- Una fuerte campaña que busca minar su credibilidad, una auditoría que parece exceder los límites ordinarios y un clima de constante acoso, rodean a este medio, conocido por su independencia y periodismo crítico. Recientemente El Faro publicó una investigación en la que señalan que el presidente Buleke podría haber pactado con las pandillas.
Las Américas, 23 de setiembre de 2019- Las organizaciones firmantes, promotoras y defensoras de los derechos humanos en el continente, condenamos la situación de acoso y los intentos de criminalización que viven periodistas del periódico El Faro, en El Salvador, bajo la administración del presidente Nayib Bukele.
Los ataques contra El Faro suceden en un contexto en el cual la libertad de expresión y el trabajo independiente de la prensa se han visto menoscabados. Tan solo en el primer año de esta administración, (entre el 1 de junio de 2019 y el 31 de mayo de 2020) el Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), registró 61 vulneraciones a la actividad periodística por parte del poder Ejecutivo. Durante la pandemia, las agresiones se han agudizado, especialmente para aquellos medios que publicaron investigaciones que cuestionan la gestión de fondos de emergencia o denuncian actos de corrupción. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos presentó en julio a la Asamblea Legislativa el informe “La COVID-19 y los Derechos Humanos”, en el que denunció violaciones graves a las garantías constitucionales cometidas por el Gobierno; en una de sus observaciones, exigió al Secretario de Comunicaciones de la Presidencia “cumplir con el deber de respeto del Estado, absteniéndose de expresar ataques directos de estigmatización contra medios y periodistas”.
En medio de este panorama, El Faro viene experimentando una escalada de ataques en la cual el poder ejecutivo ha tomado parte activa. El 2 de julio se levantó una acusación por presuntamente encubrir un delito de agresión sexual, publicada como un texto anónimo en el Diario La Página, operado por el Consejo Nacional de Administración de Bienes (entidad pública controlada por el Ejecutivo y presidida por el Ministerio de Justicia y Seguridad). A partir de este momento, desde las redes sociales del presidente Bukele, sus ministros e incluso, del director de la Policía Nacional Civil, se desplegó una campaña de desprestigio.
Tanto El Faro como la periodista señalada en el anónimo, desmintieron lo publicado por el gobierno. La comunicadora además declaró públicamente y ante la Fiscalía, denunciando sentirse víctima de una manipulación con fines políticos. Aun así, la Fiscalía abrió una investigación, 24 horas después de la publicación, contra el medio y uno de sus periodistas. Posteriormente, tras la declaración de la periodista, abrió otra causa contra el director y uno de sus abogados. Ambas investigaciones están activas.
Dos días después de que la presunta víctima desmintiera las acusaciones, el lunes 20 de julio, el Ministerio de Hacienda ordenó una auditoría a la contabilidad de El Faro, por un periodo mayor al ordinario y contemplado sólo para casos excepcionales. Los asesores legales y tributarios del periódico denuncian además que los requerimientos exceden lo solicitado en una auditoría normal, pues se les pide entregar todas las actas de la Junta Directiva de El Faro (que incluyen debates de índole periodística y decisiones fuera del ámbito tributario) y se exigen los datos personales de todas las personas que en algún momento han hecho aportes a las campañas de crowdfunding que el medio lleva a cabo, así como informes de ejecución de proyectos periodísticos financiados por ONG o Fundaciones internacionales.
Sumado a lo anterior, el medio reporta una serie de hechos preocupantes en torno a la investigación y publicación del reportaje “Gobierno de Bukele lleva un año negociando con la MS-13 reducción de homicidios y apoyo electoral”, publicado el pasado 3 de septiembre. Durante el proceso de investigación, el medio tuvo evidencia de que al menos uno de sus periodistas estaba siendo vigilado, con el objeto de fotografiarlo junto a sus fuentes, así como de la intercepción de comunicaciones telefónicas de al menos dos miembros del equipo. Para el periódico, esto explica que el presidente Bukele lanzara mensajes de descrédito contra el medio y su investigación tres días antes de que fuera publicada, haciendo referencia a que esta se basaba “solo” en documentos.
Tras la publicación, el presidente Bukele y algunos de sus funcionarios han aumentado el tono de sus acusaciones y ataques públicos contra El Faro: el viernes 4 el presidente ordenó desde sus redes sociales “Que no quede un ápice de credibilidad en ese panfleto”, y el presidente de CEPA, Federico Anliker, lanzó una amenaza directa con la frase “Le están tocando los huevos al tigre”. Un candidato a diputado por el partido oficial, publicó en Twitter que los periodistas de El Faro estarían pronto en la cárcel insinuando que se les podría abrir una causa por lavado de dinero, el Ministro de Hacienda, a cargo de la auditoría del medio, retuiteó el mensaje. Esta narrativa se ha multiplicado desde plataformas de desinformación y cuentas de funcionarios públicos. En paralelo, uno de los periodistas firmantes de la investigación detectó a una persona grabando en video la fachada de su casa y otro identificó a un vehículo que seguía sus desplazamientos. Las reacciones recientes del presidente, atacando a la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), se suma a nuestro sentido de alerta. Esta misma situación ya ha sido denunciada internacionalmente.
Ante estos hechos, las organizaciones firmantes expresamos nuestra más profunda preocupación por el proceso de estigmatización y criminalización en marcha, contra un medio independiente que realiza una función necesaria en cualquier democracia. Defendemos el rol que los y las periodistas tienen como defensores de derechos humanos, en tanto su contribución es clave para el funcionamiento democrático. Es significativo resaltar que la CIDH también expresó en una de sus comunicaciones: “La violencia contra periodistas o trabajadores de los medios de comunicación y su impunidad no sólo vulneran el derecho de la víctima a expresar y difundir información sino que generan un profundo efecto amedrentador en el ejercicio de la libertad de expresión de sus pares periodistas y en el derecho de la sociedad en su conjunto a estar informada”.
Llamamos a la comunidad internacional, y en particular a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como a los relatores de ambos Sistemas en materia de libertad de expresión, a estar vigilante de los ataques contra las y los periodistas en El Salvador y le recordamos al Estado sus obligaciones internacionales al respecto.
