La Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala (RPDG) valora positivamente algunas acciones que el Gobierno guatemalteco ha tomado en las primeras semanas de su ejercicio.
En particular, mencionamos la reiteración ante el Gobierno de Estados Unidos de la solicitud de TPS que planteara y ratificara originalmente el gobierno de Colom y, en segundo lugar, la reunión con algunos líderes de organizaciones de migrantes en los Estados Unidos, que se realizó en Cancillería el 3 de marzo.
La RPDG lamenta que a esta reunión no se hubiese invitado a la sociedad civil, particularmente a la MENAMIG, y que los indocumentados no estuviesen directamente representados; pero se alegra de que el Estado, los asesores migrantes del CONAMIGUA y todas las organizaciones de migrantes que se hicieron presentes apoyen las tres metas indispensable que proponemos para 2012: lograr el TPS; reformar con urgencia la ley del CONAMIGUA y los procesos de elección; y habilitar el derecho a elegir y ser electos de las y los guatemaltecos en el extranjero. Confiamos en que dicho apoyo se traduzca en acciones efectivas y eficientes.
La RPDG manifestó su posición ante esta reunión mediante el documento que se adjunta a este comunicado. Básicamente, señalamos lo siguiente:
a) La reunión del 3 de marzo fue un primer paso positivo. Creemos que la decisión de convocar a esta reunión en Guatemala, pese a todas las limitantes para la misma, como el hecho de que las y los invitados no representan legítimamente a los cientos de miles de guatemaltecas y guatemaltecos en los Estados Unidos, particularmente a la gran mayoría de indocumentados, constituye un buen primer paso.
b) Los planteamientos en la reunión constituyen una plataforma preliminar. Acudimos a Guatemala sin una agenda de la reunión ni resultados previstos. No obstante, como era de esperarse, se tocaron aspectos importantes de los migrantes y se hicieron propuestas que, de ser ratificadas por nuestras organizaciones, pueden constituir una plataforma preliminar mínima.
c) Es necesaria la unificación de esfuerzos entre el Estado, la sociedad civil y los migrantes. Distintos sectores entendemos la importancia de unificar esfuerzos de cara a los migrantes y, por lo tanto, ninguno de ellos puede ser ignorado a la hora de tomar las decisiones. Evidentemente, uno de esos sectores es el Estado, que actúa dentro y fuera del país; pero no se deben dejar al margen la sociedad civil (MENAMIG y el Grupo Articulador) y los familiares de los migrantes en el interior del país ni los migrantes y sus organizaciones en el extranjero, no solamente en los Estados Unidos sino en otros países como México, Canadá y Australia.
d) Urge reformar el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (CONAMIGUA). El concepto del CONAMIGUA tiene la gran ventaja de provocar la coordinación de todos los entes del Estado que tienen que ver con el fenómeno migratorio. Pero siempre estará cojo, como tal, sin la presencia activa y decisoria de la sociedad civil y los migrantes. El intento de hacer participar a los migrantes en un Consejo Asesor –fórmula totalmente insuficiente, ya que nos corresponde integrar el Consejo Nacional —ha fracasado, porque los migrantes seleccionados como miembros de dicho Consejo no gozan de la necesaria legitimidad y representatividad. No se han empleado procesos de elección democrática, sino que procesos de designación selectiva. Para nosotros, con el objetivo de que el CONAMIGUA desempeñe adecuadamente su papel, es urgente la reforma de la ley correspondiente.
e) Necesidad de que los migrantes tengamos peso político. Nadie niega que los migrantes pesamos significativamente en la economía guatemalteca (entre 2008 y 2011 hemos hecho llegar aproximadamente 16,700 millones de dólares). No obstante, la clase política, en su totalidad, nos ha negado peso político. El derecho a elegir y ser electo –contar con legítimos representantes en el Congreso- tiene que quedar garantizado en el curso de 2012, en cumplimiento del fallo de la Corte de Constitucionalidad.
f) Se necesita detener o disminuir drásticamente las deportaciones de connacionales. Somos el país latinoamericano con la tasa más alta de deportaciones de los Estados Unidos. El Estado y los migrantes debemos encontrar distintas maneras de detener, de ser posible, o disminuir drásticamente las deportaciones. En 2011 pasamos de 30,000 personas deportadas de los Estados Unidos (perdiendo 80 millones en remesas). En el 2012 la meta tendría que ser que las deportaciones de los Estados Unidos no pasaran de 20,000. El caso de México merece una estrategia aparte (60,000 centroamericanos deportados en 2011, de los cuales se estima que el 60% fueron guatemaltecos), que incluye la defensa de los derechos humanos, la libre circulación de paso y la dignidad de nuestros compatriotas.
g) Insistir en el TPS. El TPS para Guatemala, si bien no es un derecho (es una concesión de los Estados Unidos), hay suficientes razones para otorgarlo. En primer lugar, porque pasadas crisis en el país no se atendieron adecuadamente (conflicto armado interno, huracanes Mitch y Stan, tormenta tropical Ágatha, erupciones de volcanes y temporales de lluvias). Y, en segundo lugar, porque las condiciones de violencia e inseguridad existentes hacen inconveniente el retorno de los nacionales al país, que es en esencia la razón de ser del TPS.
h) Una gran prioridad es la reforma migratoria justa y humana en los Estados Unidos. Entendemos que la preocupación principal de todas las personas indocumentadas en los Estados Unidos, incluidas las guatemaltecas, es lograr una condición migratoria estable y permanente. Urge que el Estado, la sociedad civil, incluida la prensa, y las organizaciones de migrantes desarrollemos, mejor si conjuntamente, campañas generalizadas de información y educación.
I) El Estado debe dar su pleno apoyo a las y los guatemaltecos en el extranjero. Exigimos la formulación de una política de atención a los migrantes que esté basada en los derechos humanos: la migración es un derecho; el desarrollo es un derecho; los derechos civiles y políticos deben ser garantizados por nuestro Estado y exigidos a otros Estados; los derechos económicos, sociales y culturales deben ser garantizados y promovidos, incluidos los derechos al trabajo, la salud, la educación, la seguridad social, la vivienda y el saneamiento, y la cultura. Los migrantes deben gozar de los derechos colectivos que se han definido para los indígenas, las mujeres, los niños y niñas, los jóvenes, los ancianos, las personas con discapacidad y, particularmente, los trabajadores migrantes. Para la definición de las maneras concretas de hacer valer estos derechos, la participación de los migrantes es obligada, al igual que la de la Procuraduría de Derechos Humanos y las organizaciones de derechos humanos que se comprometan con este esfuerzo.
Para empujar esta plataforma y lograr las tres metas concretas que hemos propuesto, la RPDG seguirá realizando sus más intensos esfuerzos sobre la base de sus principios, claramente enunciados, y como parte de su misión de procurar la paz y el desarrollo de todas y todos los guatemaltecos, dentro y fuera del país.
Comité Ejecutivo RPDG
Ciudad de Guatemala, 4 de Marzo de 2012
