En conferencia de prensa, organizaciones nacionales e internacionales rechazaron la intención del Estado guatemalteco de brindar amnistía a quienes enfrentan procesos por cometer violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno; la medida constituye obstrucción a la justicia y atenta contra la jurisprudencia internacional.
Marcela Martino, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), aseguró que Guatemala es el segundo país del continente americano que ha recibido más condenas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conoce en la actualidad 11 casos más relacionados con crímenes que fueron cometidos durante el conflicto armado interno, que duró 36 años.
Entre los procesos presentados a la Comisión Interamericana y la CorteIDH se encuentra el caso del Diario Militar, el de la masacre de Río Negro, la desaparición de Fernando García y el asesinato de la antropóloga Myrna Mack, entre otros.
Martino hizo un llamado al gobierno guatemalteco para que sea consecuente con la Constitución Política de la Repúblico y con los mecanismos internacionales de derechos humanos que ha firmado y ratificado; la impunidad provoca una repetición crónica de los delitos, anotó.
La amnistía que pretende el Estado de Guatemala es un abuso a los mecanismos internacionales de defensa de los derechos humanos, para que los culpables de los crímenes del pasado no sean sentenciados, afirmó la abogada de CEJIL, entidad que litiga casos ante la CIDH.
Helen Mack, de la Fundación Myrna Mac (FMM), aseguró que las leyes nacionales e internacionales no deben ser interpretadas por los funcionarios de la forma en que les convenga; pretender dar amnistía por esos crímenes es una forma de obstrucción de la justicia.
La pretensión de amnistía es un hecho incoherente y una expresión de hipocresía por parte del gobierno; si los funcionarios no están de acuerdo con la ley internacional que denuncien el Pacto de San José, pero no deben jugar con la interpretación de la jurisprudencia internacional, destacó Mack.
La activista recordó que el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), del cual es parte el Estado de Guatemala, estableció que no existe el perdón para crímenes de lesa humanidad y enfatizó que la impunidad socaba las bases del progreso.
Wilson de los Reyes, de Impunity Watch, subrayó que los países que atraviesan por la justicia transicional, usualmente recurren al perdón de ese tipo de crímenes para lograr la reconciliación, pero esto es imposible si no se aplica la justicia a los criminales y se fortalece la institucionalidad.
La violencia de hoy en día en Guatemala es una consecuencia de la impunidad en la que prevalecen las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno; es fundamental garantizar la independencia de los jueces que atienden esos casos, concluyó el Coordinador en el país de Impunity Watch.
