El asesor jurídico “descubre” que es importante la institucionalidad

Javier Argueta. Foto: Asamblea Legislativa

Por Leonel Herrera*

El principal asesor jurídico de Casa Presidencial, Javier Argueta, acaba de hacer “importantes descubrimientos” relacionados con algunos principios elementales de la institucionalidad democrática, que ojalá lo llevaran a recomendar a su jefe, el presidente Nayib Bukele, que gobierne acorde y consecuente con dichos principios y que revierta la deriva autoritaria que caracteriza a su gestión.

Tras las sanciones económicas de Estados Unidos contra tres funcionarios salvadoreños por negociaciones con pandillas y actos de corrupción, Argueta se quejó en una entrevista televisiva por la supuesta afectación al debido proceso, presunción de inocencia, derecho de audiencia y al honor de los funcionarios señalados. Por lo cual dijo haberles sugerido apelar a los mecanismos legales del país sancionador, utilizar la Ley de Rectificación y Respuesta e –incluso– “demandar a los periodistas y medios que publicaron la información”.

Como acertadamente han señalado periodistas y analistas en redes sociales y medios de comunicación, la queja del flamante asesor presidencial está cargada de ironía y cinismo porque reclama respeto a principios que el gobierno de Bukele ha violentado flagrante y sistemáticamente en el marco de su arremetida contra la institucionalidad, la eliminación de la separación de poderes y el grave retroceso democrático.

Argueta clama por el debido proceso después de avalar la destitución arbitraria, injustificada e ilegal del anterior fiscal general, de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y de un tercio de los jueces del sistema judicial, a quienes –entre muchas otras cosas– se les negó el derecho de audiencia. El fiscal y los magistrados fueron destituidos de manera fulminante por la súper mayoría parlamentaria oficialista en su primera sesión plenaria el pasado 1o de mayo; y los jueces fueron obligados a “jubilarse” mediante una cuestionada reforma a la Ley de la Carrera Judicial.

El asesor presidencial también pide respeto a la presunción de inocencia y al derecho de audiencia, como si el linchamiento político y las condenas mediáticas contra críticos, disidentes u opositores no fueran la práctica de la administración Bukele. Todavía más irónico y cínico resulta criticar los supuestos “daños al honor” contra los funcionarios sancionados, como si este gobierno no hubiera instaurado la difamación, la mentira y los discursos de odio como estrategia de comunicación.

Claramente Argueta no tiene solvencia moral para exigir respeto a la institucionalidad y a las reglas democráticas, si el gobierno al cual sirve se caracteriza –precisamente– por violentarlas  impunemente. Sin embargo, es bueno que el asesor presidencial “haya descubierto” lo importante que es respetarlos, pues tal vez –ahora que recibe algo de su propia medicina– el bukelismo se comporta democráticamente y restablece el orden institucional que ha desmantelado en tiempo récord durante dos años y medio de gobierno.

Argueta, en su lamento, se acordó –además– que existe la Ley de Rectificación y Respuesta (aprobada por la Asamblea Legislativa en el año 2013). Así que, ojalá de ahora en adelante Bukele y sus funcionarios recurran a esta olvidada normativa cuando quieran responder a una información que consideren falsa, inexacta o difamatoria, en vez de atacar en redes sociales y amenazar a los periodistas y medios que la han publicado o sugerir a los funcionarios demandarlos penalmente.

*Periodista. Director ejecutivo de ARPAS.

 

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