Por Thomas Sparrow
Es una de las grandes paradojas de Washington: es el centro de poder de la que algunos consideran la democracia más emblemática del planeta, pero sus residentes tienen menos derechos que quienes viven en el resto de Estados Unidos.
Washington no puede determinar su propio presupuesto, no tiene un representante con voto en el Congreso -a diferencia de los 50 estados de la unión- y no puede aprobar leyes locales de manera definitiva.
Esto a pesar de que la capital paga impuestos federales y tiene más habitantes (unos 650.000) que territorios que sí cuentan con representación completa en el Capitolio, como Wyoming o Vermont.
Este mes, por ejemplo, sus habitantes votaron a favor de legalizar la marihuana para uso recreacional, pero todavía no saben si la medida entrará en vigor pues la última palabra, como con todas las grandes decisiones de la capital, la tiene el Congreso.
Es algo a lo que se oponen las autoridades locales hasta el punto que la página oficial de la alcaldía resalta que «el distrito es la única entidad política y geográfica de Estados Unidos cuyos ciudadanos soportan las responsabilidades del gobierno pero no comparten los privilegios apropiados del gobierno».
Y agrega que «Estados Unidos es el único país del mundo con una Constitución democrática y representativa que les impide a los ciudadanos de su capital que sean representados con voto en la legislatura nacional».
Así, el peso de Washington en el Capitolio es comparable con el de la isla de Puerto Rico, un estado libre asociado que tiene voz pero no voto en el legislativo.
¿Por qué ocurre esto?
La razón detrás del estatus particular de Washington es histórica: la Constitución del país estableció que para garantizar su seguridad y su funcionamiento, la capital no debía ser un estado sino un distrito federal bajo la jurisdicción de los legisladores.
«Cuando se creó Estados Unidos y se redactó la Constitución, quienes la escribieron decidieron que no querían que la capital fuera parte de un estado porque eso le daría a ese estado demasiado poder», le dijo a BBC Mundo Garry Young, profesor de política estadounidense en la universidad George Washington.
Pero ocurrió lo contrario y, en la práctica, Washington ha tenido menos representación que el resto del país. De hecho, sus habitantes sólo se ganaron el derecho a votar por su candidato a presidente en 1961 y obtuvieron algunos derechos adicionales en 1974, como la posibilidad de elegir su propio alcalde.
Hoy, quienes residen en Washington cuentan con un miembro sin poder de voto en la Cámara de Representantes, así como una pequeña delegación -también sin voto- que aboga por sus intereses en el Senado.
Los habitantes de Washington sólo se ganaron el derecho a votar por su candidato a presidente en 1961 y sólo comenzaron a tener un alcalde en 1975.
Esto a pesar de que sus habitantes pagan hasta US$20.000 millones en impuestos federales, más que estados como Nueva Hampshire, Carolina del Sur y Nebraska, según explicó en una audiencia reciente el senador demócrata de Delaware Tom Carper.
«Estos residentes trabajan, estudian, educan familias y comienzan negocios acá como lo hacen todos en los 50 estados», dijo. «Pero cuando se trata de tener una voz en el Congreso, estas personas no cuentan. En realidad, nunca han contado».
De ahí que hasta las licencias o placas de los automóviles en el distrito donde queda Washington, llamado el Distrito de Columbia, lleven en señal de protesta el lema Taxation Without Representation, es decir, que pagan impuestos como todos los demás pero no tienen los mismos derechos que los demás.
No es casual la elección del eslogan: está basado en el que utilizaron en las colonias norteamericanas en el siglo XVIII como queja por no tener una representación directa en el parlamento británico.
«Lo que las licencias del distrito están tratando de hacer es remitirse a esa situación, decir ‘acá tenemos una parte de Estados Unidos que tiene exactamente el mismo dilema que enfrentaban las colonias'», dice Young.
La oposición y los intereses políticos
Quienes se oponen o critican la búsqueda de estadidad argumentan que sería una medida inconstitucional y que, al no tener muchas probabilidades de éxito, desvía la atención de otros problemas en la capital.
También hay quienes consideran que estar a la sombra de las principales instituciones estatales tiene sus ventajas y le permite a la ciudad estar más protegida que otros rincones del país.
Algunos de estos argumentos se debatieron en septiembre cuando, por primera vez en dos décadas, se realizó una audiencia en el Senado para debatir la posibilidad de que Washington se convierta en el estado 51 de la unión, bajo el nombre de La Nueva Columbia.
La sala estaba llena de personas que querían escuchar la sesión, pero quienes realmente toman las decisiones estaban ausentes: sólo dos senadores asistieron a la audiencia, una muestra de que el tema no es una prioridad en el Capitolio.
Sí estaban las principales autoridades del distrito, entre ellos el alcalde, el demócrata Vincent Gray, quien explicó que los políticos locales como él deben ser «constantemente escépticos de un Congreso que podría en cualquier momento anular una ley aprobada localmente».
Los intereses políticos son quizás la razón más importante para que el tema de la estadidad no se concrete, aunque las autoridades locales creen que la audiencia reavivó el debate sobre los derechos de la capital.
Según explica el analista Garry Young, si el Distrito de Columbia se volviera un estado, obtendría el derecho a tener dos senadores como cualquier otro estado.
Como Washington es una ciudad de amplia mayoría demócrata, es probable que los dos representantes fueran también de ese partido y eso es algo que, según Young, no satisface a los republicanos.
De ahí que él concluya que «este argumento lleva mucho tiempo y no veo que vaya a cambiar por mucho tiempo en el futuro».
