustiva investigación de la represión de la protesta social y solicitamos a la CIDH mantenerse alerta.

Las Américas, 7 de mayo, 2021.- Las organizaciones abajo firmantes condenamos el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de las fuerzas de seguridad colombiana como respuesta a las protestas que iniciaron el 28 de abril en todo el país. Solicitamos al Estado cesar de manera inmediata el uso arbitrario y excesivo de la fuerza para evitar mayores vulneraciones a los derechos humanos de la población. Asimismo, teniendo en cuenta el importante rol que la comunidad internacional puede tener ante esta situación, hacemos un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a que solicite la anuencia del Estado para visitar el país e instalar un mecanismo independiente de expertas y expertos que colabore con la investigación de lo ocurrido.

A una semana de haber comenzado las manifestaciones sociales, por el descontento de la población por una propuesta de reforma tributaria, la crisis económica y de salud en el marco del COVID-19 y el aumento de las masacres y asesinatos de líderes y personas defensoras de los derechos en todo el territorio nacional, la Fuerza Pública ha respondido con el uso desproporcionado de armas de fuego y la intervención de las fuerzas militares. Ello ha dejado decenas de personas sin vida y resultado en detenciones arbitrarias, judicializaciones, actos de violencia sexual, desaparición de personas, cientos de heridos y un sin número de denuncias de abuso policial.

Igualmente, se ha evidenciado un elevado número de agresiones por parte de la fuerza pública en contra de la prensa y personas defensoras, acompañado de declaraciones de funcionarias, funcionarios y figuras públicas, que alientan el uso de armas letales. Ello, además, no ha sido contrarrestado por una posición oficial estatal rechazando públicamente el uso de la violencia en el marco de las protestas, sino más bien, el presidente ha autorizado la participación de las fuerzas militares en funciones de control de orden público.

A la luz de estos hechos, las organizaciones firmantes recordamos que el derecho a la protesta juega un papel esencial en la defensa de la democracia y los derechos humanos. La protesta se encuentra fuertemente asociada a los derechos a la libertad de expresión, el derecho de reunión, la participación en asuntos de la vida pública y la libertad de asociación. La protesta, como forma de acción individual y colectiva tiene como fin, entre otras, la expresión de ideas, la denuncia y reivindicación de derechos, la exigibilidad de políticas con justicia social. Asimismo, genera obligaciones específicas para los Estados, quienes deben respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en contextos de protesta, lo que incluye garantizar las actividades previas o conexas, principalmente actividades en línea, como pueden ser las convocatorias espontáneas para manifestarse por redes sociales. Además, el Estado debe facilitar el ejercicio del derecho a la protesta sin ningún tipo de estigmatización. Resulta especialmente relevante recordar que las fuerzas armadas no deben actuar en estas situaciones, pues su función y formación no está dirigida a este tipo de intervenciones.

De igual forma recordamos que, de conformidad con los estándares internacionales, los Estados tienen la obligación de satisfacer los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad del uso de la fuerza. Así, el uso de la fuerza debe tener un objetivo legítimo, limitar su uso ante la inexistencia de otros medios que permitan tutelar los derechos a la vida e integridad personal y ser proporcional al peligro existente.

Por ello, hacemos un llamado al Estado colombiano al cese inmediato del uso de la fuerza y al uso de armas letales y no letales, al cese de la violencia sexual como castigo y tortura y atender sus obligaciones internacionales en relación con el derecho a la protesta, incluyendo su obligación de respetar, proteger y facilitar las condiciones para el ejercicio de este derecho, así como permitir y brindar garantías a la labor de la prensa y las y los defensores de derechos humanos en terreno. Además, hacemos un llamado al Estado a propiciar espacios de diálogo e intercambio con la sociedad manifestante.

Asimismo, evidenciamos que estamos ante una situación que se ha repetido al menos en los últimos tres años, sin una respuesta estatal eficaz que permita superar la impunidad, así como la falta de una política integral en relación con el uso de la fuerza en el marco de la protesta social. El escenario actual evidencia la debilidad y falta de voluntad institucional para superar dichos obstáculos.

Por ello, ante la frágil situación institucional y la gravedad de las violaciones denunciadas, hacemos un llamado a la CIDH a: condenar enérgicamente los hechos de violencia y represión de la protesta social en Colombia, realizar una visita al país para verificar la gravedad de las violaciones a los derechos humanos, así como el estado de impunidad y la falta de investigación de hechos similares ocurridos en los años anteriores.

De igual forma, consideramos indispensable que la CIDH establezca un mecanismo independiente en el terreno para colaborar con las autoridades nacionales en la investigación, el cual puede ayudar a esclarecer lo ocurrido, superar la impunidad de estos graves hechos y recomendar medidas que contribuyan a la no repetición de los mismos.

Finalmente, hacemos un llamado a todos los actores y a la sociedad en general a defender el derecho a la protesta, condenar enérgicamente la violencia desproporcionada con que actúa la fuerza pública en el marco de las protestas sociales en Colombia y a exigir las reformas pertinentes que reclama la población para que el actual escenario de represión no se vuelva a repetir.

Firman:

Globales:

Regionales:

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Bolivia:

Brasil:

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Chile:

Colombia: