Panamá en llamas

Por Miguel Guaglianone

Durante varios días el país del istmo se paralizó por las protestas populares que comenzaron en la localidad de Colón y que posteriormente se extendieron hasta la capital. Las protestas contra la Ley 72, se realizaron con fuerza inusitada, a pesar de la represión policial y amenazan en convertirse en un huracán social que pone en riesgo la estabilidad del gobierno de Ricardo Martinelli.

 

Un país comprometido

Desde su nacimiento como estado independiente, Panamá ha sido un país sometido a la influencia directa del gobierno estadounidense. Los intereses norteamericanos y sus tropas apoyaron la secesión del territorio que fuera una provincia de Colombia desde la época de la independencia. El fracaso de los franceses en la construcción del Canal que uniría ambos océanos y la venta a compañías norteamericanas de los equipos y bienechurías de ese intento, decidieron a la Casa Blanca a promover la creación del nuevo Estado, cuyo primer acto importante de gobierno fue la firma de un tratado que otorgaba a los Estados Unidos la construcción del canal. Una vez terminada la obra en 1914, el gigante del Norte administraba (reconociendo teóricamente la soberanía panameña) una franja de 10 millas (16 km) a lo largo de todo el canal.

Durante el resto del siglo XX los gobiernos panameños, a pesar de ser dependientes de los Estados Unidos, fueron logrando algunos reconocimientos de su soberanía sobre el canal. En 1972 toma el poder en Panamá el general Omar Torrijos, un nacionalista que cambia la constitución, promueve reformas sociales en el país y logra firmar con la administración norteamericana los tratados Torrijos-Carter, que reconocen la soberanía real de Panamá sobre el canal y establecen la entrega de su administración en un tiempo determinado, así como el cierre de las bases militares estadounidenses en el territorio. El general Torrijos muere en un sospechoso accidente de aviación en 1981.

En 1983 toma el poder por las armas el general Antonio Noriega, un hombre formado militarmente en Perú y que fuera captado por la CIA (existen pruebas de ello) desde su temprana formación militar, y al que algunas fuentes vinculan directamente con la muerte de Torrijos. Noriega gobierna como jefe militar y mantiene en la presidencia a hombres que responden a sus mandatos.

Los Estados Unidos parecían entonces haber cumplido sus expectativas de tener al frente de Panamá a un hombre de su propio cuño. Sin embargo Noriega va dejando de responder a esas expectativas y comienza a promover iniciativas independentistas, mientras realiza un gobierno signado por la corrupción y con muy probables vínculos con el narcotráfico.

Tal como posteriormente sucediera con Saddam Hussein y Osama Bin Laden, Noriega encabeza la lista de los hombres formados por los EE.UU. para promover sus intereses imperiales en la periferia que “saltan la talanquera” y una vez en el poder dejan de responder a las directivas de la Casa Blanca y el Pentágono, enfrentándoseles. Esa actitud le cuesta primero a Noriega un bloqueo económico de parte de los Estados Unidos, acusaciones personales de narcotráfico en 1988 en tribunales de Tampa y Florida y finalmente una invasión militar en 1989, en la que, con el pretexto de detenerlo por las acusaciones de narcotráfico, las fuerzas norteamericanas arrasan localidades enteras en Panamá, prueban armas de última generación y consolidan nuevamente su poder en el istmo. La captura de Noriega no deja de tener visos de realismo mágico, estando refugiado en la nunciatura apostólica de Panamá, ésta es rodeada por las tropas estadounidenses, que durante tres días la bombardean con sonido de Heavy Metal a través de un sistema de grandes parlantes, hasta que el nuncio apostólico convence a Noriega que se entregue.

A partir de la invasión, con elecciones absolutamente influenciadas por los intereses de las grandes corporaciones y del gobierno de los EE.UU. los sucesivos gobiernos panameños han respondido fielmente a una administración neoliberal, promotora de los grandes capitales y sin tener en absoluto un enfoque popular. Esto ha dejado como resultado que si bien en cifras brutas el ingreso per capita de Panamá es uno de los mejores de América Latina, debido a la gran circulación de dinero de su zona franca, los términos de desigualdad social hayan venido aumentando y el capital se vaya concentrando en cada vez menos manos.

 

El conflicto

El gobierno del empresario Ricardo Martinelli ha sido un típico representante de esta situación. Acusado de corrupción, de beneficiar a los grandes capitales y de hacerle el juego a los intereses norteamericanos, hizo aprobar una semana atrás a través de la mayoría de su partido en el Congreso una ley (la 72) que permite las ventas a capitales privados de los terrenos fiscales de la zona franca de Colón. La zona franca de Colón existe desde 1948 y es la más grande del continente americano, a través de ella se produce un muy importante flujo comercial y sus tierras son propiedad del Estado Panameño. Con esta ley y respondiendo a la orientación neoliberal del gobierno se pretendió beneficiar directamente al capital privado (sobre todo el de las grandes corporaciones)

Pero la respuesta del pueblo panameño ha sido contundente. Salió a las calles a protestar desde el 24 de octubre y a pesar de la dura represión policial y las declaraciones de voceros del gobierno que todo estaba en situación normal, prácticamente paralizó al país. El apoyo a las movilizaciones populares del SUMTRACS, el poderoso sindicato de la construcción les dio más fuerza para avanzar hacia una huelga general.

El gobierno se vio acorralado, con un presidente en gira por el Lejano Oriente y la incapacidad de la represión policial de contener las manifestaciones. El día viernes 26 de octubre a través del Ministro de la Presidencia Roberto Henríquez, se anunció que se derogaría la ley y que el congreso necesitaría unos días para formalizar los trámites. Al día siguiente Ricardo Martinelli desde Vietnam en su cuenta en Twiter, confirmaba esta decisión.

 

Las consecuencias

Este rápido retroceso muestra la debilidad estructural del gobierno de Martinelli. Existía ya desde el principio de su gestión un progresivo descontento popular a partir de sus medidas regresivas y ese descontento hoy ha estallado. Es evidente que la posibilidad de perder el control del país si continúan aumentando las protestas, es lo que ha llevado a la decisión de echar atrás la ley producto del conflicto.

Sin embargo no podemos saber si ya no es demasiado tarde. Un problema con el comedor estudiantil de Nanterre provocó el estallido del Mayo francés de 1968, las protestas por el aumento del pasaje público en una ciudad periférica, fueron el origen del Caracazo que conmovió a Venezuela en febrero de 1989 (y que algunos señalan como el detonante del proceso de cambios que hoy vive el país). En Panamá parece ser la primera vez que la gente sale a la calle a exigir sus reivindicaciones con tal intensidad y determinación.

¿Será entonces que éste es el inicio de un proceso social capaz de producir grandes cambios en la sociedad panameña?

Amanecerá y veremos.

Fuente: BARÓMETRO INTERNACIONAL/ARGENPRESS.Info

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