USCIS Hosts Entrepreneurs in Residence Information Summit
Agency kicks off effort to ensure that immigration pathways for foreign entrepreneurs are clear and consistent, and better reflect today’s business realities.
WASHINGTON—U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) Director Alejandro Mayorkas hosted an Information Summit today at the NASA Research Park in Moffett Field, Calif., to launch the USCIS Entrepreneurs in Residence (EIR) Initiative.
“Today USCIS gained invaluable insights from prominent entrepreneurs and industry leaders on immigration issues critical to our nation’s economic prosperity,” said Director Mayorkas. “The introduction of expert views from the private and public sectors will help us ensure that our policies and processes fully realize the immigration laws’ potential to grow our economy and create American jobs.”
The summit brought together more than 150 high-level representatives from the entrepreneurial community, academia and government to discuss how USCIS can realize the full potential of immigration law to foster entrepreneurship and bolster American prosperity. Through panel discussions and breakout sessions, the summit gave participants the opportunity to share their strategic thinking and business expertise with the agency.
Today’s event informs the work of the newly formed Entrepreneurs in Residence tactical team, comprised of external business experts and USCIS employees, who will work collaboratively over the next several months to ensure that immigration pathways for foreign entrepreneurs are clear and consistent, and better reflect today’s business realities. The tactical teamwill identify ways to enhance USCIS policies, practices and training across a range of existing nonimmigrant visa categories used by entrepreneurs.
Director Mayorkas joined the President’s Council on Jobs and Competitiveness in Pittsburgh in October 2011 to announce the EIR Initiative. This effort follows a series of policy, operational and outreach efforts announced last year to promote startup enterprises and spur job creation within the context of current immigration law.
As part of today’s event, Director Mayorkasconducted a naturalization ceremony and welcomed 20 candidates from the Silicon Valley area as new U.S. citizens. In addition, he recognized five of America’s immigrant entrepreneurs who are naturalized citizens—Christopher Che, President and CEO of the Che International Group; Ping Fu, President and CEOof Geomagic; Michael Moritz, Partner at Sequoia Capital; Shervin Pishevar, Managing Director of Menlo Ventures; and Vivek Wadhwa,Academic, Researcher, Writer, Entrepreneur—as Outstanding Americans by Choice.
The Outstanding American by Choiceinitiative recognizes the achievements of naturalized U.S. citizens through civic participation, professional achievement, and responsible citizenship. Recipients of this honor have demonstrated their commitment to this country and to the common civic values that unite us as Americans.
For more information on USCIS and its programs, please visit www.uscis.gov or follow us on Twitter (@uscis), YouTube (/uscis) and the USCIS blog The Beacon.
287g: La centrífuga de deportar indocumentados
Por Rafael Prieto Zartha
www.rafaelprietozartha.blogspot.com
Desde un principio estuve en contra del programa de deportaciones 287g porque anticipaba que se convertiría en una centrífuga para la deportación de los más inermes.
Lo consigné en una columna que publiqué a principios de 2006 en el semanario en inglés “Creative Loafing” de Charlotte, la ciudad donde radico.
En la pieza denominada “Libertad de información: ¿Quién es la gente que está siendo deportada?”, le reclamaba al alguacil local, Jim Penderdraph, los listados de las personas, que estaban siendo capturadas por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), y que se alojaban en la cárcel central de Charlotte, que estaba bajo la jurisdicción del sheriff.
Mi pedido, que fue negado inicialmente y que después de la columna fue aceptado, se sustentaba en que deberíamos “tener una idea clara y trasparente del proceso de arresto, detención y remoción de extranjeros”.
La preocupación se ahondaba con el anuncio del sheriff, la congresista Sue Myrick y ejecutivos de ICE de darle a agentes locales facultades migratorias y estar “ad portas” de una deportación masiva.
“Sería terrible si los medios de comunicación en español locales y las organizaciones latinas de base no pudieran monitorear cómo y por qué son arrestados los inmigrantes indocumentados que terminan en las manos de ICE”, anotaba el suscrito.
“Revelar los nombres y cargos es la única manera de verificar que todas las agencias — departamentos de policía, la Oficina del Sheriff e ICE — juegan limpio en la implementación del programa piloto de Myrick para Carolina del Norte”, señalaba yo.
