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El Alto Tribunal solicitó al Estado que presente información en respuesta a la solicitud de medidas provisionales interpuesta a favor de las víctimas del caso de las Masacres de El Mozote y lugares aledaños.
San Salvador, El Salvador y San José, Costa Rica 22 de octubre de 2020- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), recibió una solicitud de medidas provisionales a favor de las víctimas del caso Masacre de El Mozote y lugares aledaños, en la cual se le solicita que ordene al Estado de El Salvador que garantice acceso a los archivos militares relacionados con los hechos del caso y que cumpla su obligación de garantizar a los operadores de justicia el acceso público, técnico y sistematizado a tales documentos.
La Corte IDH trasladó la solicitud al Estado, otorgándole hasta el 5 de noviembre para que responda a los hechos planteados. Estos se refieren a la negativa por parte del Presidente de la República y el Ministerio de la Defensa Nacional de permitir las inspecciones judiciales para acceder a los archivos resguardados en instalaciones del Ejército, que serían cruciales para la identificación, juzgamiento y sanción de las personas responsables por este caso.
La solicitud fue hecha por las representantes legales, la organización Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández” y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) con el fin de salvaguardar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas del caso. El Salvador fue condenado en 2012, tras ser encontrado responsable por crímenes de lesa humanidad perpetrados por la Fuerza Armada salvadoreña en El Mozote y lugares aledaños.
“El Estado de El Salvador sigue sin cumplir con la sentencia de la Corte IDH, pues a pesar de que en 2016 inició el proceso penal interno, este no logra avanzar hacia la sanción de los responsables” señaló Marcela Martino, subdirectora de CEJIL, quien agregó “Pero lo más grave sigue siendo la deuda de justicia que mantiene con las víctimas del conflicto armado y con la sociedad salvadoreña en general”.
Para Wilfredo Medrano, de Tutela Legal, el más reciente episodio para obstaculizar el acceso a los archivos militares “constituye una nueva expresión de violencia contra las víctimas de la masacre y una muestra de que no existe una voluntad de real de justicia. Son demasiados años esperando, muchas de las víctimas se van muriendo y las nuevas generaciones no encuentran esperanza. Así no se levanta un país”, destacó.
Las personas sobrevivientes de las masacres y las organizaciones representantes esperan que la resolución de la Corte ayude a que avance el proceso legal y se haga justicia en este caso, emblemático para El Salvador y para toda América Latina.
