Consuelo Gómez y Fran Omar durante un conversatorio en Maryland. Foto: Ramón Jiménez
Por Ramón Jiménez
Lo que la mayoría de salvadoreños conocen como “traspaso de mando”, no es lo que ocurrirá el próximo 1 de junio en El Salvador, sino solamente la continuidad de la dictadura de Nayib Bukele.
Otros cinco años más de régimen de excepción, que significa un aumento de la violación permanente de derechos humanos, promesas incumplidas y nada en concreto.
Eso es lo que visualizan dos activistas salvadoreños que participaron en conversatorios ofrecidos el domingo en Hyattsville, Maryland, y este martes en el sector de Mount Pleasant y Columbia Heights en Washington, D.C.
“Será otra jornada más de luchas y retrocesos del régimen de excepción en el país”, señaló Fran Omar, representante del Bloque de Resistencia Popular en El Salvador, quien estuvo de visita a la región metropolitana de la capital estadounidense.
“Un régimen de excepción extra prolongado y promocionado como ‘algo bueno’ en los más de dos años desde que entró en vigencia en marzo de 2022”, agregó.
Explicó Omar, que en la actualidad la presunción de inocencia no sucede en El Salvador, tampoco la detención administrativa de 72 horas, y cualquier persona puede permanecer detenida meses o años sin haber cometido ningún tipo de delito, y sin derecho a un abogado.
Es un régimen de excepción que supuestamente combate la corrupción, pero ha servido más para amenazar a la población, por lo que miles de jóvenes se han ido de las zonas donde el gobierno de Bukele ha desplegado a miles de soldados del ejército y de la policía nacional, en localidades ubicadas en el departamento de Chalatenango, al norte del país.
Curiosamente, son las poblaciones que menos votaron a favor del partido en el gobierno durante las elecciones presidenciales del mes de febrero así como legislativas y municipales en marzo de este año, lo que algunos interpretan como un «castigo» por no haber apoyado la reelección inconstitucional de Bukele.
Ese despliegue de militares y policías se suma a otros implementados en diferentes zonas de El Salvador en el contexto de un régimen de excepción, puesto en marcha desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas.
Bajo la polémica medida, señalada de violar los derechos humanos, han sido capturados más de 78.000 personas, todas acusadas de ser pandilleros o colaborares de dichas bandas. Sin embargo, defensores de los derechos humanos sostienen que un alto porcentaje de ese número (más de 20,000) son personas inocentes.
“También lo hace para amenazar y amedrentar a dirigentes comunitarios y sindicalistas. Por eso, la organización popular es la única forma de defendernos y como la situación va a cambiar en nuestro país», recomendó Omar.
Organizaciones no gubernamentales han recibido más de 6.000 denuncias de violaciones a los derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y han registrado la muerte de más 200 detenidos bajo custodia estatal.
El régimen de excepción ha sido prorrogado en más de 25 ocasiones en períodos de 30 días y suspende las garantías constitucionales de la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de la telecomunicaciones y prolonga la detención provisional hasta por 15 días, cuando normalmente es de 72 horas.
Bukele, que lidera una llamada “guerra contra las pandillas”, basó su campaña política de reelección, pese a la prohibición constitucional, en el régimen de excepción ante el amplio respaldo de la población que tiene.
Al igual que Omar, también la activista local Consuelo Gómez fue muy crítica, a la forma represiva como el gobierno salvadoreña está manejando los derechos humanos de una gran parte de la población salvadoreña.
“Nayib Bukele concentra todos los poderes del estado, ha suspendido todas las garantías constitucionales, ha instrumentalizado al ejército y al sistema judicial para llevar a cabo capturas masivas de personas inocentes, sin órdenes de captura, sin evidencia, sin juicio y sin acceso a las protecciones básicas de una nación democrática”, denunció Gómez, quien es la coordinadora general del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) en Estados Unidos y residente de Maryland.
Gómez constantemente organiza eventos en la región metropolitana de Washington, para denunciar una y otra vez la violación a los derechos humanos, alzar sus voces contra el régimen de excepción, contra la violación a la constitución, contra la reelección inconstitucional y contra la dictadura del clan Bukele, integrado por los hermanos del presidente y un estrecho círculo de colaboradores.
Irónicamente, muchos de esos colaboradores son elementos que provienen de las filas de los dos partidos gobernantes que antecedieron al actual gobierno, algunos de ellos en la lista Engel de Estados Unidos.
La ley Engel es aplicada a todos los funcionarios de gobiernos activos o exservidores públicos, a los que Estados Unidos señala de estar involucrados en actos de corrupción o de socavar de forma deliberada la democracia en los países del Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras).
Entre los actuales funcionarios del gobierno de Bukele, cuyos nombres se encuentra en la lista Engel sobresalen el de Carolina Recinos, actual jefa de gabinete de Casa Presidencial, así como el de Osiris Luna Meza, director general de Centros Penales ,y el ministro de Trabajo, Rolando Castro, entre otros altos funcionarios.
Ese documento fue promulgado el 27 de diciembre de 2020 y es nombrado así en honor a Eliot Engel, un excongresista demócrata de Nueva York. Quien tiene entre sus logros, haber conseguido la aprobación de legislación que permite al gobierno norteamericano retirar los visados a funcionarios. Con la finalidad de que el ejecutivo sea capaz de identificarlos como corruptos o implicados en crímenes.
Algunas personas hacen sentir sus voces de distensión con el gobierno de Bukele a través de las redes sociales.
«Muchos dicen que [El Salvador] es un país seguro; por qué tienen que matar a inocentes para que el.país sea seguro, mientras Bukele se negó a entregar a Estados Unidos a 17 líderes de pandillas, mientras encierra y matan inocentes. Hasta donde llega nuestro pueblo de alegrarse que mueran inocentes es completamente absurdo», se lamentó George Elías.
Una madre lleva cuatro meses sin ver a sus hijos que guardan prisión y no sabe si están enfermos o muertos.
«Solos están muriendo ahí adentro de ese cautiverio, donde tienen secuestrados a nuestros hijos los policías que los agarran, los ponen por agrupaciones y hasta que son ‘pandilleros’ los acusan esos crueles, cuando no son así las cosas», señaló por su parte la madre Menjívar de Alfaro.
«La policía les pone esa barbaridad de delitos; pedimos libertad para nuestros hijos inocentes; ya son cuatro meses de no ver a mis hijos, no sé si están enfermos…», apuntó la acongojada madre.
