En Los Ángeles, la jueza federal Dolly Gee ha ordenado el nombramiento de un monitor independiente para obligar al Gobierno de Trump a mejorar los estándares de salud y seguridad en los centros de detención de inmigrantes que albergan menores.
La orden judicial se produce después de que varios abogados presentaran testimonios de migrantes que declararon haber sido sometidos a extensos abusos durante su detención, como ser pateados mientras dormían, forzados a beber agua del inodoro, recibir solo alimentos en mal estado y no contar con tratamiento médico.
Los abogados también afirman que a los menores detenidos se les ha inyectado con fármacos psicotrópicos sin el consentimiento de los padres.
