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Un juez del estado de Dakota del Norte afirmó que ordenará a Greenpeace pagar una indemnización estimada en 345 millones de dólares, una medida que podría llevar a la organización ambientalista a la bancarrota.
El año pasado, un jurado falló a favor de Energy Transfer, la corporación a cargo del oleoducto Dakota Access, en un juicio de amplia repercusión en el que la empresa con sede en Texas acusó a Greenpeace de incurrir en conductas delictivas al brindar capacitación y financiamiento a las protestas lideradas por comunidades indígenas que se llevaron a cabo en la reserva Standing Rock entre 2016 y 2017.
Greenpeace argumentó que la demanda formaba parte de un evidente intento de las corporaciones de socavar el derecho a la libertad de expresión. En marzo de 2025, Democracy Now! habló con Deepa Padmanabha, principal asesora legal de Greenpeace Estados Unidos.
Deepa Padmanabha: “Es importante entender que este juicio no solo desconoce de manera obvia y flagrante el liderazgo indígena y la resistencia indígena, sino que es un caso que va mucho más allá de Greenpeace. También es un ataque contra todo el movimiento [ambientalista] y contra nuestros derechos a la libertad de expresión y a la protesta pacífica consagrados en la Primera Enmienda”.
El juez James Gion había reducido previamente la indemnización fijada por el jurado casi a la mitad, de más de 670 millones de dólares a unos 345 millones de dólares. Greenpeace podría presentar un recurso de apelación ante la Corte Suprema de Dakota del Norte.
