Cuadrillas de rescate buscan víctimas entre los escombros. Foto: debate.com.mx
Por Leonel Herrera*
El ministro de Medioambiente, Fernando López, declaró la semana pasada que “los permisos ambientales no se pueden negar”. Así justificó la inminente autorización de la urbanización “Valle El Ángel” que la oligárquica familia Dueñas pretende construir sobre una zona de recarga hídrica en las faldas del volcán de San Salvador.
El proyecto residencial es rechazado por comunidades de la zona, iglesias y organizaciones ambientalistas que advierten sobre el peligro de tragedias como las sucedidas en Montebello en 1982, Las Colinas en 2001 o Los Angelitos II en este 2020, debido a posibles derrumbes, deslaves o deslizamientos. Pero ante la denuncia de la aprobación fraudulenta, el ministro López alegó que estos proyectos no se pueden prohibir, sólo regular.
¡Qué funcionario tan irresponsable! ¿Acaso hay permisos automáticos? ¡No señor ministro, los permisos que no cumplen los requisitos se niegan y los proyectos que causan daños ambientales no se autorizan! El Ministerio de Medioambiente está para garantizar que los proyectos públicos y privados no vulneren los ecosistemas, no para actuar como oficina tramitadora de grupos empresariales depredadores ambientales.
De hecho, hay antecedentes de negación de permisos a proyectos ambientalmente nocivos: en 2006, el entonces ministro de Medioambiente, Hugo Barrera, del gobierno de ARENA presidido por Antonio Saca, no autorizó la explotación minera en Cabañas; y esa decisión fue ratificada por la autoridades ambientales de los siguientes gobiernos, hasta que en 2017 se aprobó una ley que prohíbe definitivamente esta industria extractiva (menos mal porque el actual ministro quizás permitiría la minería).
Además de su ilegal argumento sobre la imposibilidad de negar permisos, López también repite el falaz discurso de que el desarrollo no puede detenerse con la excusa de proteger el medioambiente, mantra neoliberal pregonado por su jefe, el presidente Nayib Bukele, quien para justificar su negativa de firmar el Acuerdo de Escazú dijo que “no se puede dejar de construir viviendas”, en clara alusión al proyecto Valle El Ángel.
Ciertamente, el país necesita desarrollarse, pero no dañando los ecosistemas; debe construir viviendas, pero no sobre mantos acuíferos ni en zonas de riesgo de desastres ambientales. El ministro de la familia Dueñas debería ser procesado por fraude de ley, al concebir permisos automáticos; por incumplimiento de deberes, pues no protege el medioambiente.
Ojalá que el grueso de la población, especialmente las clases medias urbanas del Gran Salvador, que se muestra indiferente a la denuncia y protesta de quienes se oponen a “Valle El Ángel” cambien de actitud y tomen conciencia de los graves peligros que lleva consigo la aprobación de la cuestionada obra urbanística.
*Leonel Herrera es director ejecutivo de la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador (ARPAS)
