Las organizaciones, redes y sectores sociales que integramos la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares nos pronunciamos ante dos decisiones relevantes tomadas recientemente por la Asamblea Legislativa: la de enviar al archivo importantes propuestas de ley presentadas por diversas organizaciones de la sociedad civil y la de crear una comisión especial para investigar la asignación de fondos públicos a Organizaciones No Gubernamentales (ONGs).
En relación a la decisión de las diferentes comisiones legislativas de archivar los expedientes de la legislatura anterior, rechazamos que hayan sido descartadas iniciativas presentadas por organizaciones sociales orientadas a resolver graves problemas del país y que eran fruto de largos esfuerzos de sensibilización, incidencia y de elaboración de propuestas.
Nos referimos a los proyectos de ley de General de Agua, de Soberanía Alimentaria, de Defensoras/es de Derechos Humanos, de Identidad de Género, de Prohibición de Agrotóxicos, de Reconciliación Nacional, de Protección a Periodistas, entre otras; así como también las propuestas de reforma constitucional para reconocer el derecho humano al agua y a la alimentación, y reformas de ley para despenalizar el aborto, proteger a las/os consumidores, apoyar a las microempresas, combatir la evasión tributaria, etc.
Las organizaciones sociales, sin embargo, presentaremos nuevas propuestas, esperando que detrás del discurso de “hacer todo de nuevo” -que ha servido de pretexto para archivar nuestras iniciativas- haya una perspectiva real de abordar en forma radical y estructural los problemas del país, y no sea una estrategia propagandística.
Y con respecto a investigar la asignación de fondos estatales a ONGs, respaldamos todo esfuerzo que busque promover la transparencia, la rendición de cuentas y la anticorrupción en el uso de recursos públicos. Por años hemos promovido marcos jurídicos e institucionalidad orientados a ese propósito; y por eso también hemos cuestionado recientemente la aprobación de la “Ley Alabí”, que promueve la impunidad y la corrupción.
Consideramos que la transparencia y la rendición de cuentas no corresponde únicamente al Estado, sino también al sector privado y a la sociedad civil. Por eso vemos bien transparentar el uso de fondos públicos en las ONGs. Sin embargo, en este caso, alertamos sobre posibles propósitos de descalificación, hostigamientos y persecución política, como represalia contra organizaciones críticas de la gestión gubernamental.
Por eso exigimos a la comisión creada por la Asamblea que realice un trabajo imparcial, sin sesgos y sin manipulaciones políticas. Demandamos investigar en forma objetiva y procesar las irregularidades que se encuentren, sin descalificar ni estigmatizar el rol de las organizaciones sociales que históricamente hemos promovido la democracia, los derechos humanos, la justicia tributaria, la defensa del medioambiente y otras causas justas de la población.
San Salvador, 27 de mayo de 2021
