Los jueces marcharon varias veces el mes pasado en San Salvador. Foto: Elfaro.net
Terminó septiembre. Nunca en la historia reciente del país se habían registrado tantas amenazas y ataques contra la institucionalidad en un solo mes.
Por Leonel Herrera*
“Septiembre negro”, lo ha llamado la revista Gato Encerrado. Este medio digital enumera varios zarpazos antidemocráticos perpetrados por el oficialismo: consolidación del golpe contra el órgano judicial con la “jubilación” de un centenar de jueces obligada por una cuestionada reforma a la Ley Orgánica Judicial, el aval a la reelección presidencial por la Sala de lo Constitucional impuesta por el bukelismo y la presentación de las cuestionadas reformas a la Constitución.
A esto se suma la detención arbitraria del activista informático Mario Gómez y los actos de intimidación contra el juez Juan Antonio Durán; así como también las amenazas contra la prensa crítica. También la no aprobación de la Ley de Agua, omisión que confirman que la prioridad del oficialismo no es resolver los problemas más urgentes del país. En septiembre, además, se revelaron nuevos casos de corrupción, continuó el endeudamiento público y se confirmaron las negociaciones del gobierno con las maras.
Así que el mes que recién terminó ha sido nefasto para la democracia, los derechos de la gente y para la necesidad de enfrentar en serio las problemáticas estructurales del país. En apenas treinta días El Salvador retrocedió varias décadas en su historia.
Pero en septiembre también hubo hechos que generan esperanza y envían señales de que es posible detener esta desolación. Las movilizaciones ciudadanas, sobre todo las del 15 se septiembre, indican que la población está despertando del “sueño bukelista” y está constatando que lo que está pasando no es lo que el presidente prometió en su campaña electoral.
Bukele ofreció democracia, transparencia, resolver los problemas de la gente y no actuar como “los mismos de siempre”. Sin embargo, cada día más salvadoreños y salvadoreñas confirman que, en vez de eso, el mandatario ha implantado el autoritarismo, la imposición de políticas monetarias impopulares, el odio y la confrontación, el endeudamiento del país y la intención de perpetuarse en el poder.
Y esto es lo esperanzador: el despertar de la población y su decisión de protestar en las calles. Ojalá que estas movilizaciones sigan creciendo y cada vez más sectores se sumen a esta necesaria gesta ciudadana, que debería culminar en una rebelión popular amparada en el artículo 87 de la Constitución, el cual otorga el derecho del pueblo a insurreccionarse cuando el orden constitucional ha sido alterado.