Antes del 287g, de acuerdo con los portavoces de ICE, de Charlotte eran deportados cada semana entre 8 y 10 indocumentados, pero las cifras dadas por el alguacil mostraban que el promedio de expulsados llegaba en febrero de ese año a 33 a la semana.
Durante 2005, un total de 8,413 hispanos habían sido víctimas de crímenes en Charlotte, pero 4,162 individuos de apellido hispano habían sido detenidos en Charlotte, lo cual daba una idea de la catástrofe que se avecinaba.
Lo que vino después de que en abril de 2006, al comenzar el procesamiento para deportación de los primeros detenidos, fue pavoroso.
El 287g ha generado la puesta en deportación de 11,480 inmigrantes desde Charlotte, de los cuales únicamente 235 han sido verdaderos criminales (aggravated felons).
A más de 7 mil individuos, incluyendo ciudadanos naturalizados, les han tomado las huellas dactilares y las fotografías.
Se estableció un doble estándar para tratar a los ciudadanos, violando claramente los derechos civiles y constitucionales de los estadounidenses nacidos fuera del territorio del país. Residentes legales, asilados, refugiados y amparados por el estatus de protección temporal (TPS) también resultaron afectados.
Una muestra de que el 287g si ha estado dirigido para sacar a latinos del país, son las cifras, que hablan por sí solas. De los 11,480 procesados para deportación, 11,061 han sido de países de habla hispana de los cuales 7,238 han sido mexicanos, 3,573 centroamericanos, 216 sudamericanos 31 caribeños y 3 españoles. No ha habido nacionalidad hispana que no haya sido afectada. De Brasil han sacado 71 y 348 de otros 55 países.
De los deportados, 9,677 fueron acusados de delitos menores y 3,440 de cometer infracciones de tráfico.
Pero Charlotte, es apenas un microcosmos de lo que ha ocurrido en las más de 60 jurisdicciones, donde ha operado el 297g.
Lo que es cierto, es que antes de que llegara a mi ciudad, solo funcionaba en cuatro lugares, y el exalguacil Pendergraph fue el encargado que hiciera metástasis en el país.
Jennifer Roberts, comisionada del condado de Mecklenburg, donde se localiza Charlotte, me dijo, después de que la enteré que el gobierno federal había decidido cortarle la financiación al 287g, y no aceptar nuevos contratos, que “el programa nunca ha sido el medio más adecuado para resolver el problema migratorio”.
En Arizona: tornando el atropello en poder político
Maribel Hastings
America’s Voice
PHOENIX – Don Manuel Ramírez Chávez, oriundo de Michoacán, llegó a Estados Unidos a los ocho años de edad. Cincuenta y seis años más tarde, a los 64, se está haciendo ciudadano y no lo hizo antes, dice, “porque nunca había visto tanta discriminación como ahora, mucho racismo, mucha persecución contra el hispano”.
Quiere votar “para que haya cambios aquí en el estado de Arizona”. “Si no votamos, no va a cambiar”, indicó Don Manuel en una feria de ciudadanía organizada por Mi Familia Vota en Guadalupe, Arizona.
En Phoenix, a la misma hora, la coalición ONE Arizona, que agrupa a once organizaciones no partidistas que promueven el registro, la educación y la movilización de votantes, entrenaba a jóvenes ciudadanos latinos que aspiran a ocupar puestos públicos motivados en gran medida por la atmósfera anti inmigrante y en general anti hispana vivida en Arizona en el marco de la ley SB 1070, los ataques a los estudios étnicos, y los excesos del alguacil Joe Arpaio.
Norma Alicia Meléndez Arámbula, nacida en San Francisco, California, llegó a los cuatro años de edad a Phoenix. A sus 22 años de edad aspira a convertirse en abogada de inmigración y eventualmente ir escalando puestos públicos con la mira puesta en el Senado federal.
Una de sus motivaciones centrales ha sido el clima anti inmigrante de Arizona y de otros puntos del país.
“Me motivó porque mucha de mi familia es indocumentada, muchos de mis amigos, Veo que viven con el miedo de no poder salir, cómo se aprovechan de ellos. Quisiera demostrarles que puedo representarlos a ellos de un modo u otro, que aunque no tengan papeles, hay maneras de resolver las cosas sin esconderse como si fueran criminales”, señaló Meléndez.
