Por Daniel Trujillo
La Iglesia Católica presentó a la Asamblea Legislativa una propuesta de anteproyecto de ley para prohibir la explotación minera en el país.
El arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, llegó al órgano de Estado a dejar el anteproyecto de normativa acompañado de personeros de Cáritas y sacerdotes jesuitas, entre los que se encontraban el rector de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), Andreu Oliva, y el director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), José María Tojeira.
“Tenemos que defender los derechos de todas las personas, como Iglesia siempre defenderemos el derecho de la vida. Pidamos para que la Asamblea Legislativa apruebe el decreto de ley que vamos a presentar ahora”, afirmó el prelado católico.
En los últimos años en el país ha existido un debate sobre la prohibición de la explotación minera, de hecho, el gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén ha reafirmado su compromiso de no permitir esta industria en el territorio.
El año pasado, el mandatario se reunió con representantes de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica donde les expresó que trabaja para prohibir la extracción y la exploración de metales.
De hecho, la postura del actual gobierno en torno a esto es de continuidad de las políticas de la anterior administración y, precisamente, durante el período del expresidente Mauricio Funes, el Ejecutivo suspendió los permisos de minería al presentar un proyecto de Ley Especial para la Suspensión de los Procedimientos Administrativos Relacionados a Proyectos de Exploración y Explotación de Minería Metálica.
Además, el año pasado, El Salvador ganí millonario litigio internacional contra una empresa minera que fue autorizada en el año 2000 por el entonces ministro de Economía, Miguel Lacayo, durante el gobierno del expresidente Francisco Flores.
Pacific Rim, ahora propiedad de la australiana Ocean Gold, inició operaciones en el país a principios del 2000, con la autorización del exministro Lacayo quien le permitió explorar en la zona de El Dorado, en San Isidro, Cabañas, y en otras regiones del país con potencial de metales preciosos.
La empresa minera reclamaba una indemnización de $250 millones. El fallo “unánime” del CIADI, órgano del Banco Mundial, puso fin de esta manera a un proceso judicial de siete años y medio.
A esto se añade que las alcaldías de San José Las Flores, San Isidro Labrador, Nueva Trinidad y Arcatao realizaron en años anteriores consultas populares en las que se le preguntó a la población si autorizaba la instalación de la minería en los referidos lugares, a lo que la gente respondió con un no.
Se prevé que el municipio de Cinquera, en el departamento de Cabañas, realice un ejercicio democrático similar para el próximo 26 de febrero.
