Por Ramón Jiménez
Tres altos cargos en el sistema judicial y legislativo de El Salvador asistieron este lunes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, D.C., para darle continuidad a la «comunicación» o demanda que antes habían presentado ante esa Comisión, por la violación de sus derechos civiles y políticos así como la libertad de expresión y opinión del pueblo salvadoreño, por parte de la Sala de lo Constitucional de su país.
El grupo estuvo integrado por el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Ulises Rivas; el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Tomás Padilla; y el exdiputado suplente por el partido FMLN, Carlos Zambrano. Los tres fueron destituidos en diferentes fechas por la máxima instancia judicial, que nació como resultado de los Acuerdos de Paz firmados por el gobierno y las fuerzas beligerantes, tras la guerra civil de 12 años, el 16 de enero de 1992.
Al igual que Zambrano otros 83 diputados suplentes de los diferentes partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa fueron destituidos por los cuatro magistrados de la Sala, quienes a su antojo decretan inconstitucional denuncias que le son presentadas por ciudadanos comunes, en su mayoría en contra del actual gobierno de FMLN o de personas que supuestamente “tienen nexos” con ese instituto político de izquierda, como fueron señalados Rivas y Padilla.
“Lo hacen conscientemente de que van a ocasionar problemas [la Sala] porque lo que están queriendo generar es un descontento social, creando los espacios necesarios para que la derecha mas rancia, mas oscura del país pueda recuperar los espacios. Y es ahí donde no tenemos que perdernos”, sugirió Padilla, durante una reunión con compatriotas de la región metropolitana de Washington, que tuvo lugar en Silver Spring, Maryland un día antes de asistir a la CIDH en la capital estadounidense.
Padilla, un abogado con gran experiencia en su campo, sugirió a sus compatriotas que hay que poner atención al problema porque la afectación es general.
Reconoció Padilla que los salvadoreños deben aunar esfuerzos y ser pro activos, más creativos en la forma de abordar esta situación buscándole un correctivo internamente en el país, y para eso es que tienen que involucrarse todos.
«Lo que tenemos que hacer es luchar para que esos criterios sean revertidos, sean revisados y que otras personas no sufran esas persecuciones por orientación o pensamiento ideológico que pueda tener», destacó Rivas.
«Yo creo que en todos los países del mundo y en cualquier ciudad civil y actual no se deberían de permitir las persecuciones por orientaciones políticas. Un ser humano desde que nace tiene que tener necesidades gregarias de sentirse que uno puede simpatizar, relacionarse y convivir en sociedad con otra persona; eso significa ser humano de naturaleza gregaria, pero si uno no tiene un pensamiento ideológico definido, prácticamente es un ermitaño, es una persona que está aislada del quehacer social», agregó.
Consideró Rivas que los magistrados, ese criterio que tienen de andar sustituyendo personas por orientación o por preferencias políticas hay que revisarlo, porque otros salvadoreños van a querer aspirar a un cargo digno, hacer toda una carrera y lo quieren hacer de buena forma; pero con ese criterio no pueden porque son criterios que dañan derechos civiles y políticos. Explicó, además que si se revisa cualquier constitución del mundo o cualquier tratado internacional —llámese Comisión Interamericana de Derechos Civiles, llámese pacto internacional de derechos civiles y políticos, llámese constitución de El Salvador y otras constituciones del mundo— siempre van a decir que «se prohíbe la discriminación» y empiezan diciendo —la mayoría— por motivos de raza, religión o preferencias políticas; pero en El Salvador están destituyendo funcionarios.
«Nosotros queremos sentar ese precedente que otras instituciones revisen el criterio de la Sala de lo Constitucional y puedan revertirse. A nosotros ya nos dañaron, eso ya no lo podemos retroceder, pero podemos evitar que a otras personas las sigan dañando, y sea de la ideología que sea (izquierda, derecha), no importa, pero que se respeten los derechos civiles y políticos de las personas que quieren llegar a ese cargo público con dignidad. Eso es lo que nosotros estamos buscando», remarcó Rivas.
Los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional terminan su periodo en junio 2018. Antes de esa fecha hay elecciones. La nueva Asamblea Legislativa habrá de elegir un tercio de la Corte Suprema de Justicia. 4 de los nuevos magistrados propietarios y sus respectivos suplentes van directamente a la Sala de lo Constitucional.
Solamente uno iría a sustituir a una magistrada que actualmente está asignada a la Sala de lo Civil. Tanto Padilla como Rivas y Zambrano consideran que se están generando las condiciones para que la derecha pueda tener la correlación necesaria al interior de la Asamblea Legislativa y elegir una Sala Constitucional que les sea favorable.
