- Avances a paso de tortuga y caracol
- Estados Unidos afirma que desaparición “no tiene lugar en una sociedad civilizada”
Al cumplirse el primer aniversario de la desaparición de 43 estudiantes a manos de grupos armados en México, hay una frase que exclaman las poblaciones afectadas: ¡Somos un chingo! Y es que sencillamente ya muchos han perdido el miedo ante tanta injusticia y represión por parte de funcionarios corruptos que incluye el arresto de luchadores sociales como Nestora Salgado, quien tiene la doble ciudadanía estadounidense y mexicana y continúa en prisión.
Ante la lenta respuesta de las autoridades, los pobladores de algunos sectores han utilizado como símbolos de su lucha a la tortuga y el caracol. La tortuga es el símbolo de la Escuela Normal Rural de la aldea Aytozinapa, en el estado de Guerrero, que sigue reclamando sobre sus 43 estudiantes desparecidos.
Por su parte, comunidades autónomas controladas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que incluyen el estado de Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala, se están organizando en caracoles, que es un sistema de autogobierno democrático para un cambio con base a la perseverancia.
La organización SOA Watch, que presiona a Estados Unidos para que cierre la Escuela de las Américas, denominado ahora Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica (SOA/WHINSEC, siglas en inglés), por abusos a los derechos humanos, organizó a fines de junio una visita a los estados de Chiapas, Guerrero y a la Ciudad de México.
La visita de SOA Watch incluyó encuentros con académicos del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la analista directora del centro de análisis Americas Program, Laura Carlsen.
Asimismo, representantes de los colectivos H.I.J.O.S. y Movimiento por la Paz y la Justicia en DF, los centros de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas y Fray Matías Córdova, ambos en el estado de Chiapas, y el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan en el estado de Guerrero. Las visitas también incluyeron conversaciones con miembros de la Policía Comunitaria perseguidos por las autoridades como el caso de Nestora Salgado, Juntas del Bueno Gobierno y dirigentes de caracoles en zonas zapatistas.
La respuesta de distintos grupos sociales es coordinar esfuerzos para evitar que el país se siga hundiendo por la corrupción de las autoridades a todos los niveles del gobierno y sus vínculos con la delincuencia organizada, llamadas por algunos como “delincuencia autorizada”. Las líneas de la legalidad y la ilegalidad parecen haber desparecido en varias jurisdicciones hasta el extremo que los propios pobladores temen denunciar abusos a autoridades por temor a una mayor represión.
Más allá de las consignas de vincular al Estado con las desapariciones de los estudiantes, como un símbolo de la debilidad institucional, varios de los entrevistados indicaron que Estados Unidos apoya políticas como la Iniciativa Mérida, enfocadas demasiado en la seguridad pero dejando de lado la parte de derechos humanos.
Otro aspecto es el interés de organizaciones transnacionales en apoderarse de valiosos recursos hídricos, agrícolas, petroleros, gasíferos, turísticos y mineros en territorios habitados por campesinos indígenas que ahora temen ser despojados de sus territorios.
En este caso, la delincuencia organizada y la denominada guerra contra las drogas es parte de intereses económicos en zonas mexicanas con recursos valiosos que se valen de intimidaciones, desapariciones, amenazas de muerte a los que se atreven a denunciar, incluyendo periodistas.
La investigadora de Observatorio Latinoamericano de Geopolítica de la UNAM, Ana Esther Ceceña, habló de que el objetivo de grupos de intereses económicos transnacionales es el acceso a recursos naturales y la aplicación de una política antiinsurgente que afecta a los defensores de los derechos humanos y dirigentes comunitarios.
La analista Laura Carlsen, del Americas Program, planteó que México es parte de una estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos tras los atentados de 2001, incluyendo la lucha antidrogas, para incrementar su presencia militar en una frontera vertical que llega ahora hasta Guatemala.
“Al final los campesinos despojados de las tierras que por generaciones cultivaron, terminarán de meseros en restaurantes de lujo construidos en las que fueron sus propiedades”, comentó un organizador comunitario. En ese fuego cruzado se encuentran inmigrantes centroamericanos víctimas de abuso que atraviesan México rumbo a Estados Unidos.
Con motivo del primer aniversario de la desaparición de estudiantes en Ayotzinapa, en la ciudad de Iguala, estado de Guerrero, una vocera del Departamento de Estado dijo a MetroLatinoUSA.com que el presidente Barack Obama ya ha indicado que “este horroroso crimen no tiene lugar en una sociedad civilizada”.
El Departamento de Estado expresó “solidaridad siguen con las familias y amigos de los afectados por la pérdida de sus seres queridos” y señaló que ha habido reuniones con las autoridades mexicanas para “expresar nuestra preocupación y ofrecer asistencia para resolver el caso”. Agregó que las autoridades mexicanas han detenido a casi 100 sospechosos y que la tragedia resalta la importancia de la Iniciativa Mérida para fortalecer las instituciones judiciales y aumentar la confianza pública. “Bajo la Iniciativa Mérida, Estados Unidos y México trabajan juntos para frenar el crimen organizado, institucionalizar la capacidad de sostener el estado de derecho, construir un frontera del siglo 21 y construir comunidades fuertes. La investigación al incidente de Iguala refuerza la importancia del entrenamiento relacionado a la profesionalización de la policía y técnicas de investigación en la escena del delito”, puntualizó.
Con relación a Nestora Salgado, que enfrenta cargos de secuestro luego de actuar contra funcionarios involucrados en corrupción, el Departamento de Estado puntualizó que la Embajada de Estados Unidos en México está siguiendo “muy de cerca” el caso y proporcionando asistencia consular. “Hemos visitado a la señora Salgado en muchas ocasiones, más recientemente el 17 de julio”, puntualizó. Indicó que las autoridades consulares estadounidenses han conversado con autoridades estatales y federales mexicanas, incluyendo la corte en Guerrero. “Nos preocupa el progreso lento de su caso legal. Hemos dado a conocer nuestra preocupación a las autoridades mexicanas, incluyendo niveles superiores”, recalcó. El Departamento de Estado recalcó que continuará “monitoreando” el caso de Salgado y enfatizando el interés en un manejo justo y transparente de su caso por parte de las autoridades mexicanas.
Tras una huelga de hambre que debilitó su salud, Salgado logró que la trasladasen de una prisión de máxima seguridad a un centro de detención estatal. Su caso es apenas uno de parte de muchos que buscan justicia, como el de Nansi Cisneros, ciudadana estadounidense de origen mexicano que vive en Los Ángeles, que en nombre de las organizaciones Ciencia Forense Ciudadana y Voces Contra el Olvido, ha pedido a legisladores estadounidenses analizar la cooperación con México en materia de seguridad. La desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa sigue siendo una herida abierta en la mente y el corazón de Cisneros, cuyo hermano Javier sigue desaparecido tras el arresto por parte de hombres vestidos de policía en 2013.
La SOA Watch, por su parte, expresó que el Gobierno de México debe poner fin a la impunidad y hacer esfuerzos reales para dar con el paradero de los estudiantes de Ayotzinapa, de todos los detenidos desaparecidos y llevar ante la justicia a los responsables de estos crímenes. Indicó que entre diciembre de 2006 y mediados de septiembre de 2013, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 8,150 denuncias de abusos cometidos por miembros del Ejército contra la población. La organización rechazó la colaboración de Estados Unidos con México que ha destinado más de 2.000 millones de dólares de ayuda a través de la Iniciativa Mérida para supuestamente «contribuir a la lucha contra la delincuencia organizada» y que solamente ha contribuido a que se comentan “grandes violaciones a los derechos humanos”.