The New America Leaders Project auspició el taller de liderazgo para los jóvenes. Su directora fundadora, Sayu Bhojwani, explicó que hay una necesidad no sólo de inmigrantes en puestos públicos sino de inmigrantes “que reflejen las necesidades y los intereses de nuestras comunidades” y que provengan de las mismas comunidades que quieren representar. De 2010 a esta parte, indicó, los inmigrantes no se ven únicamente como votantes que deben ser movilizados para elegir a otros “sino como participantes directos en la mesa de decisiones”.
Mientras el proceso primarista republicano sigue su curso y mientras los precandidatos republicanos continúan su marcha hacia la extrema derecha en el tema migratorio, en Arizona diversas organizaciones centran sus esfuerzos en asegurar que más hispanos elegibles se hagan ciudadanos y quienes ya lo son, se registren para votar y en general, que se involucren en el proceso político a diversos niveles, incluyendo como candidatos.
Mi Familia Vota condujo este sábado una feria de ciudadanía en Guadalupe, ubicado entre Tempe y Phoenix, uno de los escenarios de los operativos del alguacil Arpaio.
Abigail Duarte, coordinadora estatal de Mi Familia Vota, explicó que desde el 2010 a esta parte, en medio del fragor de la SB 1070, ciertamente se ha visto el interés de la gente en naturalizarse y han tenido que conducir más ferias de ciudadanía que las originalmente programadas. “Siempre ha habido mucho interés en los eventos, pero sí hemos visto que este año incrementó, desde enero, y la gente empezó a llamar más”. El clima anti inmigrante ha sido un factor. “Muchas personas están inconformes con lo que están viendo, se han sentido atacadas personalmente y quieren hacer ver que son parte del país, y este es el último paso que les faltaba dar, hacerse ciudadanos y votar”, agregó Duarte.
Osvaldo Ulises Sierra se naturalizó el pasado 27 de enero y dijo que su decisión tuvo “mucho que ver con la política anti inmigrante porque con la ciudadanía le puedes exigir más a tus representantes en el gobierno y te da más seguridad a tí y a tu familia”.
Dice que no podría votar en noviembre por ningún republicano porque quien encabeza, hasta ahora, la lucha por la nominación, Mitt Romney “dice una cosa un día y al otro dice otra”. Aunque el presidente Barack Obama no concretó su promesa de promulgar una reforma migratoria, piensa votar por el presidente “porque de perdida hay una promesa y uno tiene la esperanza de que pueda llegar a cumplirla.Del otro lado (republicano) no hay nada”.
ONE Arizona, integrada, entre otros, por Mi Familia Vota, Voto Latino, NALEO, y Promise Arizona, ha encabezado desde 2010, a la luz de la SB 1070, los esfuerzos para garantizar que más latinos elegibles se registren para votar y que una vez lo hagan, salgan a votar, sobre todo los electores hispanos de baja tendencia para votar. Y han tenido éxito en movilizar el voto latino de baja tendencia en los comicios de medio tiempo en 2010 y en las elecciones municipales de Phoenix en 2011 que resultaron en la elección de un alcalde demócrata y de un segundo concejal hispano, Daniel Valenzuela.
“Y continuaremos este año. Es un proceso sostenible. Phoenix ha sido un microcosmos de lo que puede lograrse y esperamos ampliarlo (al resto del estado)”, sostuvo Leticia de la Vara, directora de ONE Arizona.
Don Manuel, por su parte, indicó que por todas partes en Arizona se habla de la necesidad de votar. De los republicanos, dijo, “he oído los ataques que pronuncian contra los hispanos, de poner una cerca de alambre con electricidad (en la frontera) y que el Romney quiere agarrar a todos los policías para sacar a todo mundo”.
De Obama, señaló que aunque no ha cumplido su promesa de reforma, “hay que darle otra chanza porque los demás (los republicanos), están atacando mucho”.
Maribel Hastings es asesora ejecutiva de America’s Voice
Pandillas al acecho, proteja a sus hijos
Luisa Fernanda Montero
Para La Red Hispana
A la difícil realidad que viven muchas familias hispanas gracias a su situación migratoria, se suma el riesgo de que sus hijos adolescentes se unan al creciente número de pandillas juveniles que pululan en Estados Unidos.
