La organización ambientalista advierte que la iniciativa podría debilitar importantes leyes de protección ambiental y provocar daños irreversibles a la vida silvestre, los recursos naturales y las comunidades.
WASHINGTON, D.C. — La National Wildlife Federation (NWF), una de las principales organizaciones conservacionistas de Estados Unidos, expresó su rechazo al Proyecto de Ley Bipartidista de Empleo y Asequibilidad Estadounidense (Bipartisan American Affordability and Jobs Act), así como a una enmienda sustitutiva presentada por sus promotores, que plantea reformas al proceso federal de aprobación de permisos para proyectos de infraestructura y desarrollo industrial.
Aunque reconoció algunos aspectos positivos de la propuesta, la organización advirtió que sus disposiciones podrían debilitar importantes salvaguardas ambientales y poner en riesgo los ecosistemas, las tierras públicas y los derechos de las comunidades indígenas.

“National Wildlife Federation tiene un gran respeto por los principales negociadores del proyecto de ley y agradece su disposición a escuchar aportes y trabajar para mejorarlo”, manifestó Collin O’Mara, presidente y director ejecutivo de la organización.
O’Mara destacó que la entidad comparte la urgencia de modernizar la red eléctrica, ampliar el uso de energías limpias y reducir la contaminación climática. También valoró las disposiciones destinadas a aprovechar mejor la capacidad de transmisión eléctrica existente mediante nuevas tecnologías, instalar infraestructura en corredores ya intervenidos —en lugar de afectar espacios naturales y hábitats vírgenes— y mejorar la planificación energética interregional y marítima.
Asimismo, reconoció los recursos contemplados para la limpieza de antiguas minas de roca dura y el fortalecimiento de la resiliencia de las zonas costeras.
Sin embargo, advirtió que estos avances no compensan los riesgos ambientales que, a juicio de la organización, contiene la legislación.
“La National Wildlife Federation es una organización conservacionista comprometida con garantizar que la vida silvestre y las personas puedan prosperar en un mundo en constante transformación”, señaló.
El dirigente explicó que entre las principales amenazas para la fauna silvestre figuran la pérdida de hábitats, las enfermedades, la contaminación y las especies invasoras, problemas que se agravan con el cambio climático. Si bien reconoció que la protección de la biodiversidad requiere acelerar la reducción de emisiones contaminantes, sostuvo que los beneficios climáticos esperados del proyecto de ley no están garantizados.
La mayor preocupación de la NWF se centra en las concesiones que, según advierte, debilitarían leyes fundamentales como la Ley de Agua Limpia (Clean Water Act), la Ley de Preservación Histórica Nacional (National Historic Preservation Act), la Ley Nacional de Política Ambiental (National Environmental Policy Act) y la Ley de Especies en Peligro de Extinción (Endangered Species Act).
La organización también cuestionó las restricciones a los recursos judiciales y la concesión generalizada de permisos para actividades industriales, al considerar que estas medidas podrían ocasionar daños inmediatos e irreversibles a la vida silvestre, los recursos hídricos, las comunidades, las tierras públicas y los territorios de las tribus indígenas estadounidenses.
“Estos impactos ciertos no deben sacrificarse a cambio de beneficios climáticos inciertos”, advirtió O’Mara.
El presidente de la NWF precisó que la organización evaluó tanto el texto original del proyecto de ley como la reciente enmienda, en coordinación con sus filiales estatales y territoriales y sus aliados de las comunidades tribales, organizaciones de justicia ambiental, entidades conservacionistas, grupos de protección del agua y representantes de los sectores de caza, pesca y recreación al aire libre.
Tras ese análisis, la entidad concluyó que no puede respaldar la legislación en su forma actual.
O’Mara subrayó que la trascendencia de las reformas ambientales propuestas y las numerosas preocupaciones sobre sus posibles consecuencias para las comunidades y los recursos naturales justifican un debate más amplio y profundo, que no sería posible desarrollar adecuadamente durante el actual periodo legislativo.
En ese sentido, consideró que el próximo Congreso debería trabajar conjuntamente con los gobiernos estatales, las naciones tribales y el gobierno federal para impulsar reformas duraderas que permitan acelerar el desarrollo energético responsable y reducir la contaminación, sin sacrificar la protección de los recursos naturales.
El objetivo, sostuvo, debe ser garantizar la conservación de las tierras, las aguas y la vida silvestre, respetar la soberanía de las naciones indígenas y los derechos establecidos en sus tratados, y asegurar una participación significativa de las comunidades en las decisiones que afectan sus territorios y su entorno.
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