Explicaron que eso terminaría de generar condiciones para las elecciones el siguiente año, que son las presidenciales.
«Si estos sectores oscuros en el país lograran alcanzar sus propósitos, sin duda los avances logrados en estos dos gobiernos del FMLN quedarían anulados muy probablemente. El llamado es a ponerle atención a esa situación. Yo sí creo que este retroceso que está teniendo el país en materia de administración de justicia es nefasto, el que unos jueces constitucionales obligados especialmente a tutelar derechos que se consigan en el texto constitucional son realmente graves; de una gravedad que debe ponérsele atención para los efectos de poner los elementos correctivos», apuntó Padilla.
Para el diputado Carlos Zambrano el hecho de que el FMLN haya ganado la Presidencia de la República en 2009 y en 2014 no significa mucho.
«Solo le quitamos un pedacito de poder a la hegemonía de la derecha en nuestro país. Es únicamente el Ejecutivo», remarcó.
Enfatizó Zambrano que la derecha hábil y conocedora del Estado que ellos mismos crearon durante 80 años comienzan a ver por donde pueden detener el avance del FMLN.
«Es ahí donde utilizan a juicio de algunos de nosotros el último reducto de poder que ellos tenían dentro del Estado. Y eso fue la Sala de lo Constitucional», puntualizó.
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CIDH PONE INTERÉS A CASOS DE VIOLACIONES A DERECHOS POLÍTICOS POR PARTE DE SALA CONSTITUCIONAL
Por Antonio Fraguas
El magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ulises Rivas, sostuvo este lunes una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para exponer las violaciones a sus derechos humanos por parte de los magistrados de la Sala de lo Constitucional.
Rivas fue acompañado por el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Salomón Padilla, y el diputado suplente, Carlos Zambrano, quienes también han sido destituidos de su cargo por parte de los magistrados de la Sala.
“La comisión ya le puso interés a las violaciones a los derechos políticos de la Sala de lo Constitucional… me han violado los derechos civiles y políticos… los magistrados de la Sala no tienen la razón en andar destituyendo funcionarios solo porque ellos sospechan que se tiene simpatía política”, manifestó en declaraciones exclusivas a Diario La Huella.
Y es que el 24 de febrero, la Sala de lo Constitucional resolvió suspender al magistrado Rivas, por supuestas irregularidades en su nombramiento y vinculaciones con el FMLN, a pesar que había sido propuesto por la misma Corte Suprema de Justicia (CSJ) y no por partidos políticos.
Ante ello, el magistrado ha aclarado que no pertenece a ningún partido político y mucho menos ha financiado alguno.
Es día, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que hemos expuesto es que en El Salvador hay violaciones sistemáticas a los derechos civiles y políticos por parte de la Sala de lo Constitucional, afirmó a Diario La Huella.
Aseguró que la Sala ha destituido a la fecha 113 funcionarios. Y en algunos casos no les ha seguido el debido proceso, como su caso, pues al mes y unos días los destituyen. “Acá hay violaciones sistemáticas a los derechos humanos”, recalcó.
Rivas ha dicho en reiteradas ocasiones que los magistrados de la Sala tienen como objetivo interferir en asuntos electorales, para beneficiar a la derecha oligarca e irrespetar los equilibrios electorales que existen en el ente colegiado.
Es más, la magistrada La magistrada suplente del TSE, Sonia Clementina Liévano de Lemu, quien sustituye al magistrado Rivas, aseguró que es de pensamiento de derecha, pero dijo que eso no interfiere en su trabajo en el ente colegiado.
“Bueno, de que soy de pensamiento de derecha, soy de derecha, pero no puedo aceptar bajo ningún momento que se hayan hecho comentarios o críticas en el sentido de que esto va a ser un fraude electoral, en lo absoluto”, manifestó la magistrada en una entrevista a un periódico matutino.
Reveló que ha tenido relaciones con empresarios de este país: “Yo me inicié en la banca, fui gerente legal de varios bancos, después fui directora de varios bancos y en esos puestos yo tuve que estar relacionada con gente superimportante de este país, pero eso no quiere decir que yo me voy a deber a nadie. Si estoy aquí es para ayudar al tema de la democracia”.
La magistrada es también hermana de una exministra del gobierno de Alfredo Cristiani, pero asegura que no recibe presiones como dice el FMLN.
Fuente: Diariolahuella.com