De acuerdo con el Centro de Inteligencia Antipandillas, organismo creado por el FBI, las pandillas están creciendo, evolucionando y convirtiéndose en una amenaza cada vez más grande.
En su Informe Nacional sobre la Amenaza de las Pandillas 2011, dicho organismo señala que existen más de 33 mil pandillas que operan en los 50 estados, el Distrito de Columbia y Puerto Rico.
Los jóvenes inmigrantes, que muchas veces han crecido lejos de sus padres – que emigran antes que ellos y los dejan al cuidado de familiares o amigos – deben enfrentarse a un proceso de socialización y reinserción familiar que los hace vulnerables.
En muchos casos hay una distancia marcada entre padres e hijos que debido a los años de alejamiento han perdido los códigos de comunicación. A ello se suman las rutinas laborales que muchas veces exceden los horarios convencionales, ya que los padres se ven obligados a trabajar horas extras y dobles jornadas.
Así, la distancia entre padres e hijos es cada día más grande y los jóvenes se ven expuestos a una sociedad desconocida, a un idioma desconocido y a unos códigos de comportamiento difíciles de asumir en su ya complicada adolescencia.
El desarraigo y la soledad hacen de las suyas y es allí cuando los jóvenes son presa fácil de los grupos callejeros de delincuentes que les ofrecen la posibilidad de pertenecer a un grupo, de tener amigos y de acceder rápidamente a las supuestas ventajas del dinero.
¿Cómo enfrentarse a esta realidad? ¿Cómo evitar que sus hijos sucumban a la tentación de las pandillas?
Para empezar hay que estar pendiente de las señales de alerta. Los años tempranos de la adolescencia – de 12 a 14 años de edad – son determinantes porque es en este tiempo en que los jóvenes comienzan a involucrarse con las pandillas o a considerar la posibilidad de hacerlo.
Los jóvenes en riesgo, pueden empezar a tener cambios negativos de comportamiento como apartarse de la familia, decaer en su desempeño escolar o dejar de asistir a clases, manifestar un deseo inusual de mantener sus asuntos en secreto o mostrar una conducta conflictiva y llegar a la confrontación y al irrespeto por la autoridad de los padres, los maestros o las fuerzas del orden.
Los jóvenes pueden también empezar a inclinarse exageradamente por algún color en particular – puede que decidan usar solo ese color en su ropa – tener cambios drásticos en su estilo, en el corte de cabello o usar señales con las manos para comunicarse con sus amigos. Si la situación es aún más grave el abuso de alcohol o drogas puede ser una realidad, así como la presencia de lesiones físicas causadas por peleas o la posesión repentina de artículos de valor o dinero.
El antídoto es el amor. Hable a tiempo con sus hijos sobre las pandillas y la manera de evitarlas. Comparta tiempo con ellos. Es claro que no tiene todo el día pero la calidad de tiempo que le ofrezca a sus hijos puede hacer la diferencia. Trate por todos los medios de restablecer la comunicación.
Conozca a los amigos de sus hijos y a sus padres, enséñele a sus hijos a lidiar con las presiones externas y marque límites. Recuerde que más que un amigo, lo que necesitan sus hijos es un padre.
Siempre hay alternativas, busque la forma de compartir tiempo en familia y mantener las tradiciones familiares y culturales y sobre todo escúchelos. Si siente que la situación se le sale de las manos, busque ayuda. Usted puede hacer la diferencia.
NCLR Capital Awards Celebra Aniversario de Plata
Washington, D.C.—El NCLR (Consejo Nacional de La Raza) patrocinará el martes 6 de marzo en Washington su vigésimo quinto gala anual Capital Awards donde reconocerá la labor de oficiales electos de ambos partidos políticos—demócratas y republicanos—que han demostrado su compromiso a promover leyes y políticas que benefician a los hispanoamericanos en sus distritos y a lo largo del país.
Más de 750 líderes hispanos, funcionarios del gobierno y activistas comunitarios estarán presentes en el evento donde la presidenta del NCLR, Janet Murguía, presentará los premios a los galardonados de 2012, que son el congresista George Miller (D-CA) y el alcalde Paul W. Bridge (R) de Uvalda, Georgia. Natalie Morales, presentadora del programa TODAY en la cadena NBC, será anfitriona del evento.
