La organización Common Cause provee herramientas a ciudadanos para dejar en claro que las corporaciones no son personas y que dinero no es libertad de expresión
Debido a la decisión de la Corte Suprema conocida como Citizens United vs. FEC, desde enero del 2010 se ha permitido legalmente que las corporaciones gasten cantidades de dinero ilimitadas para influir las elecciones. Esta decisión hace que los gastos de campañas electorales se consideren libertad de expresión y por ello, quedan protegidos bajo la Primera Enmienda.
Además declara a las corporaciones legalmente como personas. Por primera vez en un siglo, la decisión Citizens United abrió puertas a que las tesorerías de las corporaciones domésticas y extranjeras utilicen sus fondos para influir directamente las elecciones. Existe una enorme indignación pública sobre la cantidad de dinero que gastan los Súper PACs y otros grupos secretos de intereses políticos. Las elecciones del 2010 vieron un récord de gastos en particular por donadores anónimos. Se estima que los gastos para las elecciones del 2012 alcance los 4 mil millones de dólares.
Cuatro de cada cinco votantes opinan que la decisión de Citizens United es errónea; que las corporaciones deben mantenerse fuera de las elecciones, y que gastos razonables y límites en la cifra de gastos son necesarios para evitar que los intereses especiales hundan las voces de los individuos. Existe un creciente movimiento para denunciar la decisión deCitizens United con el propósito de restaurar la confianza pública en nuestra democracia.
La organización Common Cause respalda la campaña Amend 2012 (Enmendar 2012 )www.amend2012.org que da a los ciudadanos las herramientas necesarias para organizarse, formular peticiones, cabildear y organizar campañas que apoyan iniciativas de voto en sus estados y localidades.
Esto da a los votantes la oportunidad directa de hacer un llamado a la revocación de Citizens United durante las elecciones del 2012 al poder incluir medidas bajo el proceso de “voter instruction” (instrucción de votantes) en las boletas de noviembre en todos los estados que sea posible.
Estas medidas instruirían al Congreso que adopte una enmienda constitucional para hacer claro que las corporaciones no son personas y que autoricen límites en gastos políticos, devolviendo así el gobierno a sus dueños las personas, y no dejar que sea un gobierno comprado y financiado por los intereses especiales.
