Foto cortesía NBC Washington
El abogado que recibió la multa la impugnó basándose en el margen de error de las cámaras de velocidad.
Tras una batalla legal de tres años, un abogado logró impugnar con éxito una multa de 100 dólares al descubrir que las cámaras de tráfico tienen un margen de error; un hallazgo que podría derivar en una demanda colectiva contra el Distrito de Columbia (D.C.). Matt Ricciardi fue multado por conducir a 61 millas por hora (mph) en una zona de 50 mph. Por lo general, D.C. permite a los conductores exceder el límite en 10 mph antes de emitir una multa, según reporte de News4.
Ricciardi, abogado con conocimientos de programación informática, investigó y descubrió que las cámaras tienen un margen de error de 1 mph. El exceso de 11 mph sobre el límite podría haber sido en realidad de 10 mph, cifra que entra dentro del margen de tolerancia y no daría lugar a una sanción.
Presentó este argumento ante el DMV (Departamento de Vehículos Motorizados) —la primera instancia de apelación— y llevó el caso hasta los tribunales. En mayo, el Tribunal de Apelaciones de D.C. dictaminó que la ciudad no podía probar que él circulaba a 11 mph por encima del límite. Esta decisión podría afectar a miles de personas multadas por exceder el límite de velocidad en 11 mph.
«La mayoría de las personas que reciben multas por exceso de velocidad en el Distrito lo hacen por superar el límite entre 11 y 15 mph», señaló Martin Austermuhle, quien informó por primera vez sobre el caso para NOTUS. «Eso equivale a cerca de 1,9 millones de multas al año, de un total de 3,5 millones de multas emitidas por cámaras de tráfico en general. Sin embargo, las multas son más elevadas si se supera el límite entre 16 y 20 mph, o entre 21 y 25 mph, casos en los que se pagan cientos de dólares; y, bueno, existen argumentos que justifican esa escala.
«Pero su apelación podría beneficiar a otras personas; por ejemplo, a quienes sean sorprendidas excediendo el límite en 17 mph y puedan alegar: ‘Bueno, técnicamente no iba 17 mph por encima debido a este margen de error. Quizás iba a 16 o a 15, así que debería recibir la multa menor, no la más alta'». Antes de Ricciardi, no se cuestionaba el margen de error de las cámaras de velocidad.
«Él conoce bien el ámbito legal y se representó a sí mismo, por lo que no tuvo que pagar a un abogado», dijo Austermuhle. «No tuvo que asumir el costo personalmente».
Además, Ricciardi comentó que se interesaba por la programación informática antes de estudiar Derecho.
«Él sabía que todo tiene un margen de error», señaló Austermuhle. «Logró encontrarlo. Pudo determinar la cifra exacta y construir su caso a partir de ella. Así que influyó el hecho de que fuera una persona muy peculiar y profundamente comprometida con esta causa».
Austermuhle comentó que ha recibido noticias de otros abogados tras la publicación de su reportaje.
«Hablé con un abogado de un bufete especializado en demandas colectivas; ahora están analizando el asunto a raíz de este fallo para ver si existe un grupo numeroso de conductores que hayan pasado por lo mismo y que puedan formar parte de una demanda colectiva mayor contra el Distrito, con el fin de recuperar potencialmente el dinero de las multas que ya pagaron», explicó Austermuhle. «Sé que algunos conductores han apelado y han tenido éxito recientemente. Pero creo que lo más interesante será ver cómo los abogados retoman este caso y qué acciones emprenden al respecto».
La ciudad sostiene que las cámaras siguen siendo útiles para fomentar la seguridad, ya que incentivan a los conductores a reducir la velocidad y a detenerse por completo ante las señales de alto.
Un portavoz del Departamento de Transporte de D.C. declaró a News4: «El Departamento de Transporte del Distrito (DDOT) está comprometido con la protección de peatones y automovilistas mediante medidas de seguridad vial probadas, incluidas las cámaras de seguridad automatizadas (ASC). La fiscalización mediante ASC sigue siendo una herramienta eficaz para reducir la conducción peligrosa y mejorar el cumplimiento de los límites de velocidad establecidos. El caso Ricciardi se centra en requisitos normativos que no han evolucionado al ritmo de la tecnología y los estándares actuales, más que en la precisión o eficacia del programa. El DDOT está evaluando cambios normativos y administrativos para reflejar con exactitud el estado actual de las operaciones y los estándares».
Escrito por Mark Segraves • Publicado y actualizado el 25 de junio de 2026.
Editado por Ramón Jiménez/ML Noticias