NCLR también presentará el 2012 Public Service Award to Kids In Need of Defense (KIND) (Premio de Servicio Publico para Niños en Necesidad de ser Defendidos). El premio se entregará por los esfuerzos en ayudar a niños que han llegado al país sin un padre o guardián legal y quienes no han podido conseguir o pagar por un abogado que los represente en el proceso legal migratorio.
El único evento hispano que reconoce a partidarios de ambos partidos políticos, el NCLR Capital Awards ha rendido anteriores homenajes al antiguo Senador Edward M. Kennedy (D–MA), el Congresista John Boehner (R–OH), y la Congresista Nancy Pelosi (D–CA).
Teatro de La Luna presenta “No Puedo Vivir sin Mucama”
En esta semana sube a escena en el Teatro de La Luna la obra “No Puedo Vivir sin Mucama” escrita e interpretada por Perla Laske quien con humor y aguda mirada aborda el tema del servicio doméstico.
La obra llama a la risa y a la reflexión sobre las relaciones entre ‘mucamas y patronas’ logrando un abanico de caricaturas que le permiten mostrar sus condiciones histriónicas. La pieza tiene una palpable y gran vigencia descrita a través de un claro estilo y un texto ‘redondo y atractivo’.
Posteriormente, para cerrar en la cuarta semana de presentaciones, se presentará “Solo Petru”, un espectáculo creado e interpretado por el mismo gran comediante-humorista Petru Valenski desde la estética propia del Café Concert.
Todos los espectáculos se presentan en el Gunston Arts Center, Theater Two, 2700 S. Lang Street, en
Arlington, Virginia, como parte de la programación de la TEMPORADA 2011-2012.
De las cuatro grandes producciones de cuatro países diferentes, ya recibió en sus presentaciones el caluroso aplauso del público en las semanas anteriores, El Inmigrante, la producción de Teatro La Polea de Costa Rica, y “Familia en Construcción”.
El TEATRO DE LA LUNA fue establecido en 1991 como respuesta a los requerimientos de la creciente comunidad hispano parlante del área y como vehículo de acceso permanente a un teatro de alta calidad, “al mejor estilo latinoamericano”.
Información en página web www.teatrodelaluna.org/prensa
INFORMES y RESERVAS: 703-548-3092
Email: [email protected]
Alcaldesa de Baltimore se ubica al lado de la justicia
La alcaldesa de Baltimore Stephanie Rawlings-Blake firmó esta semana una orden Ejecutiva que protege a residentes de esa ciudad de la discriminación racial y mantiene a los inmigrantes a salvo de la separación de sus familias, producto de un sistema de inmigración roto.
La medida es aplaudida por organizaciones que trabajan por los derechos de los inmigrantes como CASA de Maryland.
“Este es otro esfuerzo hacia la dirección correcta para que nuestra comunidad continúe su lucha permanente por la paz y la inclusión”, dijeron voceros de esa organización con sede en Hyattsville y otras oficinas en los condados de Prince George’s y Montgomery.
El documento firmado por la alcaldesa Rawlings-Blake prohíbe el trato diferencial entre los residentes de la ciudad por motivos de raza, etnia, país de origen, estatus migratorio, y falta de dominio del idioma inglés.
La orden fue firmada a tan solo una semana de que el gobierno federal obligó a la ciudad de Baltimore a activar el programa de “Comunidades Seguras”, un programa federal ampliamente desacreditado, el cual obliga a la policía local a ser un conducto en el proceso de deportación. La orden ejecutiva prohíbe el gasto de los fondos de la ciudad para aplicar la ley de inmigración y de igual manera se considera fuera de la ley que agentes de la policía pregunten por el estatus migratorio.
“La alcaldesa Rawlings-Blake, reiteró su compromiso ante la ciudad para asegurar que todos los residentes sean tratados con dignidad”, dijo Gustavo Torres, director ejecutivo de CASA de Maryland.
“La ciudad de Baltimore ha demostrado su compromiso hacia la comunidad inmigrante y los inmigrantes seguirán demostrando su compromiso a la ciudad de Baltimore para un mejor futuro. Así mismo invitamos a los funcionarios de Condado de Montgomery y Prince George a segur el liderazgo de la alcaldesa”, apuntó.
