Foto: AGN
El 3 de octubre, el Congreso de Guatemala eligió a 26 nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia para el período 2024-2029. Trece serán magistrados y trece serán suplentes . El 13 de octubre, los candidatos prestarán juramento y comenzarán su mandato. La selección de los magistrados se produce en un momento crítico para la democracia en Guatemala, ya que el Ministerio Público y las autoridades judiciales están intensificando sus esfuerzos para socavar al presidente Bernardo Arévalo y al partido Semilla.
Observadores internacionales y organizaciones no gubernamentales han expresado su preocupación por el resultado de la votación en el Congreso. Impunity Watch señaló que el Congreso eligió a los jueces en dos horas, sin entrevistarlos ni analizar su integridad. El Panel de Expertos Independientes señaló una “falta de estándares” en la elección. Ana María Méndez, de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, declaró en X: “La mafia ganó la batalla” por la Corte Suprema. Los analistas guatemaltecos también han señalado la falta de idoneidad de los jueces. Se informa que varios de los magistrados electos de la Corte Suprema tienen estrechos vínculos con Roberto López Villatoro, un empresario conocido como el “Rey del Tenis”, que fue condenado por manipular los procedimientos electorales judiciales anteriores en Guatemala. Villatoro influyó en los miembros de las comisiones de nominación mediante sobornos y favores. Otros candidatos han sido vinculados con el caso de las Comisiones Paralelas de 2020, un esquema creado por Gustavo Alejos Cambara para influir en las comisiones de nominación en el ciclo electoral judicial anterior de Guatemala. Además, varios miembros de los jueces elegidos habían formado parte de una de las comisiones de nominación, lo que supone un conflicto de intereses .
El día de la elección, el Ministerio Público inició una investigación intimidatoria contra las comisiones de postulación. La Organización de los Estados Americanos (OEA) fue invitada por el gobierno de Guatemala a observar el proceso de selección judicial y, como parte de esa observación, había solicitado una reunión con los miembros de alto rango de las comisiones de postulación. La carta nunca fue respondida y la reunión nunca se llevó a cabo. Sin embargo, el Ministerio Público, bajo el liderazgo de la Fiscal General Consuelo Porras, envió una carta a estos mismos miembros de alto rango, preguntando si habían recibido una solicitud para reunirse con la Misión de la OEA. La Fiscalía Especial Contra la Impunidad abrió una investigación contra las comisiones de postulación, a raíz de la solicitud de reunión, que había sido hecha por el Embajador de la OEA, Diego José Paz Bustamante. En un comunicado de prensa del 3 de octubre, la OEA expresó su preocupación por los esfuerzos del Ministerio Público para “ influir en el proceso de elección de autoridades del sistema de justicia de Guatemala”. “ Condenamos la carta enviada por el Ministerio Público que no hace más que meterse en un proceso y pretender abrir una investigación que no tiene mérito alguno, con el pretexto de una solicitud de reunión, y busca una vez más amedrentar y criminalizar a ciertos actores”, señala el comunicado. La Unión Europea en Guatemala manifestó su apoyo al trabajo de la OEA, al igual que el Embajador Frank O. Mora, Representante Permanente de Estados Unidos ante la OEA.
Tras la elección, el presidente Bernardo Arévalo emitió un comunicado instando a los nuevos magistrados a respetar los derechos humanos, luchar contra la impunidad y permitir que los guatemaltecos recuperen la confianza en el sistema de justicia.
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