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Un juez federal impidió temporalmente el martes que el Gobierno de Trump rescinda los permisos de trabajo de decenas de miles de solicitantes de asilo e inmigrantes con Estatus de Protección Temporal (TPS). En su fallo, el juez federal de distrito Nathaniel Gorton afirmó: “Las consecuencias que enfrentan los demandantes podrían ser graves”. Se espera que Gorton emita otro fallo el 5 de agosto.
La demanda al respecto fue presentada a principios de este mes por la organización Democracy Forward en nombre de los demandantes. En respuesta al fallo, la presidenta de Democracy Forward, Skye Perryman, declaró en un comunicado: “De no haberse adoptado esta medida, familias que han cumplido con la ley y han confiado en protecciones humanitarias vigentes desde hace tiempo se enfrentaban a la pérdida repentina de sus permisos de trabajo y de su capacidad para mantenerse, sin haber cometido falta alguna”.
Comisión del Gobierno de EE.UU. pone fin al requisito que exigía a empleadores recopilar datos demográficos de su personal
La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, la agencia encargada de hacer cumplir las leyes de derechos civiles y contra la discriminación laboral en Estados Unidos, ha puesto fin a una política vigente desde hace más de 60 años que obligaba a los empleadores del sector privado a recopilar datos demográficos de su personal. La mayoría republicana de dicha agencia votó el martes, por dos votos contra uno, a favor de eliminar ese requisito.
La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, Andrea Lucas, es una aliada de Trump que ha criticado abiertamente las políticas de diversidad, equidad e inclusión.
La agencia se creó en virtud de la Ley de Derechos Civiles de 1964 que establece protecciones que prohíben la discriminación por motivos de raza, género, sexo, nacionalidad y religión.
Kalpana Kotagal, la única persona demócrata que permanece en la agencia desde que Trump la reestructuró, afirmó: “Hoy la comisión debate un posible retroceso a la etapa previa al movimiento por los derechos civiles, una decisión que dejaría seriamente debilitada su capacidad para proteger a los trabajadores”.
