Organizaciones aglutinadas en la Mesa Nacional Frente a la Minería (MNFM) reconocieron la firme postura del presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, de no permitir la minería, al igual que el rol que jugó la Iglesia Católica al manifestar un rechazo contundente sobre los proyectos mineros y proponer una ley para su prohibición, la cual finalmente fue aprobada esta semana con 70 votos de todos los partidos políticos en la Asamblea Legislativa.
Los representantes de las organizaciones contra la minería solicitaron al mandatario sancionar de inmediato la normativa contra la explotación de metales en el país, para que la misma sea puesta en funcionamiento lo antes posible.
Edgardo Mira, representantes de la MNFM dijo que con la aprobación de la Ley de Prohibición de Minería Metálica en El Salvador se ha derrotado a las empresas mineras y, con ello, también todos los posibles daños ambientales que generarían sus proyectos.
Asimismo exigió a la empresa Oceana Gold pagarle al Estado la multa de $8 millones más los intereses generados, que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) impuso a la transnacional el año pasado en un litigio internacional que se mantuvo por años.
“Si la empresa se resistiera a pagar esperaríamos que la Fiscalía intervenga en el caso y estamos seguros que existen mecanismos para que esta empresa haga efectivo el cobro, en tanto que las resoluciones del CIADI, una vez que los países y las empresas deciden someterse a su jurisdicción, se vuelve de obligatorio cumplimiento”, indicó Mira.
Los representantes de la MNFM afirmaron que continuarán acompañando a las comunidades con quienes compartirán el contenido de la ley y sus implicaciones, con el objetivo de que estén atentas y vigilantes en el cumplimiento de la recién aprobada normativa.
Además consideraron necesario que el Estado cree mecanismos para la protección y revitalización de aquellos lugares donde los proyectos mineros han causado severos daños, como es el caso del río San Sebastián en Santa Rosa de Lima, La Unión, y de otros lugares donde la exploración y explotación de metales ha impactado negativamente al medio ambiente.
La nueva normativa también ha establecido un plazo de dos años para que se dé una alternativa a los mineros artesanales, quiens por ahora subsisten a través de la extracción de minerales y después de ese periodo deben integrarse a otras actividades y finalizar ese tipo de prácticas.
