Foto: cortesía Democracy Now!
El programa obliga a solicitantes de asilo a “permanecer en México” mientras se procesan sus peticiones.
La Corte Suprema de Estados Unidos ha restituido el controvertido programa conocido como “Permanecer en México” que implementó el Gobierno de Trump. El fallo del martes se produjo después de que un juez federal de Texas designado por Trump ordenara la semana pasada que el Gobierno de Biden restableciera la política impuesta en 2019, conocida formalmente como los Protocolos de Protección a Migrantes.
El programa obligó a unos 68.000 solicitantes de asilo a aguardar en México, a menudo en condiciones extremadamente peligrosas, mientras sus casos eran analizados en los tribunales de Estados Unidos. Muchos solicitantes de asilo denunciaron haber sufrido secuestros y padecido una violencia brutal mientras esperaban en México.
Activistas en defensa de la justicia para las personas inmigrantes se comprometieron a seguir luchando contra dicha política. En noticias relacionadas, la agrupación Human Rights First ha registrado más de 6.000 secuestros, agresiones sexuales y otros actos brutales de violencia contra solicitantes de asilo, a quienes no se les ha permitido ingresar a Estados Unidos por los pasos fronterizos de entrada al país o se los ha expulsado rápidamente a México desde que el presidente Biden asumió el cargo.
La agrupación denuncia el uso continuo por parte de Biden del programa denominado “Título 42”, una política implementada durante la presidencia de Trump que permite que las autoridades de inmigración expulsen a solicitantes de asilo sin el debido proceso. El Gobierno de Biden justifica las expulsiones alegando motivos de salud pública a raíz de la pandemia.
Jueza culpa al DHS por no considerar el daño ecológico causado por militarización de la frontera con México

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Defensores de la justicia social y medioambiental están celebrando un fallo federal que afirma que el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos violaron la ley debido a que no hicieron un análisis correspondiente de cómo la creciente militarización de la frontera entre Estados Unidos y México perjudicaría el medioambiente y la vida silvestre.
El fallo del lunes se produjo después de que el Centro para la Diversidad Biológica y el congresista demócrata del estado de Arizona Raúl Grijalva presentaran una demanda en 2017.