CASA de Maryland lideró los esfuerzos para la adopción de la orden ejecutiva en conjunto con organizaciones y líderes que incluyen la Mayor’s Hispanic Commission, the Baltimore City Branch of the NAACP, the Maryland State Conference of the NAACP, the Greater Baltimore Urban League, the Service Employees International Union Locals 1199, 32BJ and State Council.
También incluye la World Relief Immigration Clinic, Sacred Heart of Jesus Catholic Parish, New Harvest Ministries, the Archdiocese of Baltimore, the Women’s Law Center, UNITE HERE Local 7, Safe and Sound Coalition, Maryland Interfaith Legislative Committee, Progressive Maryland, the Baltimore Hispanic Chamber of Commerce, Maryland Network Against Domestic Violence, and the Baltimore Hispanic Pastors Association.
Liberan a Ananías Laparra Martínez
La Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle logra la liberación del señor Ananías Laparra Martínez, preso injustamente en Chiapas, México
El mes pasado, representantes del gobierno federal y funcionarios del Estado de Chiapas, al sur de México, liberaron al señor Ananías Laparra Martínez. El señor Laparra, de 63 años de edad, estuvo encarcelado injustamente por más de 12 años cumpliendo una condena por un crimen que no cometió.
En octubre de 1999, la policía de Chiapas detuvo ilegalmente al señor Laparra Martínez y lo torturó severamente. También torturó a su hijo de 14 años de edad delante de el, y a su hija de 16 años, amenazándola con violarla. Bajo estas extremas condiciones y sin saber leer ni escribir, con la complicidad del Ministerio Público, fue forzado a firmar una declaración autoinculpatoria, confesando un crimen que no cometió. A pesar de las reiteradas denuncias de tortura realizadas por el señor Laparra desde la primera oportunidad que tuvo de estar frente a un juez, fue condenado a más de 28 años de prisión. La confesión obtenida bajo tortura fue la prueba principal de su condena, aceptada por los jueces mexicanos con base en el principio de inmediatez procesal.
El señor Laparra Martínez era un blanco fácil para la policía y el Ministerio Público. De escasos recursos económicos y sin instrucción, su detención no sería objetada y dotaría a las autoridades de una condena sin mayores esfuerzos de investigación. El Director de la Clínica de Derechos Humanos, profesor Thomas Antkowiak, señaló que “este caso representa una dura realidad en México: el uso sistemático de la tortura y coerción como método de investigación por parte de la policía y el Ministerio Público y la aceptación de prueba coaccionada por parte del poder judicial”. Esta práctica sistemática ha sido reconocida y reprochada por numerosos organismos internacionales, solicitando a México que realice cambios estructurales.
Un momento decisivo en la historia de este caso fue la presentación por parte de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle, Estados Unidos, de una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington D.C. Varios estudiantes de derecho participaron en el extenso análisis del expediente, la preparación y el seguimiento del caso ante la CIDH. La Comisión Interamericana ordenó al Estado de México que implementara medidas adecuadas para dotar de evaluación y tratamiento médico para proteger las delicada situación de salud en que las condiciones de detención lo habían colocado. “La decisión de la Comisión Interamericana se transformó en una herramienta trascendental para generar una espacio de negociación con oficiales del gobierno local y federal sobre el caso de Ananías Laparra”, dijo Alejandra Gonza, abogada representante en el caso. Después de un intenso período de negociaciones y reuniones y con la adopción el pasado viernes de medidas cautelares del Consejo Estatal de Derechos Humanos de Chiapas a favor de la concesión de la libertad del señor Ananías Laparra, la Mesa de Reconciliación procedió a su liberación el día de hoy, bajo la figura de sentencia suspendida.
Para llegar a este punto en el caso ha sido fundamental el apoyo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y la incondicional representación legal del abogado mexicano de la familia Laparra Martínez, Ricardo Lagunes Gasca, con los cuales la Clínica pudo consolidar el día de hoy la libertad del señor Ananías Laparra Martínez.
