Foto cortesía AIC
Análisis más reciente del Concejo Estadounidense de Inmigración
Qué significa la nueva norma de carga pública de Trump para los inmigrantes
El 17 de julio, la administración Trump finalizó una nueva norma que modifica la política del gobierno federal sobre cómo los funcionarios de inmigración determinan cuándo es probable que una persona sea una «carga pública». La ley federal de inmigración establece que a una persona que solicita un beneficio migratorio, como la tarjeta de residencia permanente, se le puede negar si es «probable que sea una carga pública», pero no especifica qué significa eso.
En el período previo al Mundial, las políticas migratorias de la administración Trump generaron gran preocupación: las prohibiciones de viaje, los requisitos de fianza para visados y la amenaza de una mayor vigilancia migratoria afectaron por igual a jugadores (como los iraníes), entrenadores, directivos y aficionados. Sin embargo, una vez que el torneo dio comienzo a mediados de junio, el Mundial en suelo estadounidense cumplió su cometido: creó una oportunidad para el intercambio cultural y la alegría compartida más allá de las fronteras.
Estados Unidos necesita una nueva agencia de inmigración para personas como Lorenzo Salgado Araujo.
Tu estatus migratorio no debería costarte la vida. Para Lorenzo Salgado Araujo, no importaba que fuera padre de tres ciudadanos estadounidenses, residente de Houston desde hacía mucho tiempo, trabajador de la construcción con décadas de experiencia, ni que quisiera cumplir las normas y no representara ningún peligro para la seguridad. Bajo la agenda de deportaciones masivas del gobierno de Trump, lo único que importaba era que Salgado era indocumentado y latino.
Datos que debes saber
Según se informa, agentes federales del FBI recibieron la semana pasada una notificación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en la que se indica que la agencia ya no tiene intención de investigar las denuncias de agresión contra agentes de inmigración, casos que en ocasiones implican a los propios agentes.
La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, dependiente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), sería la encargada de llevar a cabo las investigaciones. De implementarse esta directriz, se limitaría considerablemente la supervisión policial del ICE en un momento en que varias personas han sido asesinadas por sus agentes.
Esto parece ser una escalada más en los intentos del gobierno de Trump por proteger a los agentes de inmigración de rendir cuentas. Pero la construcción de un sistema de control migratorio creíble y humano depende de lo contrario: los agentes deben rendir cuentas cuando abusan de su poder.
En el nuevo marco del Consejo Estadounidense de Inmigración para la aplicación de las leyes de inmigración internas, explicamos por qué los tribunales, el Congreso y los organismos de control de las agencias deberían poder imponer consecuencias significativas cuando las agencias y los agentes federales abusan de su autoridad.

En todo el país
Los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) de El Salvador, Sudán y Ucrania podrán mantener sus permisos de trabajo en Estados Unidos por el momento, tras el fallo de un juez federal el martes en un caso que bloquea temporalmente la medida en que la administración Trump reduce retroactivamente el período de elegibilidad de los documentos de autorización de trabajo actualmente válidos.
Estos beneficiarios del TPS se vieron afectados por las nuevas restricciones migratorias de la Ley «One Big Beautiful Bill», aprobada por el Congreso el año pasado, que exigía al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) emitir permisos de trabajo para las personas con TPS con una duración máxima de un año, en lugar del período de 18 meses que había sido la norma durante décadas.
Además, dicha ley exigía a los solicitantes de asilo el pago de una cuota anual por cada año que su solicitud permaneciera pendiente. En los últimos meses, el USCIS anunció que revocaría los permisos de trabajo y denegaría de inmediato las solicitudes pendientes si los solicitantes de asilo no pagaban dicha cuota. El juez también bloqueó estas políticas, que se aplicaban a personas que habían presentado sus solicitudes de asilo antes de la entrada en vigor de la ley.
Si bien los beneficiarios del TPS de El Salvador, Sudán y Ucrania pueden conservar sus permisos de trabajo de 18 meses mientras el caso avanza, el destino de los demás con TPS aún es incierto. La administración ha aumentado esta confusión al comunicar a los empleadores que la autorización de trabajo del TPS para los países cuyas revocaciones ya se han solicitado expirará incluso antes de que dichas revocaciones entren en vigor.
El Consejo analiza la información más reciente sobre el TPS, la capacidad del presidente para poner fin a las designaciones y el impacto económico que dichas cancelaciones podrían tener en la economía estadounidense.
Leer más: Estatus de protección temporal
Frase de la semana
“[La administración Trump] puede haberse alejado de las demostraciones de fuerza más teatrales que caracterizaron las operaciones en lugares como Minneapolis y Chicago, pero el objetivo básico no ha cambiado: una obsesión por aumentar las detenciones y deportaciones simplemente por el mero hecho de aumentar las cifras.”
– Nayna Gupta, directora de políticas del Consejo Estadounidense de Inmigración
Lecturas adicionales
ICE enfrenta presión por los últimos asesinatos vinculados a la represión migratoria.
Financial Times: ¿Por qué Mullin tiene dificultades para mantener a ICE fuera de los titulares?
Bloomberg Law: El Departamento de Justicia insta a suspender las órdenes de debido proceso para no ciudadanos antes de la audiencia.
Stateline: La administración Trump aumenta la presión sobre la detención indefinida de inmigrantes.
Denver Post: Familia de Colorado busca respuestas tras la muerte de un inmigrante en un centro de detención.
El Proyecto Marshall: ICE no ha publicado datos sobre detenciones o deportaciones en meses.
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