Por Teresa Gurza
Confirmamos en manos de quien está la justicia electoral con las declaraciones del magistrado Flavio Galván, presidente del TRIFE, quien cínicamente nos hizo saber que el “haber de retiro” o pensión vitalicia que les regalaron los senadores, “garantiza la imparcialidad” de sus resoluciones.
Y aunque tres días después las críticas lograron que los magistrados recularan por sentirse “insultados y agredidos”, ya Galván había reconocido que sin pagos, pueden ser corruptos y parciales.
Su confesión, hecha sin más tortura que el temor a perder varios millones, debiera ser motivo para exigírsele ipso facto su renuncia; porque no podemos tener confianza en quien advirtió que son esos privilegios desmedidos, los que “garantizan a la sociedad profesionalismo e imparcialidad”.
Terrible haber llegado ya a esos extremos de corrupción auto-reconocida; pero positivo saber que la presión social es capaz de echar para atrás, resoluciones legislativas.
Debemos aprovechar este momento y el escándalo que justamente se ha armado, para quitarles a magistrados, jueces, asesores, consejeros, senadores y diputados, las ventajas económicas que ostentan sobre el resto de los trabajadores.
Porque no es posible que mientras 53 por ciento de los compatriotas apenas si sobreviven en la pobreza; que mientras el salario mínimo es de solo 67 pesos diarios y la pensión para algunos de la tercera edad no llega a 600 pesos mensuales, ellos gocen de sueldos de casi medio millón al mes.
Inconcebible que los partido de oposición no hayan actuado con la contundencia requerida y cuando mucho propongan medidas paliativas que no resuelven los problemas de corrupción y desigualdad.
Y que tras de todo se digan timados.
Legisladores del PRD y el PAN juran que el PRI los engañó y el tal “haber de retiro”, les fue metido de contrabando; porque su inclusión no fue aprobada las varias ocasiones en que les fue solicitada.
Que raro; porque pareciera que están ya suficientemente grandecitos y curtidos como para que les den atole con el dedo, o les metan el dedo en la boca o en otros orificios.
Y el PRI propone como gran solución, que el pago de pensiones altísimas a quienes estuvieron en la cima de ganancias mensuales años enteros, se reduzca “únicamente” a 24 meses.
Basta ya de seguir con esas millonarias prerrogativas que la “democracia” que aún no hemos alcanzado, trajo a las élites políticas.
Los beneficios y riquezas del país deben ser para todos y no exclusivamente para unos cuantos gandallas como ahora sucede.
Las percepciones mensuales de esos magistrados, ascienden a 316 mil 442 pesos; cifra superior en cientos de miles a los salarios de la inmensa mayoría de mexicanos; y mayores por cierto a las de sus colegas de muchas partes del mundo.
Y esa elevada cantidad no es la total; hay que sumarle 20 mil pesos para “comida”; pasajes de avión en primera clase; hoteles Gran Turismo y viáticos; pago de chóferes, asesores y ayudantes; seguros de vida, de retiro, de gastos médicos mayores y de separación individualizada; celulares y automóviles.
Galván por ejemplo, según publica el diario Reforma, tiene cinco vehículos a su disposición.
Reciben además compensación por servicios especiales, y antigüedad; y aunque no lo sean, estímulos por el Día de la Madre y el Día del Niño; ayudas de traslado y para seguridad; pagos por “riesgo” que no se les da ni a los bomberos; y reconocimientos monetarios especiales en épocas electorales.
En lugar de dedicar su poco o mucho talento a incrementar prebendas propias y ajenas, los legisladores debieran estar pendientes de evitar que los gobiernos no dilapiden como si fuera manda; y preocuparse por la corrupción que parece ser el PAN ( y el PRI y el PRD) de cada día.
Ahí tenemos por ejemplo a Gregorio Guerrero Pozas, contralor del INE quien dice que su reto en el cargo será DISMINUIR la que en ese carísimo organismo; y algo sabrá de eso don Gregorio, porque fue también contralor en el muerto IFE.
Y la revista Proceso muestra que siendo Presidente, Felipe Calderón se disfrazaba de marinerito y dedicaba días enteros a velear; usando para ello embarcaciones, recursos monetarios y personal de la Secretaría de Marina.
¿Cuándo entrarán a investigar todo eso, los diputados?