La Clínica y todo el equipo de abogados y organizaciones que los apoyan continuarán trabajando en representación de la familia Laparra Martínez para que el Estado de México le otorgue una reparación integral por las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas desde 1999. Estos esfuerzos incluirán el litigio pendiente ante la Comisión Interamericana, así como iniciativas entabladas ante autoridades estatales y federales.
Fuente: Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle
Corte Suprema revisará caso contra la ley de vigilancia
El gobierno de Obama decidió proceder este mes con su intento de anular el fallo de una corte de menor rango, al solicitar a la Corte Suprema que dicte una sentencia sobre si una coalición de grupos que incluye WOLA tienen el derecho o no de impugnar el monitoreo, sin orden judicial, de correos electrónico y llamadas internacionales.
La ley FAA (FISA Amendments Act en inglés), que permite al gobierno federal monitorear llamadas telefónicas y correos electrónicos internacionales sin una orden judicial, fue aprobada en el 2008 e impugnada poco después. El caso contra la FAA argumenta que el monitoreo sin orden judicial viola los derechos civiles fundamentales porque le da al ejecutivo el poder absoluto de monitorear en secreto las comunicaciones internacionales de los ciudadanos estadounidenses.
“Cuando personas en América Latina hablan por teléfono con WOLA, necesitan tener la seguridad de que están hablando con nosotros y no con el gobierno de Estados Unidos. El hecho de que nuestras conversaciones puedan ser monitoreadas puede impactar la disposición de nuestros colegas de hablar libremente con nosotros”, dijo Joy Olson, directora ejecutiva de WOLA.
Poco después de que se aprobó la ley en el 2008, la organización American Civil Liberties Union (ACLU) la impugnó en nombre de una coalición de organizaciones laborales, medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos, incluyendo a WOLA. El Departamento de Justicia ha defendido la ley argumentando que estos grupos ni siquiera tienen el derecho de interponer una demanda sin antes haber evidenciado que han sido monitoreados por el programa. Sin embargo, la ley es tan poco transparente, que el gobierno se niega a proporcionar tal información. En marzo de 2011, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones para el Segundo Circuito en los EE.UU. falló que los grupos sí tienen el derecho a impugnar la constitucionalidad de la ley, y en septiembre, el Segundo Circuito rechazó una solicitud del gobierno de Obama pidiendo que ese fallo fuera reconsiderado. El viernes, 17 de febrero de este año, el gobierno de Obama pidió que la Corte Suprema revisara el fallo de la Corte de Apelaciones, en un intento por mantener la ley intacta y sin supervisión.
“El tema que se presentará ante la Suprema Corte solamente tiene que ver con si tenemos o no el derecho de defender, ante una corte de menor rango, nuestro caso sobre si el monitoreo de comunicaciones sin orden judicial viola nuestros derechos”, dijo Olson. “Somos parte de esta querella porque no podemos dejar que el miedo y la falta de transparencia se impongan sobre nuestros derechos o nos impidan hacer nuestro trabajo”.
Para obtener más información sobre la demanda contra la ley: http://www.aclu.org/national-security/amnesty-et-al-v-clapper (enlace en ingles).
Para más información sobre la solicitud de información de la ACLU sobre la FAA:
http://www.aclu.org/national-security/fisa-amendments-act-foia-request (enlace en ingles).
Fuente: WOLA
Servicios extraordinarios de TPS en Wheaton
Por Ramón Jiménez
Los salvadoreños que todavía no hay llenado los documentos para la reinscripción al Estatus de Protección Temporal (TPS) pueden asistir este domingo 4 de marzo a Wheaton, Maryland.
El período de renovación del TPS vence este 12 marzo, por lo que personal del Consulado de El Salvador en Washington asistirán a las personas interesadas. en el Gilchrist Center for Cultural Diversity, ubicado en 2424 Reddie Drive y Georgia Ave. (a dos cuadras al norte de la estación del Metro de Wheaton, Línea Roja). El horario es de 10am. a 4pm.
Documentación requerida:
Permiso de trabajo actual (fecha de vencimiento 09/09/2012) copia del formulario de la reinscripción anterior, money order por $380.00 para permiso de trabajo (no es indispensable), money order por $ 85.00 para toma de datos biométricos, huellas, foto y firma, tarjeta de seguro social (no es obligatoria).
Para más información sobre los documentos que se necesitan llamar al teléfono 1-888-301-1130.
