Hora de retirar los cargos contra los líderes de Santa Marta

Exigen libertad plena para cinco defensores del agua y contra la minería, que se encuentran en libertad condicional. Navegan sobre el lago Suchitlán. Foto CISPES

Por Omar Serrano

SAN SALVADOR, El Salvador, 09/04/2024.- Fui sorprendido el 11 de enero del año pasado con la detención de los cinco líderes de Santa Marta. Me sorprendió porque conozco la trayectoria de su liderazgo comunitario, especialmente la de Antonio Pacheco, que con sus compañeros y junto a la comunidad han llevado a Santa Marta y a la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES) Santa Marta a convertirse en un ejemplo de lucha, dignidad y organización. Se les acusa del asesinato de la señora María Inés Alvarenga, ocurrido en el contexto de la guerra civil, en agosto de 1989.

Desde mi compromiso con el esclarecimiento de la memoria histórica y con las víctimas, sean de donde sean, en un principio el asunto me pareció complejo, aunque nunca estuvo en duda de que los cinco de Santa Marta eran víctimas de quienes en estos momentos tienen el monopolio del aparato de justicia. Pronto se fue despejando el panorama. Los detenidos pasaron cautivos casi 8 meses en condiciones deplorables ya denunciadas, y desde el 5 de septiembre del año pasado cumplen arresto domiciliario. El 3 de abril, comenzó la audiencia preliminar, que continuará el miércoles 10 de este mismo mes. En más de un año que lleva el proceso, las cosas se han ido asentando y, como dijo Mary Lawlor, relatora especial para Defensores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, es hora ya de que el Estado retire lo cargos. Varias razones dejan claro que ese tiempo ha llegado.

En primer lugar, en todos estos meses, la Fiscalía ha sido incapaz de demostrar la participación de los procesados. Según ha trascendido, el único recurso presentado es un testimonio contradictorio de un testigo criteriado que primero dijo que fue testigo presencial y después que le habían contado. También dijo conocer el lugar donde yacen los restos de la víctima, pero la exhumación, que se extendió por varios días, fue infructuosa. En más de un año solo entrevistaron a un testigo circunstancial que no abona en nada a deducir responsabilidades.

En segundo lugar, según la legislación penal que se está aplicando en este caso, el supuesto crimen ya prescribió. Además, la Ley de Reconciliación Nacional, aprobada en 1992 y vigente gracias a la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía de 1993, ampara este tipo de delitos. Sin embargo, a sabiendas de esto, la Fiscalía tipificó el hecho como un crimen de lesa humanidad que no tiene prescripción, pero se equivocó: lo ocurrido con la víctima no corresponde con ese tipo de crimen. Según el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, un crimen de lesa humanidad es un hecho de carácter generalizado, por lo que se entiende que ha sido planificado para múltiples personas y, además, sistemático. El asesinato de la señora Alvarenga no fue parte de un ataque generalizado ni sistemático; por tanto, no puede ser tipificado como un crimen de lesa humanidad.

Una de las organizaciones que defienden a las víctimas del régimen de excepción de Bukele.

En tercer lugar, la detención de los líderes comunitarios de Santa Marta y la ADES es, sin duda, el acontecimiento que más solidaridad nacional e internacional ha despertado en los últimos años. La relatora Lawlor le está dando seguimiento cercano al proceso. A la audiencia inicial del 3 de abril se hicieron presentes, en calidad de observadores, representantes diplomáticos de Canadá, Francia, Alemania y de la Unión Europea, y representantes de organizaciones españolas. Por supuesto, no se trata de que se les deje en libertad porque hay presión internacional, sino porque no se han presentado pruebas de las acusaciones, porque se han desestimado sin argumentos convincentes casi todos los recursos interpuestos por la defensa y porque queda expuesta la disfuncionalidad del Estado de derecho en el país.

Las razones anteriores autorizan a pensar que el fondo de la cuestión no es aclarar la verdad de lo que pasó con doña María Inés, sino penalizar el activismo social y la organización comunitaria. Para nadie es un secreto que la fuerza de los pobres está en la organización y que el papel jugado por la comunidad de Santa Marta y la ADES fue fundamental en la lucha frente a la minería metálica, que tuvo como epicentro al departamento de Cabañas. La persecución contra estos líderes comunitarios busca desarticular la organización comunitaria y atrofiar la resistencia ante una eventual nueva ofensiva de la minería metálica industrial. Si realmente la Fiscalía y el Estado quieren recuperar la memoria histórica, deberían comenzar con masacres como la del río Lempa, perpetrada en 1981 y, que según investigó la Comisión de la Verdad, dejó más de doscientos muertos, la mayoría de la comunidad de Santa Marta.

Materia prima sobra en el país para recuperar la verdad de los crímenes cometidos, pero ningún gobierno desde la firma de la paz se ha comprometido a ello, porque descubrir la verdad, reclama justicia. Toda muerte debe ser aclarada, pero no tergiversando la verdad por intereses políticos y económicos. Es hora ya de terminar con este proceso y dejar libres a quienes han sido señalados sin ningún fundamento.

 

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