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PITTSBURGH, Pensilvania.— Stefano Zanetti, un ciudadano canadiense extraditado de Panamá, de 44 años, fue sentenciado ayer a 188 meses de prisión y se le ordenó pagar una multa de 35.000 dólares y una indemnización de 780.870 dólares por sus condenas por conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero.
“Zanetti y sus cómplices causaron graves daños económicos y emocionales a numerosas víctimas ancianas y a sus familias mediante este plan”, declaró el fiscal federal Troy Rivetti del Distrito Oeste de Pensilvania. “Este procesamiento y la sentencia impuesta confirman que el Departamento de Justicia y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley utilizarán todos los recursos a su alcance para investigar, identificar y llevar ante la justicia a quienes se aprovechan de los miembros vulnerables de nuestra comunidad, ya sea que estos depredadores se encuentren en Estados Unidos o en el extranjero”.
“Aprovecharse de las personas mayores explotando su amor por la familia —mediante falsas denuncias de emergencias relacionadas con sus nietos— es una forma de fraude particularmente cruel”, declaró Nathan Abel, agente especial interino a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en Filadelfia. “HSI, en colaboración con la Policía Estatal de Pensilvania, el Departamento de Policía de Bethel Park y la Fiscalía de Estados Unidos, rastreará y desmantelará estas redes transnacionales y garantizará que los responsables comparezcan ante la justicia”.
Según la información presentada ante el tribunal, Zanetti era el líder de una red delictiva que estafaba a personas mayores en Pittsburgh y en todo Estados Unidos. Los miembros de la red contactaban a las víctimas y les decían falsamente que un familiar, generalmente un nieto, había sido detenido en relación con un proceso judicial y necesitaba dinero para la fianza. Se les indicaba a las víctimas que retiraran efectivo y se lo entregaran a un supuesto mensajero que las visitaría en sus domicilios. En realidad, ningún familiar de las víctimas había sido detenido, y el mensajero era en realidad un miembro de la red. Mediante un acuerdo con la fiscalía, Zanetti aceptó la responsabilidad por pérdidas de entre 1,5 y 3,5 millones de dólares causadas a las víctimas como consecuencia de la estafa.
En septiembre de 2021 y nuevamente en febrero de 2022, grupos de tres hombres que reportaban a Zanetti viajaron a Pittsburgh para perpetrar el fraude y cobrar el dinero directamente a las víctimas. Los seis individuos —Roderick Feurtado, Tarek Bouanane, Roberto Gutierrez, Hector Enrique Escorihuela Gil, Yhonlester Wuiler Manuel Da Silva Quintero y Adrian Orozco Perez— han sido declarados culpables y sentenciados a prisión.
Samuel David Ferrer Ávila y César Javier Chourio Morante, quienes ayudaron a Zanetti a ejecutar el plan para estafar desde el extranjero, también fueron declarados culpables y sentenciados tras ser extraditados de Panamá. Una acusación formal separada, presentada en el Distrito de Vermont, imputó a 25 ciudadanos canadienses por su conexión con los centros de llamadas que se dirigían a las víctimas como parte de la conspiración de Zanetti.
Antes de dictar sentencia, el juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, J. Nicholas Ranjan, del Distrito Oeste de Pensilvania, señaló que Zanetti desempeñó un papel importante en el complejo fraude, con pleno conocimiento de sus diversas partes. El juez Ranjan también hizo hincapié en el daño emocional y las pérdidas económicas que el plan de Zanetti causó a las víctimas.
El fiscal adjunto Jeffrey R. Bengel, del Distrito Oeste de Pensilvania, llevó este caso. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia gestionó la detención y extradición desde Panamá de Zanetti, Ferrer Avila y Chourio Morante.
El fiscal federal Rivetti elogió a HSI, a la Policía Estatal de Pensilvania y al Departamento de Policía de Bethel Park por la investigación que condujo al enjuiciamiento exitoso de Zanetti y sus co-conspiradores.