A dos años del terremoto
Teresa Gurza.
Nadie que haya vivido el terremoto de 8 punto 8 grados ocurrido en la zonas central y sur de Chile a las 3 cuarenta y cinco de la mañana del 27 de febrero del 2010, podrá olvidarlo.
Mientras todos temblábamos, de miedo y por las réplicas que no paraban, llegaban al país investigadores de muchas nacionalidades felices de poder estudiar en el mero sitio ese fenómeno.
Pero a 24 meses no hay acuerdo sobre si eso que nos azotaba para todos lados y tanto destruyó, fue un solo “evento” que duró más de 3 minutos; o dos terremotitos, uno tras otro, con epicentros a pocos cientos de kilómetros de distancia.
Y siguen las réplicas sísmicas, que pueden extenderse hasta por cinco años.
A las que ahora se suman las políticas; porque por un lado la oposición critica al presidente Sebastián Piñera por la lentitud en la reconstrucción de viviendas que afirma no llega al 10 por ciento; Piñera sostiene es del 40, y durará cuatro años más.
Y por el otro, la Fiscalía formalizará el próximo 7 de mayo a ocho funcionarios de la entonces presidenta Michelle Bachelet por cuasidelito de homicidio.
Eso, porque a minutos del temblor y cuando olas de 30 metros tragaban gente, casas, iglesias, escuelas y barcos, negaron que pudiera haber tsunami y no alertaron a la población.
La Fiscalía los culpa de 10 errores técnicos y de mando, que incluyen falta de información y capacidad; y exceso de inacción y torpeza, lo que provocó fallara el liderazgo capaz de enfrentar esos momentos.
Serán llevados a juicio quienes eran subsecretario del Interior, directora de la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI), comandante director del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile, (SOHA) y otros dos marinos; y también el sismólogo de la Universidad de Chile y asesor de Bachelet en las decisiones de esa madrugada.
Se les achaca en diferentes grados, responsabilidad en los fallecimientos de 156 personas y la desaparición de 25; resultado según la investigación que duró dos años, de no haber sido avisados que al terremoto seguiría un maremoto.
El fiscal no descarta citar a declarar al Presidente Piñera, que en esa fecha era ya presidente electo; y a otros tres funcionarios que al evaluar mal los informes, no entregaron a las autoridades datos que permitieran decretar la alerta en las costas chilenas.
Y es que en medio del temblor que no paraba y del pánico, cientos de veraneantes que pasaban los últimos días de las vacaciones escolares en playas de las regiones más afectadas, corrieron a los cerros.
De los que bajaron a los pocos minutos porque Bachelet descartó la posibilidad del maremoto, que con olas de 30 metros se los estaban ya llevando.
Ahora sus familias buscan la verdad y reclaman justicia.
Ese terremoto, el quinto en intensidad a nivel mundial, ha tenido más de 530 réplicas y afectó sobre todo cuatro regiones del centro-sur de Chile.
Y eso que como los chilenos saben bien que su país es uno de los más sísmicos del mundo, tienen normas de construcción estrictas y casi nula corrupción que permita evadirlas.
Pese a eso, terremoto y tsunami acabaron con incontables puentes, iglesias, carreteras y pasarelas.
La más dañada fue la VIII Región del Bío Bío donde inmensas olas acabaron con 400 barcos y lanchas, 101 mil 245 viviendas, mil 16 escuelas y 27 puentes.
Siguió en destrucción la VII Región del Maule, donde olas de once metros mataron a 90 personas, acabaron con 62 mil 650 viviendas y arrastraron 130 barcos.
En la Región Metropolitana que es donde yo vivía, el terremoto destruyó entre otras cosas, 49 mil casas, y mil 500 colegios.
Y en la V Región de Valparaíso, olas de ocho metros perdieron nueve barcos y afectaron 22 mil 393 casas y 517 colegios.
Ahí se dio doce días después del terremoto, la réplica más fuerte justo cuando en la sede del congreso nacional Bachelet entregaba el mando como nuevo presidente de Chile a Piñera.
Y quedaron también para la memoria, las expresiones atemorizadas de varios invitados internacionales; como el Príncipe Felipe de España, que miraban aterrados el vaivén de las lámparas que colgaban sobre sus cabezas.