Roberto Silva tras su captura por la PNC. Foto: EDH
Por Leonel Herrera*
La semana pasada el Juzgado Décimo de Paz de San Salvador envió a prisión preventiva al “youtuber” Roberto Silva, fanático del presidente Nayib Bukele y activista de Nuevas Ideas (NI), por los delitos de difusión ilegal de información, acoso a través de las tecnologías informáticas y expresiones de violencia contra la diputada Karina Sosa y la excandidata a diputada Daniela Genovez.
Silva será juzgado por un tribunal especializado en casos de violencia contra las mujeres. En este espacio editorial, destacamos tres realidades confirmadas por las actuaciones de este febril propagandista del gobierno.
La primera es la prevalencia de una cultura machista y misógina que atenta contra los derechos y la dignidad de las mujeres, que prolifera con total impunidad en las redes y plataformas digitales. El “youtuber” acosador y seguidor del bukelismo es un ejemplo ilustrativo y un símbolo de esa deplorable realidad.
La segunda es la existencia de una red de activistas acosadores, difamadores y delincuentes digitales que son tolerados, coordinados y —posiblemente— hasta financiados por el gobierno y Nuevas Ideas. Lo confirma el hecho que Silva y demás miembros de “la red” fueron acreditados como periodistas de Radio Nacional en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) por solicitud firmada y sellada por el director de dicho medio estatal.
Las muestras de respaldo de personeros de NI y funcionarios del gobierno, así como el silencio del propio presidente Bukele, son —como dijimos en un editorial anterior— señales tácitas de aprobación al activismo antiético y delictivo de Silva y compañía.
Y la tercera realidad confirmada es que cuando las víctimas denuncian, se defienden y demandan a las instituciones es posible tener justicia. La actitud valiente de la diputada Sosa y la excandidata Genovez, y la presión en redes sociales de muchas personas indignadas, obligó a la Fiscalía a actuar.
Ojalá que ante cada caso de violencia contra las mujeres surja el mismo repudio contra los agresores, la misma solidaridad con las víctimas y la misma exigencia a las instancias correspondientes, independientemente de quién sea el victimario. Y, en el caso de Silva, ojalá que la acción fiscal alcance a todos sus cómplices en el gobierno y NI.
*Leonel Herrera es director ejecutivo de ARPAS.
