La adición de Amy Coney Barrett a la Corte Suprema contribuirá al desmantelamiento de la regulación financiera y a la inseguridad económica del pueblo estadounidense.
Por Aracely Panameño
La nominación de Amy Coney Barrett como jueza de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos fue aprobada por el Senado con un voto mayormente partidista de 52 a 48. La nueva jueza ha indicado verbalmente y por escrito su filosofía jurídica ultraconservadora que resultará en estragos a los derechos de la población estadounidense. Como nueva miembro de la Corte, sus decisiones jurídicas impactarán directamente los derechos de los consumidores de productos y servicios financieros por toda la nación.
La Corte Suprema de Justicia es el tercer poder del gobierno nacional y sus decisiones sobre la constitucionalidad de las leyes aprobadas por el Congreso y reglamentos establecidos por agencias de gobierno es definidor y duradero. Por tanto, cada nominación requiere una consideración bien deliberada.
El 18 de septiembre del corriente, la jueza Ruth Bader Ginsburg falleció y antes de que estuviera seis pies bajo tierra, el presidente Donald Trump anunció la nominación de Amy Coney Barrett para ocupar el puesto de Ginsburg. Tal cual es su estilo, la nominada de Trump representa todo lo opuesto a Ginsburg. Para colmo, el senador Mitch McConnell (R-KY), presidente del Senado y líder de los republicanos, y el senador Linsey Graham (R-SC), presidente del Comité Judicial del Senado, inmediatamente anunciaron su compromiso a aprobar la nominación de Barrett apresuradamente, y por encima de las objeciones de los senadores demócratas e independientes. La audiencia de consideración de Barrett en el Comité duró apenas dos días y no amerita ser descrita como de un escudriño deliberado.
La organización NAACP Legal Defense Fund (LDF, por sus siglas en inglés) identificó temas de suma importancia sobre los cuales Barrett ha adoptado posiciones extremistas, que van más allá de las posiciones del fallecido juez Scalia, “quien era considerado como el más conservador en la Corte de Roberts,” dice LDF. Barrett se adhiere a una filosofía jurídica conocida como “originalista” y por lo tanto considera que la Decimocuarta Enmienda a la Constitución, otorgando ciudadanía a toda persona nacida o naturalizada en Estados Unidos, es “posiblemente ilegítima” y que la decisión Brown v. Board of Education tiene que ser revocada.
Aparte de derechos civiles y temas sociales importantes típicamente discutidos durante el proceso regular de nominación a la Corte Suprema, hay temas que pasaron por desapercibidos que impactan significativamente el bolsillo y la seguridad económica y financiera de la población entera.
Nada menos este año, la Corte Suprema decretó que la organización de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés), originalmente dirigida por un director nominado por el presidente y removido sólo por causa, es inconstitucional. Esta decisión reta directamente la autoridad del Congreso a crear agencias federales y delegar a estas responsabilidades de implementar las leyes que requieren conocimientos profundos y especializados.
Además, esta decisión también convierte la CFPB en un títere del presidente; anula la intención del Congreso de proteger a los consumidores de servicios financieros; y fortalece el poder abusador de las corporaciones financieras en contra de la voluntad del pueblo. Los dos directores nominados por Trump ya efectuaron daños a las protecciones contra la usura; han anulado el reglamento sobre los préstamos del día de pago; y están en proceso de retroceder los reglamentos de protección sobre los préstamos hipotecarios y la ley federal de crédito equitativo (ECOA, por sus siglas en inglés).
Durante la sesión jurídica corriente, la Corte Suprema escuchará otro caso similar al de la CFPB que determinará la legalidad de la organización de la Agencia Federal del Financiamiento de Vivienda (FHFA, por sus siglas en inglés).
La FHFA es la agencia reguladora de las corporaciones especiales Fannie Mae y Freddie Mac, que proveen la mayoría del financiamiento de préstamos hipotecarios convencionales. Así como la CFPB, la FHFA es dirigida por un director nominado por el presidente y removido sólo por causa. Aunque estas son compañías semi-privadas creadas por el Congreso, son compañías con inversionistas y acciones vendidas en la bolsa de valores.
La diferencia principal entre estas y cualquier otra corporación es que sus estatutos de organización requieren que provean acceso a los préstamos hipotecarios a comunidades de prestatarios que han sufrido discriminación racial o étnico en la obtención de financiamiento para la compra de vivienda en el mercado hipotecario. La decisión de la Corte sobre este caso determinará si los latinos y otras comunidades minoritarias tendrán acceso a los préstamos hipotecarios con términos justos. La crisis financiera del 2007-2009 comprobó que el mercado financiero sin regulación no es justo; de hecho, los latinos perdieron el 66% de su riqueza y los afroamericanos perdieron el 52% de su riqueza, ya que estaba ligada a la vivienda.
Otros casos que potencialmente serán argumentados ante la Corte Suprema incluyen reglamentos sobre la ley federal de vivienda justa, la ley federal de crédito equitativo, la capacidad de la Oficina Controladora de la Moneda (OCC, por sus siglas en inglés) a sobrepasar las leyes estatales de protección al consumidor financiero —entre ellas las leyes estatales sobre los préstamos de consumo con alto costo y los préstamos estudiantiles.
En conjunto, el pueblo estadounidense tiene mucho que perder con una Corte fuera de balance que ahora incluye a Amy Coney Barrett. Una mayoría de seis jueces con filosofía judicial ultraconservadora en la Corte Suprema será devastadora para las comunidades minoritarias, incluyendo los latinos. Corremos el riesgo de perder derechos civiles, el derecho al voto sin represión, acceso al seguro de salud durante una pandemia, acceso a los derechos reproductivos, y también derechos a un sistema financiero más justo por los próximos 50 años.
Es justo que el pueblo demande que, en caso de ganar en los comicios de noviembre, el presidente Joe Biden y nuevo Congreso reformen el Poder Judicial para que haya balance en la Corte Suprema de Justicia. El pueblo merece una Corte que represente los avances logrados hasta hoy y no una perspectiva jurídica anacrónica, una Corte cuya filosofía jurídica valore los derechos del pueblo y no de las corporaciones.
Aracely Panameño es analista de política pública y líder comunitaria de Prince William County, Virginia.
Twitter: @panamenoaracely
