“La Corte está en contra de la justicia hacia nosotros cuando dice que no es prioritario, nos ven de menos porque somos pobres y cómo pueden decir que no es prioritario si tenemos más de 30 años esperando por justicia y por saber el paradero nuestros parientes”, expresó uno de los familiares que se hicieron presentes el pasado lunes a una reunión en el municipio de Perquín, para conocer sobre las últimas diligencias en torno a distintos temas que tienen que ver con la reparación judicial hacia las víctimas de este caso de lesa humanidad.
“No está en agenda, pero le va a llegar su turno, (y) cuando le llegue lo vamos a ver” continuó el magistrado, cuando fue abordado y cuestionado sobre la celeridad con que se está llevando la solicitud de amparo que realizaron las víctimas, familiares y representantes legales de la conocida como “masacre de El Mozote” en diciembre de 2013 solicitando a la Sala de lo Constitucional de CSJ se pronuncie de forma definitiva por el amparo contra el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, quien consideran, violó el derecho a la propiedad de los documentos legales resguardados en las oficinas de Tutela Legal del Arzobispado.
Wilfredo Medrano, uno de los representantes legales de las víctimas, de la nueva Tutela Legal “María Julia Hernández”, al explicarles las implicaciones e interpretaciones jurídicas que representan estas declaraciones a los pobladores de El Mozote y demás sitios, señaló que “son inoportunas, ya que hace ver que hay ciudadanos de primera, segunda y tercera clase a la hora de impartir justicia”.
El abogado añadió que la postura de Jaime atenta contra el principio de igualdad establecido en la Constitución de la República y que el argumento de que los casos se resuelven por orden de llegada es falso, ya que existen antecedentes de recursos que han sido admitidos hasta en menos de 24 horas, o menos de un mes según sea el afectado o los intereses económicos que represente.
Trajo a cuenta la demanda de amparo que la Iglesia Católica interpuso ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en noviembre de 2013 contra la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la República y la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural para declarar los archivos de Tutela Legal como bien cultural, que fue admitida en menos de 24 horas; “Aunque no la han resuelto todavía, la admitieron y emitieron una medida cautelar para congelar el procedimiento de la Secretaría de Cultura” afirmó Medrano.
Por eso, “sorprende que se diga que no es prioritario, porque aquí hay recursos exprés que se resuelven en menos de un mes, y sorprende más que se diga que no está en agenda porque si bien es cierto en términos económicos no todos los ciudadanos son iguales, en términos legales sí y un tema de justicia como el de las víctimas del Mozote que llevan esperando justicia por más de 30 años, debería de ser tratado al menos con más respeto para hacerlos esperar” criticó Medrano.
Otro de los representantes que asistió a la reunión con evidente malestar, a manera de reflexión por la experiencia vivida en este largo proceso planteó que “ley para los pobres no hay… hay represión y engaño y en el caso de las víctimas no se toma en cuenta que hay cosas que sanan con el tiempo, pero otras sólo se duermen o las hacemos dormir a la fuerza”, ante la falta de respeto por parte de las autoridades y de los entes obligados a impartir justicia en casos de violaciones a los derechos humanos durante la época del conflicto.
En el caso del cierre de Tutela Legal “nunca se dio una justificación sobre el cierre” añadió Ovidio Mauricio, director de la nueva oficina jurídica que representa a las víctimas de El Mozote y el año pasado, el arzobispo Escobar Alas dio por lo menos dos versiones de por qué se cerró Tutela Legal. El 2 de octubre de 2013, la Arquidiócesis de San Salvador dijo que la instancia fue creada para asistir legal y socialmente a las víctimas del conflicto armado, pero que debía “adaptarse a las nuevas exigencias”, por lo que sería reemplazada por una nueva instancia.
Los representantes de las víctimas y familiares de los fallecidos en El Mozote, en diciembre de 1981, agregaron sobre el tema de los documentos en manos del Arzobispado que “no tienen confianza en el Arzobispo, ni en los abogados de la oficina jurídica del Arzobispado”, por lo que demandan un pronta resolución sobre este caso que tiene en dudas la administración de uno de los mayores archivos documentales de violaciones a los derechos humanos durante la época del conflicto y prueba judicial en contra de los que cometieron estos delitos, en un dado caso se llegara a derogar la Ley de Amnistía promulgada en marzo de 1993 por la Asamblea Legislativa.
